Esperando octubre

asaron las PASO y tras su paso, nada pasó porque nada se elegía. Es que en la Argentina de la anomia, tradicionalmente la selección interna de los candidatos partidarios se realizaba de dos formas: o bien a través de elecciones cerradas dentro de cada agrupación y en las que únicamente votaban los afiliados a la misma -método seguido, entre otros partidos, por el radicalismo; o bien mediante la “dedocracia” en la cual algún mesiánico caudillo elegía per se a su sucesor, tal como ocurriera cuando Néstor Kirchner designó a su cónyuge como su reemplazante en el Poder Ejecutivo Nacional.

De allí que la creación de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) estaba destinada al fracaso desde su génesis. Cabe recordar al respecto que este sistema electoral fue pergeñado a partir de la ley 25.611 (2002) para ser aplicado por vez primera en las presidenciales del año 2003, fin que no se cumplió ya que pocos meses después la ley 25.684 suspendió su vigencia, la que recién fue restituida para las legislativas de 2005 mediante decreto 292/05, pero que tuvo escasa aplicación al regir únicamente para los partidos que presentaran más de una lista; culminando el fallido intento con la ley 26.191 (2006) que derogó todo el régimen creado por la ley 25.611. ¿Y cuál fue el argumento esgrimido por los diputados Landau y Díaz Bancalari -FPV- para tal derogación?. Según sus textuales palabras “Reivindicamos sí, el derecho de autoregulación partidaria que implica las facultades de cada fuerza política de organizar su vida interna de la manera que crea más conveniente”, agregando que “advertidos a través de la experiencia vivida, consideramos que no es conveniente insistir en la aplicación de una norma que demostró más defectos que virtudes”

Por eso extrañó -o no tanto- que poco después se sancionara la actual ley 26.571 (2009) retomando el régimen de las PASO y que para ello la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner afirmara que “Hemos dado un salto cualitativo institucional muy importante al instalar un sistema que permita la apertura de los partidos políticos a la sociedad”(15/8/2011) No obstante y luego de las elecciones del pasado 13 de agosto, la misma fuerza política que creó las PASO; las suspendió; las restituyó parcialmente; las derogó y finalmente las volvió a incorporar a la legislación electoral, ahora pretende nuevamente -quizá ante los guarismos logradosdejar sin efecto el sistema. Tal vez sea que como afirma Ignacio Zuleta (“Macri confidencial”) un lugar común del peronismo es que “el que sube por el dedo, al bajar descubre la democracia”.

El sistema electoral argentino adolece de varias falencias. Una de ellas es el carácter obligatorio del sufragio que, si bien se justificaba al tiempo de sancionarse la ley Sáenz Peña, frente a la escasa participación del electorado motivado entre otras causas, por un sistema mayoritario y de voto calificado y público en un marco de ausencia de contralores y fraude, hoy carece de sustento a nivel mundial, pero que en nuestro caso sólo puede cambiarse mediante una reforma constitucional, ya que la enmienda de 1994 incluyó el carácter obligatorio del sufragio en la Ley Fundamental. Pero ello en manera alguna implicaba que en el sistema de las PASO los partidos que no tuvieran líneas internas por haber alcanzado consensos para unificar candidaturas, igualmente debieran presentarse obligatoriamente a las PASO para competir en las generales (art. 19 ley 26.571) llevando en ambos actos comiciales la misma boleta.

Además en el sistema de primarias ce- rradas utilizadas en los EE.UU sólo participan los afiliados a cada partido, en tanto que en nuestro caso se obliga a todos quienes no están afiliados a partido alguno a intervenir en las internas de todos los espacios que participen en la contienda electoral, lo cual ya implica un despropósito al compeler bajo pena de sanciones a que los ciudadanos sin pertenencia partidaria deban involucrarse en luchas internas que le son ajenas. Todo ello sin dejar de tener en cuenta que el ciudadano en las PASO no elige a nadie, sino que su papel se limita a optar por los candidatos que presentaran los partidos políticos sin intervención alguna de su parte, puesto que el sistema confiere a dichos espacios el monopolio de la representación, vedando a todos quienes no estén enrolados en los mismos ser candidatos a cargo alguno (art. 2º ley 23.298)

Era previsible, por tanto, que comenzaran los pases de facturas entre todos aquellos “espacios” o precandidatos que no obtuvieran el mínimo exigido para poder competir en octubre; y así han aparecido las ambulancias rescatando heridos de esa contienda, en tanto ha crecido notoriamente la venta de garrochas mediante las cuales algunos ya han pegado el salto hacia terrenos con más posibilidades. Ahora solo resta esperar el acto eleccionario del 22 de octubre en donde realmente se elegirán los candidatos a cargos legislativos nacionales, provinciales y municipales al tiempo que se podrá cotejar esos resultados definitivos con los guarismos logrados en las PASO. Claro que para ello, deberemos soportar una soporífera campaña electoral que no comenzará en la fecha fijada por el cronograma oficial, sino mucho tiempo antes, tal como ocurriera con las PASO. Sería importante que muchos candidatos tuvieran presente que como explica al mismo Zuleta, lo primero que tiene que saber un político es que en la sociedad actual manda la opinión pública y que nadie la puede controlar. “El público que navega traficando millones de mensajes por día es inabordable con herramientas convencionales. Y más por los políticos, que cuentan con el solo recurso de su discurso”.