Pidieron información sobre una gestora acusada de estafas
La fiscal que investiga el caso realizó la solicitud para determinar si además de los hechos denunciados, la mujer podría haber incurrido también en el delito de usurpación de título.
HAY AL MENOS CUATRO AFECTADOS
La fiscal Leila Violeta Scavarda solicitó una serie de informes para determinar si una mujer acusada de estafar al menos a cuatro personas de nuestra ciudad y Punta Alta cobrando por trámites de gestoría que nunca realizó, también habría ejercido la actividad de manera ilegal.
A fin de establecer si la sospechosa -de 39 años y a quien no se identifica debido a que aún no se encuentra formalmente imputada ni fue indagada- llevó adelante la actividad sin título o matrícula habilitante, la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 12 requirió los datos al Colegio de Gestores bonaerense y a las Cámaras de Mandatarios del Automotor de Bahía Blanca y Mar del Plata.
También envió un pedido similar al Registro de la Propiedad Automotor rosaleño, dado que algunas de las defraudaciones se habrían cometido mediante transferencias de vehículos que nunca se concretaron en esa dependencia.
“Sabemos que entre mayo y diciembre de 2016 aparentemente estuvo realizando actividades (de manera ilegal), por eso pedimos informes para determinar si esta señora estuvo matriculada en esas reparticiones. Antes de radicarse en Punta Alta, la sospechosa, al parecer, residió en Mar del Plata. Estoy a la espera de esa información”, explicó la representante del Ministerio Público.
De esa manera, Scavarda procura establecer si la denunciada incurrió en el delito de usurpación de título.
“Tenemos una causa principal, donde pedimos toda la prueba, y el resto de las investigaciones las acumulamos en ese expediente por tratarse de hechos similares con distintas víctimas”, agregó.
Sostuvo que “en principio calificamos a los hechos como estafa, en los términos del artículo 172 (del Código Penal), aunque en base a la prueba que obtengamos la carátula puede ser más grave”.
La figura legal contemplada por la acusación prevé una pena de uno a seis años de prisión.
“Una vez que recolecte toda la prueba, trataré de indagarla y pedir rápido la elevación de la causa a juicio. Por ahora, los elementos probatorios que tengo son las denuncias de las víctimas, sus declaraciones testimoniales y la documentación que aportaron”, completó la entrevistada.
Uno de los damnificados es Luis Toledo, quien denunció que la supuesta gestora le abonó algo más de 6 mil pesos por la transferen- cia de un automotor, aunque el trámite nunca fue realizado.
Un hecho similar expuso Néstor Mansilla, quien describió haber pagado 7.300 y que la mujer le entregó un Juegos de azar permiso de circulación apócrifo.
La acusada se habría aprovechado también de la buena fe de Amalia Castaño, a quien le vendió una consola de videojuegos que no funcionaba y la contrató para cuidar ancianos, pero nunca le pagó por el trabajo.
En tanto, Samanta Carrara también denunció que abonó 3.100 por una transferencia que no realizó.
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