¿Quién es quién en la historia negra de la UOCRA de Bahía?
Cuando, hace un par de semanas, la gobernadora María Eugenia Vidal les apuntó a los dirigentes de la UOCRA Bahía Blanca por actitudes mafiosas, puso en blanco sobre negro la historia de ese gremio a nivel local.
En esa historia se escribieron capítulos sangrientos de enfrentamientos internos y extorsiones del tipo mafioso, pero también denuncias de violencia de género, como la que enfrenta el actual líder del sindicato de la construcción, Humberto Monteros, a quien se le imputan agresiones contra su exmujer. Una reseña para leer mientras podría estar decidiéndose, por estas horas, el destino del gremio y sus líderes.
La historia de la UOCRA Bahía Blanca es claramente cíclica: el que gobierna el gremio dice que todo lo hace en defensa de los obreros y la oposición acusa al oficialismo de corrupto y busca sacarlo por la fuerza. Y en esa búsqueda apela a todos los recursos, generalmente por fuera de la ley.
La violencia ejercida como bandera, en particular en estas últimas dos décadas, no responde a los legítimos reclamos del trabajador de la construcción. Esconde un “naturalizado” negocio, que es grande, para beneficio de pocos y perjuicio de muchos, al punto que puede afectar a toda una sociedad.
En medio de la disputa interna se demoran o paralizan rutas, hospitales y escuelas. De todas las maneras se ejer-
ció el “poder” sindical para sacar provecho de la mano del Estado o del privado.
La gobernadora María Eugenia Vidal buscó poner un límite a la “mafia”. Hizo “caer” a Juan Pablo “Pata” Medina, el líder provincial del movimiento, pero también focalizó su mirada crítica en Bahía, donde existiría un nicho delictivo similar al destapado en La Plata. No se descarta un efecto dominó.
Se cree que ninguno de los dirigentes locales de la UOCRA cuenta con los fondos millonarios que le embargaron al “Pata”, pero sí que están rodeados de sospecha.
Muchos de ellos recibieron 15 o más denuncias penales en los últimos 10 años por los delitos de amenazas, lesiones o daño, a partir de lo que se considera un aceitado mecanismo de extorsión.
Incluso algunos, como el hoy líder seccional Humberto Arnoldo Monteros, tendría conductas cuestionables desde su faceta personal: está imputado por violencia de género. Su exmujer, Liz Garay, lo denunció ante la fiscalía en 2012, 2014 y 2016 por distintos ataques, y al menos el último sumario aún sigue en trámite.
Filiberto Vallejo, otro referente tradicional del movimiento, además de haber sido condenado por coacción a una pena de 3 años en suspenso -intimidó al expresidente del club Olimpo, Jorge Ledo, en medio de la remodelación del estadio de fútbol-, también tiene presentaciones en su contra por 3 usurpaciones en General Daniel Cerri.
José Burgos -el señalado por la gobernadora, hoy secretario general adjunto de la seccional Bahía Blanca-, tiene al menos una denuncia por intento de soborno en una construcción de Pueblo San José, cuando era delegado gremial en Coronel Suárez. Fue en marzo de 2016. Víctor, padre del empresario Julián Allende, aseguró que la solicitud de coimas “es una práctica que se repite desde hace mucho tiempo”.
“Hace 5 años, Burgos me pidió 500 pesos para 'frenar' a Darío Graff (del ministerio de Trabajo) y para que pudiera seguir con mi trabajo”, relataba. Desarchivan una causa y la suman a la de oficio La Fiscalía General, mediante una resolución del doctor Juan Pablo Fernández, desarchivó una vieja causa de la UFIJ N° 9, por supuestas prácticas extorsivas de dirigentes de la UOCRA, similares a las que se denunciaron públicamente en los últimos días y por las cuales se ordenó la semana pasada, de oficio, una investigación penal.
El fiscal Gustavo Zorzano, a cargo del caso, ya recibió el expediente para buscar puntos de conexión con lo que expusieron la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial Bahía Blanca, el diputado Santiago Nardelli y la propia gobernadora: que hay dirigentes de la construcción que exigen más dinero que el pautado a cambio de no parar las obras y que exigen la contratación de determinados transportes y catering.
Pasó hace algunos días en las rutas 51 y 60. Y enojó a María Eugenia Vidal, al punto de acusar con nombre y apellido a José Burgos como la punta de lanza de estos ataques.
La sensación de “secreto a voces” siempre flotó, aunque ahora la bomba que nadie se animaba a desactivar explotó y no se sabe hasta dónde llegarán las esquirlas.
La historia cíclica de la UOCRA Bahía Blanca, por su invariable camino ligado a la violencia, las denuncias y la sospecha, parece marcar que la ofensiva judicial no va a terminar con el “Pata” Medina.
Basta con repasar la cronología de los últimos 20 años para darse cuenta de qué se trata. El secretario que se fue de la noche a la mañana
Hacia fines de 1995, la sede local de la UOCRA funcionaba en Las Heras 75. Horacio Barcos, el secretario general, desapareció de la noche a la mañana y dicen que "dejó un tendal". Varias facturas de servicios quedaron sin pagar.
Los conflictos para aquel tiempo eran cada vez más intensos. La central mandó una intervención. Llegó Rubén Olguín, procedente de Santa Fe, pero duró menos de 2 años. A mediados de mayo de 1997 lo desplazaron a la fuerza. Un grupo de encapuchados, denominados trabajadores autoconvocados, tomó la sede y declaró a Olguín corrupto.
“En Campana, un oficial soldador gana 10 pesos la hora, mientras que estos señores arreglaron en Bahía Blanca, con la misma empresa, un sueldo de 3 pesos”, declaraba uno de los insurgentes.
La toma se prolongó, aunque llegó el compromiso desde Buenos Aires de elecciones en 6 meses. Sin embargo, un mes después los aliados de Olguín fueron a la carga y pretendieron recuperar su espacio. Hubo forcejeos y golpes, hasta la intervención policial.
En medio de la lucha puertas adentro, se mantenía la intención de paralizar obras que “no cumplían con las expectativas”. El 10 de julio de 1997 fue el gasoducto de La Vitícola. Hubo una toma pacífica del tendido. Unos 120 operarios, conducidos por el gremio, reclamaban mejores salarios. Elecciones, luego de 11 años de incertidumbre
A fines de octubre de 1998, parecía que la normalización se afincaba en la UOCRA local. Después de 11 años, un acto eleccionario posicionaba a Rául Rubino como líder.
“Sabemos que no será fácil, pero la figura del compañero Rubino es capaz de aglutinar a todos los afiliados detrás de sí, para encarar una nueva historia”, afirmaba el dirigente Sergio Bernal.
La “nueva historia” duró menos de un año. El 7 de septiembre de 1999, un centenar de obreros se concentraba en el sindicato y 10 de ellos ingresaban por la fuerza. Los que estaban adentro escaparon por los techos. Hubo destrozos y desorden.
"Lo único que les interesa es vivir del gremio, no se dan cuenta de que esa época ya pasó", decía uno de los expulsados.
De la otra vereda acusaban a Rubino de “entregar” a los trabajadores en otro conflicto muy fuerte, con la firma Fluor Daniel-Sade. Decían que el secretario general, en acuerdo con la patronal, les restringía el derecho al paro y al reclamo de un mejor salario.
“Un señor Caferri, que participó de la toma del gremio, pretendía que lo pusiéramos de prepo como concesionario de un comedor”, advertía el ya fallecido Rubino.
La disputa se trasladó a la arena judicial. En octubre de 1999 se formalizaba una denuncia contra los dirigentes Jorge Díaz y José Sepúlveda, por el presunto pedido de coimas a 4 empresas. Intervino la UFIJ N° 2, aunque la causa, finalmente, se archivó.
Sin embargo, a Díaz le llegó la venganza personal. Cinco días después de la presentación judicial, le quemaron el auto frente a su casa del barrio Latino. Un vecino dijo que vio escapar a gente en un Ford Falcon rural gris, similar al que tenía la conducción del gremio.
La tensión fue en aumento hasta que en agosto de 2000 eclosionó. Siete trabajadores tomaron el sindicato. Hubo resistencia policial y tanto uniformados como obreros terminaron heridos.
Los usurpadores denunciaban falta de trabajo y "listas negras" que dejaban a varios afuera del circuito laboral.
“Pronto haremos una manifestación fuerte en Bahía por la falta de empleo”, advertían.
Y la marcha no tardó. En los inicios de lo que fuera un trágico 2001 para el país, un importante grupo de manifestantes de la UOCRA disidente copó la Municipalidad, luego de cortar la calle Alsina. Los referentes se reunieron con el intendente Jaime Linares y denunciaron discriminación de la conducción. Cambio de mando, la misma política y “la gran batalla”
Vallejo ganó las elecciones del 12 de diciembre de 2000. Superó por apenas 9 votos (590 a 581) a Rubino. Lo ajustado del resultado generó cruces y la junta electoral local impugnó los comicios, aunque la conducción central del gremio lo ratificó como líder y en abril de 2001 se produjo lo que para muchos fue el primer traspaso democrático en la historia de la institución.
Sin embargo, los cuestionamientos no cedieron y fueron caldo de cultivo para "la gran batalla".
Los primeros meses de 2001 incluyeron piquetes en obras y denuncias por parte de empresarios que sufrían intimidación. Algunas agrupaciones internas de la UOCRA presentaron la renuncia de la conducción gremial. Oscar López y Humberto Sandoval pasaron de ser leales a enemigos de Vallejo.
El clima se enrrareció y detonó a mediodía del 31 de julio, cuando los dos bandos chocaron en la primera cuadra de Villarino, frente a la sede sindical.
Las imágenes de la barbarie recorrieron todo el mundo: grupos de 5 o 6 "pseudotrabajadores" golpeando en el piso a otros. Corridas, rostros ensangrentados, destrozos, caos. La situación se calmó recién después de varios minutos, con la intervención -muchos dicen tardía- de unos 50 policías.
Hubo más de 40 imputados y después de un prolongado trámite de investigación, casi la mitad fue condenada en el juicio de 2006,
aunque todos con penas en suspenso. Solo uno terminó en Villa Floresta: Walter Maggini, el más radicalizado de los agresores que mostraban las cámaras de televisión.
Vallejo fue absuelto por el incidente y también por las presuntas amenazas al constructor Sergio Beltrán, quien levantó Hipertehuelche. Sin embargo, el Tribunal en lo Criminal N° 3 probó su intervención en la maniobra de coacción contra el expresidente de Olimpo, Jorge Ledo, a quien amenazó cuando levantaba las nuevas tribunas del estadio Carminatti. Recibió 3 años de ejecución condicional por ese hecho y por la ocupación ilegal del gremio entre 2002 y 2004.
“Voy a seguir trabajando para combatir a estas lacras, a estos delincuentes que siguen manoseando a la gente y que negocian la vida y la seguridad de las personas. No hay inspecciones en obra ni control, porque el gremio no aparece”, había dicho Vallejo en Tribunales.
La fiscal Olga Herro quedó disconforme con el fallo. Había pedido 14 años para Vallejo. “Está dentro de lo previsible, no podemos hablar de sorpresa. Eso sí, voy a reservarme los motivos por los cuáles no me sorprendo...”, declaraba luego de la lectura de la sentencia. La era Monteros y el modelo del “Pata” Medina
Después de grandes turbulencias, en 2005 asumía la secretaría general del gremio Humberto Monteros, hasta hoy líder de la UOCRA local.
Solo hubo momentos de espejismo. La fricción continuó, con la disputa de siempre: el poder y el dinero.
En 2010, un grupo de disidentes denunciaba formalmente a Monteros y a su comisión directiva, por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Los acusaban de cobrar coimas a empresarios y de esa manera encubrir irregularidades en el pago de servicios o en las medidas de seguridad de las obras.
A Monteros, concretamente, le endilgaban haber asumido el cargo con una precaria vivienda en un terreno usurpado y, ya en funciones, haber adquirido un departamento en la primera cuadra de la calle Matheu, la ampliación de su casa en Teniente Farías al 2900 y la compra de distintos vehículos (dos Peugeot 307, un Ford Mondeo y un Volkswagen).
También la puesta en marcha de una firma de montaje en Donado al 1000; la constitución, en 2008, de una empresa de transporte de pasajeros, para la cual habría adquirido 5 vehículos tipo combi, y la apertura de una rotisería que se utilizaría como catering “obligado” para las obras. Estas últimas maniobras serían, a menor escala, las mismas que hoy le imputan al “Pata” Medina.
De todas maneras, la investigación no prosperó y a fines de 2010 llegó otra toma de la sede gremial, ya en Saavedra 470. Los insurrectos ingresaron, tapiaron puertas y ventanas, aunque la policía logró convencerlos de que depusieran su actitud. Trece mayores y un menor fueron detenidos. Todos, aparentemente, respondían a Juan Ramón Vera, uno de los denunciantes de Monteros. A uno le secuestraron cocaína entre sus ropas.
Al año siguiente, Vera fue por más. Responsabilizaba a la conducción seccional por los accidentes y, con la idea de la escisión, organizaba el Movimiento Obrero de la Construcción (MOV).
“Los responsables de estos accidentes, que pudiendo evitarlos priorizan su beneficio económico mediante el pedido de coimas, son quienes representan a la UOCRA”, afirmaba el comunicado que pedía la intervención del entonces intendente Cristian Breitenstein, así como otros referentes políticos y fiscales.
“Ante el reclamo de algún obrero por la falta de seguridad en las construcciones, se los despide de manera inmediata”, sostenía. Piñas en el centro y ruidosa marcha en el Concejo
Las denuncias contra Monteros y su grupo fueron archivadas, pero se profundizaron las diferencias entre las facciones. Nada se disimulaba. El 19 de diciembre de 2011, representantes de los dos grupos antagónicos se pelearon a las piñas, durante un acto oficial.
Fue nada menos que frente a la Municipalidad, en momentos que se daba la primera visita oficial de Breitenstein como ministro de la Producción bonaerense.
Unos días después, el gremio volvió a ser noticia, pero por la paralización de la millonaria obra de la Escuela Técnica N° 3, en conflicto con la empresa Niro Construcciones.
Desde la firma, Adrián Navarro desmentía falencias en seguridad e higiene. "Hay coy sas que no se entienden".
Otra relación conflictiva del gremio fue con los vecinos del barrio Universitario, que pedían límites a la construcción indiscriminada de viviendas multifamiliares en el sector, porque agravaba la calidad de vida.
Durante una sesión del Concejo Deliberante, en 2013, los gremialistas irrumpían en el recinto y frente al reclamo vecinal y levantaban su voz en defensa de la fuente laboral.
“Les vamos a explicar los argumentos, cara a cara, persona a persona, para ver si los entienden de una buena vez”, expresaba, con tono desafiante, el dirigente Guillermo Molina, quien participó de las últimas PASO como precandidato a concejal de Unidad Ciudadana en la derrotada lista de Rodolfo Lopes, aunque le correspondería el puesto número 12 en la nómina confirmada de Carlos Quiroga, el vencedor de esa interna kirchnerista.
Entre conflictos externos disputas internas, en agosto del mismo año volvieron a balear la vivienda de un gremialista. En ese caso fue la de Monteros, cuya puerta del frente amaneció con dos disparos. Casi al mismo tiempo, le quemaron el auto al hijo de otro sindicalista del sector. Las escenas de 2001 volvieron 13 años después
El enfrentamiento por asumir el poder de la UOCRA volvió a tomar la peor forma de violencia la tarde del 28 de enero de 2014.
Otro intento de copamiento de la sede de Saavedra 470 terminó con 4 heridos de bala, 44 aprehendidos, múltiples destrozos y la intervención de más de 15 patrulleros que debieron desatender la seguridad urbana para tratar de apaciguar un conflicto que no encuentra salida.
“Fue un golpe comando, como a una entidad bancaria”, graficaba Monteros.
Solo uno de los aprehendidos quedó entre rejas, al menos por unos días: se trata de Hugo René Riffo, quien tenía antecedentes.
Otros no presentaban prontuario aunque sí sabían cómo manejarse en la confusión: "cuando la policía llegaba, algunos se cambiaban de ropa", afirmaba un vecino. Esa práctica es típica de aquellos sospechosos que buscan evitar ser reconocidos durante un delito en progreso.
Casi un mes después, la vivienda de Roberto Ríos, otro referente, fue blanco de un atentado. Cinco disparos quedaron marcados en el frente de su vivienda en Bolivia al 100.
“Esto es porque soy miembro de la UOCRA y no es la primera vez que le pasa a un compañero”, reconocía Ríos.
A los pocos días, detonaron un explosivo sobre el techo de la casa de Monteros. El estruendo hizo un boquete y alteró a su mujer y sus hijos, quienes no sufrieron heridas físicas. El gremialista estaba en la Capital al momento del ataque.
Las intimidaciones se trasladaron al ámbito municipal cuando, en agosto de 2015, se originaba un conflicto por unos terrenos ubicados en la zona de Thompson y Méjico, que se disputaban el sindicato y el club Villa Mitre.
“Vamos a quemar todo”, amenazaba una de las 20 personas que concurrió a la Agencia Urbana, en Chiclana al 400, para tratar de mantener un diálogo con su extitular, Alberto Carimatti.
“Hoy somos 20, mañana podemos juntar 2.000. Si no tenemos soluciones, vamos a prender fuego todo”, recalcaba el visitante. Las advertencias, finalmente, no prosperaron.
A fines del año pasado, la policía pudo frustrar lo que se consideraba un nuevo enfrentamiento. En Ecuador y la avenida Arias se interceptaba el auto conducido por Jonathan Aranda y debajo de las alfombras le secuestraban un machete y un cuchillo. Ese mismo día se hacía una manifestación frente a la comuna, en reclamo de más trabajo y mejores condiciones de seguridad.
Solo por esa medida preventiva no hubo incidentes, aunque la historia en la UOCRA local,como está a la vista, es cíclica y violenta.