Es clave un debate amplio para mejorar el reparto de fondos
Si solo se somete a discusión la revisación de la coparticipación, se dejan afuera otras formas de asignar recursos entre las provincias, que penalizan a algunas.
Un mejor y más justo reparto de los recursos del Estado entre la administración central y las provincias debería exceder a la reforma de la ley de Coparticipación Federal, concluyó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
El estudio utilizó la información del Presupuesto Nacional 2017 (Ley 27.341), que incorpora el reparto geográfico de los principales ítems que conforman el esquema de distribución de recursos.
Así las cosas, si solamente se consideran las transferencias automáticas de fondos -ley de Coparticipación y leyes modificatorias y complementarias de la misma- pero no los otros recursos que reciben los estados provinciales por "afuera" de los coparticipados (transferencias corrientes, por ejemplo) se corre el riesgo de perpetuar una situación injusta, que perjudica a algunas y beneficia a otras.
De esta manera, si únicamente se toma en cuenta este componente del federalismo actual, que son las transferencias por coparticipación, los que se fijan en base a coeficientes predeterminados, y las normas complementarias, jurisdicciones como Tierra del Fuego, con casi 55.000 pesos por habitante, Catamarca, con 45.000, Formosa (43.000) y La Rioja (38.000) serías las provincias más beneficiadas, quedando como últimas en la cola Córdoba, Mendoza, la Ciudad Autóno- ma de Buenos Aires (CABA), y, en el último lugar, la Provincia de Buenos Aires .
"En este punto en particu- lar, hay que tener en cuenta que desde diciembre de 2015, las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis vieron incrementados sus fondos coparticipables por restituírseles judicialmente la parte que les correspondía del 15% de la masa coparticipable bruta, que se detraía para financiar a la Seguridad Social. Esta misma devolución se extendió luego en 2016 al resto de las provincias, pero de manera escalonada en 5 años (un 20% por año); de modo que para 2017 el resto de las jurisdicciones estará recibiendo un 40% de la devolución de la precoparticipación (equivalente a 6 puntos de los 15)", advirtieron desde el IARAF.
Este es un dato no menor que tuvo un efecto relevante sobre el reparto de recursos entre las provincias.
"Para tener una idea de la magnitud, basta mencionar que Córdoba, Santa Fe y San Luis están recibiendo actualmente un diferencial de fondos respecto a la situación del resto de las provincias que es de $ 4.200 millones, $ 4.300 millones y $ 1.100 millones anuales, respectivamente; que representa para estos distritos un 6% del total de su coparticipación para este año”, señaló.
Otra de las transferencias que automáticamente se destinan a provincias es el Fondo Federal Solidario (FFS), que replica el reparto por habitante de la coparticipación, puesto que utiliza los coeficientes legales (previos a los cambios de finales de 2015 y principios de 2016).
Tan solo una parte
Pero si se añaden otras transferencias por afuera de la Coparticipación y la FFS, el ránking de las jurisdicciones menos favorecidas en el reparto de la torta fiscal se modifica.
“Más allá de las transferencias automáticas y legales referidas, resulta útil considerar el efecto que tienen los principales gastos nacionales en territorios provinciales y que pueden ser denominados discrecionales: por un lado las transferencias corrientes que se envían a las provincias tanto para que estas ejecuten programas corrientes como para actividades económicas en las jurisdicciones (subsidios), y por el otro lado el gasto de capital ejecutado en cada jurisdicción”, destacaron los técnicos del Instituto con sede en Córdoba capital.
Aquí puede apreciarse que los mayores montos absolutos de estos gastos se destinan a las jurisdicciones de CABA y Buenos Aires, y aún cuando se calculan dichas erogaciones en pesos por habitante, sigue primando el distrito Capital.
También sobresalen en el ranking provincias de baja densidad poblacional, como el caso de Santa Cruz, con las transferencias corrientes y La Rioja para los gastos de obra pública, ubicándose de manera opuesta provincias como Santa Fe y Córdoba en la cola de la distribución.
Así las cosas, considerando de manera conjunta los envíos automáticos a provincias más el gasto discrecional del gobierno nacional en transferencias automáticas y obra pública, puede apreciarse que, medido en pesos por habitante, el ranking ubica a las provincias de Tierra del Fuego ($ 72.995 por habitante), Catamarca ($ 59.908), La Rioja ($ 57.571) y Santa Cruz ($ 54.925) entre las que reciben mayores fondos, mientras que en el otro extremo, las provincias máspobladas como Buenos Aires ($ 16.240), Mendoza ($ 23.819), Córdoba ($ 26.329) y
Santa Fe ($ 27.926), verifican un menor nivel por habitante.
Llamativamente, CABA, en uno de los últimos lugares del reparto de fondos coparticipados, pasa, tomando el total de recursos, a ocupar la séptima posición para este año en la división de recursos públicos.
Sin discrecionalidad
Los economistas del IARAF se preguntaron que pasaría si todos los recursos se repartieran de acuerdo con las reglas prefijadas por la ley de Coparticipación Federal, es decir, eliminando las transferencias discrecionales que el Estado central le gir a las jurisdicciones menores.
“Comparando la distribución presupuestaria vigente de los gastos en transferencias y los gastos de capital, decididos no automáticamente, con una distribución hipotética de los mismos entre las provincias si se hiciese conforme a la distribución automática vigente, puede apreciarse la magnitud de los diferenciales que determinan qué provincias se estarían beneficiando relativamente de dichos envíos discrecionales”, relató el informe.
Traducido: la diferencia entre lo que efectivamente recibió cada provincia y lo que podría haber recibido si se eliminara el componente discrecional, explica cuan beneficiada se vio dicha provincia con respecto a este último, ya que de hacerse de acuerdo con coeficientes legales, hubiera recibido mucho menos.
Evidentemente la más beneficiada es CABA, puesto que su coeficiente efectivo en los recursos automáticos es del 5,1% mientras que participa en un 24% de los envíos discrecionales.
Pero también aparece un dato llamativo en esta comparación, que es el de la provincia de Buenos Aires, cuya participación efectiva en los envíos automáticos es del 18,1% en la actualidad, mientras que la misma sube al 28,5% en el caso del reparto de los fondos discrecionales aquí considerados.
Las restantes provincias “ganadoras” en esta comparación son Santa Cruz y Chubut (aunque las magnitudes absolutas son mucho menores que las de CABA y Buenos Aires), mientras que el resto pierde recursos en este caso hipotético.
“En síntesis, la ley de Presupuesto Nacional para el año 2017 pone en evidencia que la discusión sobre el reparto de fondos entre el gobierno nacional y los provinciales en primer lugar (distribución primaria) y entre administraciones provinciales en segundo lugar (distribución secundaria) debe abarcar de manera amplia los distintos gastos y transferencias.
“Una discusión solamente centrada en la coparticipación federal, estaría dejando de lado otros recursos que tienen impacto relevante en el funcionamiento económico del federalismo argentino”, advirtió el IARAF.
Desbalance fiscal
Una de las características del sistema de relaciones financieras entre los niveles de gobierno en Argentina es el desbalance que existe entre las responsabilidades de gasto y las potestades tributarias.
Es así que se observa cómo un 76% de los recursos totales son recaudados por la Nación (frente a un 21% de las provincias), mientras que un 57% del gasto es responsabilidad directa de este nivel de gobierno (35% en el caso del consolidado provincial).
Resulta claro que en este esquema, las provincias y municipios se hacen cargo de una mayor proporción del gasto que la que pueden sostener con sus potestades tributarias propias.
Más allá de las transferencias automáticas y legales referidas, resulta útil considerar el efecto que tienen los principales gastos nacionales en territorios provinciales . Llamativamente, CABA, en uno de los últimos lugares del reparto de fondos coparticipados pasa, tomando el total de recursos, a ocupar la séptima posición.