Freiler y Gils Carbó: vidas paralelas
Gils Carbó vienen fracasando sistemáticamente. Si bien la Comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público parece estar activándose, cierto es que el oficialismo avanza y retrocede al mismo tiempo, como haciendo ensayos de prueba y error.
La ofensiva contra Gils Carbó parece estar dirigida desde dos lugares bien diferenciados: denuncias de corrupción y designación arbitraria de fiscales. La primera refiere a la compra de un inmueble para la Procuración en la calle Perón 667 de la ciudad de Buenos Aires cuya licitación habría estado digitada antes de ser pública para beneficio de terceros presuntamente ligados a la Procuradobrados ra, a lo que se agregan contratos de alquileres para mudar fiscalías en Mar del Plata a un edificio que aún no había sido construido. En este último caso, la denuncia del Fiscal Juan Manuel Pettigiani, que mantuvo un fuerte litigio con Gils Carbó, fue hecha en 2016 y todavía no tiene Juez que la investigue.
El manejo discrecional en el nombramiento de fiscales es un tema altamente controvertido. Un reglamento interno de la Procuración habilitaba a Gils Carbó a efectuar designaciones sin previo acuerdo del Senado. Pero el 9 de enero de 2015 la justicia federal declaró ilegal esta maniobra, en relación a las 17 nuevas fiscalías que creaba el nuevo Código Procesal Penal, que el Presidente Mauricio Macri dejó sin efecto apenas asumió mediante un decreto. Aunque la discusión aún no está zanjada, ya que siempre se encuentran “atajos” para eludir una orden judicial. Gils Carbó continúa designando fiscales de su simpatía mediante concursos digitados “a dedo”. “Lo que ocurre es que la burocracia estatal es infernal. Y la Procuradora se vale de eso para apurar designaciones con la excusa formal de la celeridad de la instrucción de las causas”, razona el abogado consultado por el asunto de Freiler. Y agrega que “lamentablemente la ley orgánica sólo dice que los fiscales nom- deben tener igual fuero y jerarquía de aquellos a quienes reemplazan. Todo lo demás queda a criterio de la Procuradora. No es ilegal lo que hace. Tampoco si presiona a un fiscal. Está dentro de su potestad”.
Ante la consulta sobre los caminos a tomar para destrabar esta situación, el experto no duda ni un instante: “La clave está en la federalización. El art. 120 de la Constitución no dice que el Ministerio Público deba ser único. Por lo que tranquilamente se lo puede dividir a través de distintas funciones. No puede ser que un mismo organismo se ocupe de todos los fueros. Es esto lo que genera la discrecionalidad. Por ejemplo, en un mismo juicio puede haber un fiscal y un defensor oficial. Velan por intereses contrapuestos pero los dos dependen de la Procuradora. Un disparate”. Este abogado confiesa haberle enviado al Jefe de Gabinete Marcos Peña un proyecto de reforma del Ministerio Público, pero que aún no ha recibido respuesta alguna.
Quienes insisten en explorar la vía de la presión a fiscales citan el caso de Claudio Kishimoto, quien en una grabación confesó haber sido presionado para pedir la indagatoria del Juez Pedro Hooft, falsamente acusado de no tramitar habeas corpus durante la dictadura, por parte de una Unidad Fiscal a cargo de Jorge Auat, un hombre que reporta directamente a Gils Carbó. Luego de estos sucesos escandalosos, el Dr. Kishimoto fue designado al frente de la Fiscalía Federal de Santa Fé. En muchos casos, a los fiscales subrogantes les prometían la titularidad de sus cargos a cambio de estampar sus firmas en ciertas causas.
La remoción de la Procuradora no parece nada sencilla. Como se aprecia, los mismos juristas no se ponen de acuerdo en los mecanismos a activar para que ello suceda. Mientras tanto, las denuncias contra Gils Carbó, que ya suman más de veinte, se acumulan. Al igual que en el caso de Eduardo Freiler, quien sumó tres denuncias más en el Consejo de la Magistratura, que no pudo suspenderlo en el cargo.
Además de la baja intensidad institucional de la República, estos dos casos demuestran que la Administración de Mauricio Macri se mueve torpemente en cuestiones altamente sensibles y riesgosas. Como dice el experto consultado: “Vale la pena el riesgo de la suspensión injustificada. Te respalda la Constitución. Las permanencias de Gils Carbó y Freiler no dañan al Gobierno. Perjudican al Estado”.
“La permanencia en el cargo de Gils Carbó como procuradora general es comparable a la de Freiler (foto) como camarista y explica la resistencia que todavía ofrece el kirchnerismo.”
Pablo Portaluppi Buenos Aires. es periodista. Vive en