Instalaron la Constituyente pese al rechazo internacional
El Gobierno de Nicolás Maduro desoyó, incluso, el pedido del Papa Francisco para suspender la Asamblea. La oposición continúa alerta.
El partido gobernante de Venezuela instaló ayer la polémica Asamblea Constituyente en el Palacio Legislativo de la capital, en medio de cuestionamientos sobre su legalidad y el rechazo del Congreso, dominado por la oposición.
En un ambiente festivo, los asambleístas entraron a la sede con rosas rojas y cuasu dros del fallecido líder Hugo Chávez y el libertador Simón Bolívar. Su tarea será reescribir la Constitución para, según el presidente Nicolás Maduro, pacificar al país que atraviesa un profunda crisis política y económica.
En medio de una ola de protestas antigubernamentales que lleva cuatro meses y le ha costado la vida a 120 personas, la oposición sostiene que lo que pretende Maduro impulsando el cuerpo plenipotenciario es extender permanencia en el poder.
En los alrededores del palacio, en donde también se- siona el parlamento, camiones con música y cientos de personas con camisetas rojas -símbolo del oficialis moapoyaron con vítores y aplausos la llegada de los integrantes de nuevo cuerpo.
La excanciller Delcy Rodríguez fue elegida presidenta de la Asamblea, mientras que el ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz y el exfiscal general Isaías Rodríguez, fueron designados como primer y segundo vicepresidente, respectivamente.
La oposición no participó en la elección para elegir los 545 asambleístas, la que calificaron como un “fraude”.
Adversarios al Gobierno protagonizaron escaramuzas con la policía en Caracas durante una marcha convocada por la coalición opositora Mesa de la Unidad, que fue repelida con gases lacrimógenos.
La instalación de la Constituyente se realiza en medio de un fuerte rechazo internacional, seriamente cuestionada por acusaciones de “fraude” en la elección el pasado domingo.
Además, el Vaticano pidió ayer que se suspenda la Constituyente por fomentar “un clima de tensión” e “hipotecar el futuro”, lo que ya pidió Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos que la consideran una amenaza a la democracia.