Crimen impune y una oscura trama
El asesinato de Viviana Aguilera, ocurrido en 1997, tuvo diversas connotaciones, pero ningún condenado.
CASOS QUE DEJARON HUELLA
Enmarcado en las oscuras aristas que suelen circunscribir al ámbito de la prostitución, en las primeras horas del viernes 17 de octubre de 1997, en una pendiente de un improvisado basural ubicado en el camino viejo a Puerto Galván, descubrieron el cuerpo sin vida de una joven que un año antes había denunciado apremios ilegales por parte de la policía.
La víctima resultó ser Viviana Roxana Aguilera (26 años), quien vivía en un departamento interno de Italia 55 (inmueble derrumbado poco después del hecho), junto a su concubino, Claudio Oscar “El Araña” Lapizondo.
En el momento del hallazgo, el comisario Víctor Hugo Gelabert, por entonces titular de la seccional Tercera, de Ingeniero White, informó que la mujer "presentaba signos de estrangulamiento con una cuerda," y precisó que se hallaba semidesnuda.
Según la pericia autopsial, Aguilera habría muerto entre 6 y 9 horas antes de ser encontrada. También se estableció que fue ultimada en otro lugar y trasladaron el cadáver hacia ese sitio.
Originariamente, Lapizondo estuvo imputado del hecho y fue detenido junto a su amigo Pedro Edgardo Dálbora, sindicado como presunto partícipe.
El entonces juez en lo Criminal y Correccional Nº 6, Enrique José Montironi, procesó a los dos, pero la Cámara de Apelación revocó la medida y los dejó en libertad.
Casi un mes después, y fundamentalmente ante los testimonios incriminatorios de Juan Carlos Beltrán y de la alternadora Gabriela Emilce Aletti (22) -quien terminó recibiendo una condena de tres años de prision de ejecución condicional por falso testimonio agravado, ya que en la causa dio no menos de cuatro versiones diferentes-, el juez Montironi volvió a encarcelar a Lapizondo -quien estuvo preso durante 585 días en la Unidad Penitenciaria Nº 4, de Villa Floresta-, endilgándole la muerte de su mujer.
Dálbora siguió libre, pues sólo se lo acusó de encubrimiento.
Haciendo la salvedad por el tiempo transcurrido, el actual fiscal general adjunto Julián Martínez Sebastián recordó que “ellos (en referencia a Dálbora y Lapizondo) siempre negaron su participación en el crimen. Es más, Lapizondo ni siquiera reconocía que vivía del trabajo de ella. Sostenía que ella hacía su vida”.
Martínez Sebastián fue quien, posteriormente, asumió la parte acusatoria en la imputación de facilitación de la prostitución que le fuera formulada a Lapizondo.
“Hace mucho tiempo, pero recuerdo que si bien yo no intervenía en la causa del homicidio tuve que hacerlo, supongo porque alguien estaría de vacaciones o algo así. Tengo el recuerdo de haber estado en una audiencia que Montironi le tomó a una chica que, creo, se dedicaba a lo mismo que la víctima”, recordó Martínez Sebastián.
Al mencionársele el apellido Aletti, el fiscal lo asoció indubitablemente con la testigo.
“Al momento de la audiencia la chica estaba en el norte y personal de la DDI la había traído. Cuando ocurrió el hecho, ella vivía en uno de los departamentos (de Italia 55) e hizo comentarios sobre la vida de los involucrados y comentó que esa noche habían estado cenando los tres (por Aguilera, Dálbora y Lapizondo). Dijo que escuchó ruidos e hizo una descripción más que nada sobre una sensación auditiva más que óptica, porque declaró que escuchó como si dos personas arrastraban un bulto, además de hacer un descripción física de ellas y coincidentes con las de los imputados”, recordó.