Una bomba que el Gobierno no supo manejar

que no supo prever.

La fiscal sostuvo en el dictamen que elevó a la Cámara pidiendo su rechazo que la propuesta para cancelar una deuda de 296,2 millones de pesos del año 2001 que hizo la empresa Correo Argentino y a la "que presó conformidad" un "funcionario incompetente" del ministerio de Comunicaciones, resultó ser "abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional", ya que por su "insignificancia equivale a una condonación".

Según abogados expertos en concursos y quiebras, hasta estas manifestaciones la posición del Ministerio Público suena "más que consistente", ya que los fiscales tienen que exponer siempre la postura más exigente posible, debido a que la Ley los pone como custodios del patrimonio de los ciudadanos. Donde aparecen ciertos reparos de los profesionales es en los cálculos del perjuicio y en la mezcla de conceptos tal como le llegaron a la opinión pública, situación que tampoco el Gobierno supo cómo contrarrestar.

Primero, porque faltó aclarar que, según la Ley de Quiebras que se reformuló después de la crisis que terminó con la convertibilidad, los pasivos en los concursos preventivos se calculan a la fecha de presentación de la convocatoria y no tienen ningún ajuste, aunque sí pueden contener intereses que partan de aquella cifra. En ese aspecto, la situación de "eterno concurso" que denuncia la fiscal como una forma de "licuación de pasivos" del Correo Argentino es una falla flagrante de la reforma de 2002 que perjudica a los acreedores y que nadie se decide a solucionar.

Y segundo, porque Boquin se cuidó mucho de mencionar en su primer escrito y en el que adjuntó las planillas como elemento extra de su dictamen, el cálculo exacto sobre el valor presente de la deuda que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones (DAFI), organismo que también depende de Gils Carbó.

Esa dependencia fue la que aportó los números que se echaron a rodar tal como si ésa fuese la indexación reclamada, algo que con esta Ley no se puede hacer, en un cálculo que tampoco contempla la "pesificación" que ordenó Eduardo Duhalde, ya que toma el dólar a 1 peso en 2001 y trae esa deuda a hoy a un valor de $15,90, para llegar a los $4.277,6 millones consignados como "cálculo de valor presente del saldo de la quita", cifra a la que se suma luego una tasa activa con la que se obtienen los tan promocionados 70.163,9 millones de pesos de una eventual deuda a marzo del año 2033.

Más que a esta bomba numérica, que es la que finalmente desata el escándalo político y horada a la opinión pública, es más que probable que, para fallar, los jueces de la Cámara le presten mayor atención a otros tres hechos mucho más serios que marcó la fiscal en su escrito: que el funcionario actuante era de "designación transitoria"; el irregular procedimiento de rechazo de una propuesta y la aceptación casi simultánea de otra que ella demostró con proyección de intereses -éstos sí dentro del escrito- que "el Estado aceptó una hipotética mejora de oferta" que "no fue tal".

Seguramente, los jueces también considerarán la cuestión de "Ética Pública" que la fiscal esgrimió como argumento en cuanto al conflicto de intereses que se presenta en el caso a la hora de negociar esta cuestión con la familia presidencial, surgido de la delegación que hace Macri a sus ministros. La fiscal indicó también que llegará a la Corte si es necesario.

Ante tamaño escándalo, tampoco el Presidente debería escuchar los cantos de los estrategas que le dicen que mejor es no salir a contestarle a Cristina Fernández ni en éste ni en otros temas, ya que es bueno que la expresidenta se incendie sola y que sus argumentos suenen a victimización o a la necesidad de enchastrar a todos para tapar las decenas de causas judiciales que la aquejan a ella y a sus excolaboradores.

A los ojos de una parte de la opinión pública no importa tanto saber qué canales va a usar el Gobierno para salir de tamaño pozo sino que necesita observar que es Macri mismo quien se involucra directamente para blanquear el conflicto mientras, de paso, también le brinda explicaciones a quienes lo votaron porque creyeron que todo podía ser diferente.

Más allá de la frustración de muchos, no hacerlo implicaría también una suerte de "viva la Pepa" para quienes, debajo del presidente, confiaban en que se habían terminado los negocios apañados por el Estado. Seguramente, hubo un día bisagra así en tiempos del kirchnerismo cuando quienes estaban abajo e imaginaban que arriba ocurrían cosas sospechosas, se animaron a ir por la suya y entonces apareció la justificación moral para muchos ladrones de gallinas, incentivados por los ejemplos que creían recibir.

Podrían hacerse ahora montones de especulaciones sobre el destino judicial del arreglo (que se aprueba, que no se aprueba, que llegará a la Corte o que no), pero de tales interrogantes no se trata todo esto. Tampoco se trata de los hechos de la economía que tanto preocupan a la gente, como el empleo o la inflación, los precios transparentes, las cuotas de las tarjetas o los tironeos con la CGT. Esto va más allá de la pelea económica, del déficit fiscal, de las necesidades de financiamiento o de las inversiones que no llegan.

Macri debería tomar nota de la gravedad del asunto y no barrer el problema debajo de la alfombra, sino reconocerlo ante la opinión pública y solucionarlo lo más rápidamente posible y, sobre todo, de la manera más sincera. Hugo E. Grimaldi agencia DyN. es periodista de la