Expertos consideran vital trazar modificaciones en el Régimen Penal Juvenil
La jueza Natalia Giombi y el abogado Juan Facundo Hernández consideran primordial modificar el Régimen Penal Juvenil, cumplir con los estándares internacionales y articular sistemas para trabajar con el adolescente.
Cada vez que en un hecho delictivo conmocionante es protagonizado por un adolescente, el debate sobre qué hacer con ese chico dispara la polémica en la opinión pública.
El reclamo de gran parte de la sociedad provoca reacciones diversas y, casi siempre, la discusión se limita a evaluar la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los jóvenes.
El Ministerio de Justicia de la Nación impulsa un proyecto para reformar la Ley Penal Juvenil, el que en uno de sus ejes propone bajar ese piso a los 14 años para delitos graves.
La jueza bahiense de Responsabilidad Penal Juvenil, Natalia Giombi, y el abogado Juan Facundo Hernández, miembro de la Defensoría Oficial de la ciudad de Buenos Aires, consideran necesario modificar la legislación, impuesta a través de un decreto-ley durante el último gobierno militar, pero sostienen que los esfuerzos también se deben concentrar en trabajar sobre la forma de contener y abordar al joven en conflicto con la ley, cumpliendo estándares internacionales y garantizando derechos.
Hernández, quien integra el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, dice que la reforma de la ley “es un tema que lleva muchos años en nuestro país” y que la reglamentación vigente “responde al viejo paradigma de la infancia, que es tutelar. Es una ley sumamente criticable, en la que los chicos tienen menos derechos que un adulto”.
Agrega que “es necesario modificarla, pero las demandas vienen siempre de la mano de un hecho resonante, y a partir de ello se instala que hay que bajar la edad de imputabilidad”.
“Lo que tampoco se habla es que en la actualidad hay chicos privados de la libertad en todo el país menores de 16 años. Tampoco se dice que en la provincia hay un régimen penal procesal que permite, en el articulo 64, las medidas de seguridad, con lo cual un adolescente puede ser privado de la libertad si lo estima un juez, incluso con menos de 16”.
Giombi, por su parte, coincide en la necesidad de la reforma e incorporar el concepto de la corresponsabilidad.
“Esto implica que el debate no debe girar solamente sobre la edad de imputabilidad, sino también trabajar sobre ese concepto, cumplir con los estándares internacionales y con la finalidad del sistema, que es la función educativa”.
Describe que en esa tarea no interviene solamente el ámbito judicial, sino que también se vincula salud, educación, desarrollo social y otros actores de la comunidad.
“El Estado es el principal garante y los jueces disponemos de pocas medidas alternativas a la prisión. La idea es articular con otras salidas alternativas a la privación de la libertad”, afirma.
Según Hernández, la Convención Sobre de los Dere- chos del Niño y otros instru- mentos internacionales determinan que la privación de la libertad debe ser la última opción.
“Lamentablemente, en muchos lugares de la Argentina es la primera, por la falta de otras alternativas a disposición del juez u organismos administrativos. El segundo motivo es que hay muchas provincias con enorme discrecionalidad al momento de tomar decisiones”.
Tanto Giombi como Hernández formaron parte de las mesas convocadas por el Ministerio de Justicia para debatir sobre la reforma de la ley.
Vulnerabilidad
La magistrada bahiense afirma que “el 98% de los casos que llegan al proceso penal juvenil resultan ser situaciones de extrema vulnerabilidad”.
Del mismo modo, asegura que “la repetida frase de entran por una puerta y salen por otra no es tan así. Por eso el énfasis sobre la necesidad de mostrar a la sociedad lo que es el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”
Agrega que “con los chicos se trabaja, soy participe de ese proceso, si bien en la última instancia, pero es cierto que llegan en la situación más vulnerable”.
Giombi insiste con que “nunca puede ser la primera medida a tomar el encierro” y que actividades como la charla sobre el tema, organizada por el Departamento de Derecho de la UNS y el Colegio de Abogados local, “es un buen inicio, demostrando que nos estamos ocupando del tema. No dejamos que los chicos pasen y listo”.
"El trabajo es complejo y por ello es necesario generar mecanismos de articulación con todos los sectores, de allí el concepto de corresponsabilidad, que debe estar presente en este debate".
Hernández menciona que existen cuatro ejes sobre los que se debe reformar la legislación existente.
“Lo primero es que haya una justicia especializada en el tema. Esto daría una calidad a la intervención totalmente distinta a la que existe hoy, donde los chicos están fuera del Derecho Penal. También tendrían que implementarse medidas alternativas a la privación de la libertad, durante el proceso y como sanción".
El abogado capitalino agrega que se deben mejorar los establecimientos de detención y disponer de mecanismos independientes de monitoreo de esos lugares.
“También debe haber una correcta articulación entre el sistema penal y de protección de derechos, que son los organismos administrativos y de políticas sociales”.
Uno de los ejes de la reforma tendría que girar sobre la mejora de los lugares de detención y mecanismos independientes de monitoreo de esos establecimientos.