Ingresos Brutos, un impuesto muy distorsivo pero que gana participación.
El arancel es altamente distorsivo, pero su facilidad para recaudar hace muy compleja su eliminación.
Un informe privado asegura que la presión fiscal por el Impuesto a los Ingresos Brutos pasó del 1,9 por ciento del PBI entre los años 1991 a 2000 al 3,8% de 2011 a 2016, exactamente el doble en dos décadas.
Así, de acuerdo con un estudio del Instituto de Desarrollo Social de Argentina (Idesa), elaborado con datos del Ministerio de Hacienda, se observa que entre los años 1991 y 2000 las provincias recaudaron a través del IIBB el equivalente al 1,9% del PBI.
En tanto, entre los años 2001 y 2010 recaudaron con este impuesto el 2,5% del PBI, cifra que se incrementó, entre el 2011 y el 2016, a un 3,8% del PBI.
"Estos datos muestran que el crecimiento de la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos duplicó al crecimiento del PBI en las últimas dos décadas.
"Como ocurrió con el gasto público, el aumento fue muy intenso a partir del año 2003 con una aceleración a partir del 2011 cuando la bonanza de los precios internacionales se debilita y las provincias apelan a aumentar sus ingresos propios como una forma de preservar la autonomía frente a la fuerte concentración de recursos fiscales en el Estado nacional", advirtieron los economistas de Idesa.
Desde el Instituto se hace referencia a que " el Impuesto a los Ingresos Brutos es rudimentario y altamente distorsivo. Tiene un efecto “cascada”, en el sentido que se multiplica a través de los diferentes eslabones que conforman la cadena productiva.
Sin embargo, advierte que desde el punto de vista político, en cambio, resulta muy atractivo, porque le da autonomía al financiamiento de las provincias sin que la población perciba su negativo impacto en la calidad de vida.
"Muy pocos son los ciudadanos que toman conciencia de que, en la mayoría de los bienes y servicios que compran, pagan más del 10% del precio en tributos por la acumulación del Impuesto a los Ingresos Brutos en las diferentes etapas de la producción", señalaron los autores del documento.
Además es un impuesto que exige muy poco esfuerzo de administración tributaria.
Alrededor de tres cuartas partes de la recaudación es generada por un complejo sistema de retenciones y percepciones.
La contrapartida es una enorme carga administrativa sobre los contribuyentes, que se ve potenciada por las diferentes reglas que aplica cada provincia.
Por otro lado, las retenciones y percepciones llevan a que, no solo que el impuesto se recaude sólo, sino que se cobra por adelantado.
Más aún, en muchos casos se acumulan importantes saldos a favor de los contribuyentes. Se da la paradoja que mientras más ineficiente es la administración tributaria más recauda, porque los contribuyentes no tienen forma de detener el crecimiento de los saldos a favor.
Los fallos de la Corte y el próximo vencimiento del Impuesto al Cheque, otro impuesto altamente distorsivo, son una oportunidad para avanzar hacia un esquema tributario más justo y menos agresivo contra la inversión.
"El Impuesto a los Ingresos Brutos debería ser absorbido por el IVA y el Impuesto al Cheque operar como pago a cuenta de IVA.
"Para moderar el aumento de IVA, habría que eliminar exenciones y alícuotas diferenciales y contemplar devoluciones de IVA sólo a personas en estado de vulnerabilidad", proponen los técnicos del Idesa.
Sin excepción
Los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez (Coalición Cívica-ARI) presentaron esta semana un proyecto de ley para que se deroguen las excepciones al pago del Impuesto a las Ganancias "para todos los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público en todo el país".
Además, reclamaron que se exceptúe el pago de este gravamen a las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie.
En un comunicado de prensa, los legisladores de Cambiemos indicaron que la iniciativa incluye "a todos los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
"Comparto el fallo de la Cámara de la Cámara Federal de la Seguridad Social", aseguró la líder de la CC-ARI en referencia a la resolución que exceptúa a los jubilados del tributo.
El proyecto presentado por Carrió y Sánchez señala que "desde que se sancionó la ley Nº 20.628, primera Ley de Impuesto a las Ganancias, en 1973, los magistrados y empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público han omitido el pago de ganancias, a diferencia del resto de los funcionarios y empleados públicos y de los particulares".
Para los diputados, "deberán pagar Ganancias los ingresos provenientes del desempeño de cargos públicos en los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y todo otro organismo del Estado, a nivel nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales".
"En el caso de los magistrados, sólo quedarán exceptuados los que al momento de la sanción de la ley ejerzan funciones jurisdiccionales en forma efectiva; no así los que sean nombrados en sus cargos luego de la vigencia de la ley", se informó.
En la mayoría de los bienes y servicios que compran, los contribuyentes pagan más del 10% del precio en tributos por la acumulación de IIBB.