La educación y el relato
a reciente toma de colegios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha revelado una vez más, la patética confrontación de la realidad con “el relato” del kirchnerismo, así como el acompañamiento que a los alumnos brindaran los padres, docentes y directivos, todos fogoneados por una oposición política y sindical que padece una amnesia preocupante. Cabe señalar que la anárquica medida fue auspiciada por los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la Universidad Nacional de Buenos Aires y a quienes, por tanto, no les son aplicables las eventuales reformas educativas que puedan instrumentarse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, tales posibles modificaciones no pasan de ser un mero proyecto que requiere aún debate y aprobación por parte del Consejo Federal Educativo y que, en todo caso, de lograrse finalmente su sanción, recién tendría vigencia a partir del 2018. Y teniendo en cuenta que el único aspecto objetable por los aprendices de okupas es el vinculado a las prácticas laborales previstas para el quinto año, las mismas recién serían viables desde 2022, por lo cual solo un aprovechamiento político en épocas electorales puede justificar lo injustificable. Y que ello es así lo revelan palmariamente los antecedentes en la materia originados justamente en el anterior gobierno pero cuyos referentes pretenden borrar con el codo lo que escribiera con la mano.
En efecto: la ley de educación 26.206 del año 2006 dispuso en su artículo 33 que “las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este marco, podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil, que permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden una experiencia adecuada a su formación y orientación vocacional. En todos los casos estas prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral”.
En cumplimiento de esta normativa, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó el decreto 1.374, del año 2011 que fijaba las pautas siguientes: “Artículo 1: Denominase, en el presente régimen, Pasantía a la extensión orgánica de la Educación Secundaria en cualesquiera de sus orientaciones y modalidades, a empresas e instituciones, de carácter público o privado, para la realización por parte de los alumnos, de prácticas relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la especialización que reciben, bajo organización, control y supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen y formando parte indivisible de la propuesta curricular, durante un lapso determinado. Artículo 2: Las Pasantías se materializarán con la asistencia y participación de los alumnos en las actividades de las instituciones y empresas del sector socio productivo o de servicios, públicas o priva- das, en los ámbitos donde se desarrolla la actividad en el horario y bajo las modalidades que se establecen en el presente decreto. Artículo 3: La situación de Pasantía no creará ningún otro vínculo, para el pasante, más que el existente entre el mismo y la unidad educativa correspondiente, no generándose relación laboral alguna con la institución, pública o privada; o la empresa donde efectúe su práctica educativa”.
Debe recordarse que estas prácticas ya se encuentran vigentes para los dos últimos años del nivel secundario y que igualmente se han implementado con éxito en escuelas técnicas como las Raggio, así como en escuelas y universidades privadas tanto nacionales como pertenecientes a los países más desarrollados.
Tal como resulta del simple cotejo de estas normas con el proyecto actual que motivara la toma de colegios, la solución es idéntica, esto es, que dentro del programa del secundario, los alumnos del último año realicen prácticas educativas en entes públicos o privados y bajo la supervisión del propio establecimiento, sin que ello configure ningún tipo de relación laboral.
Sin embargo, cuando se sancionaran las normas analizadas no se escuchó reclamo alguno por parte de alumnos, docentes, padres, directivos, sindicalistas ni políticos, todos quienes brindaron ferviente apoyo a estas políticas educativas.
Hoy, cuando solo se anuncia la posibilidad de adoptar idénticas medidas, los “desconocidos de siempre” actúan como si la finalidad de las mismas fueran someter a los alumnos a una ignominiosa esclavitud laboral por parte de empresarios voraces que prescindirán de sus eficientes empleados de larga trayectoria para dejar sus establecimientos en manos de estos adolescentes, la mayoría de los cuales no solo no comprenden los textos que leen sino que ni siquiera son capaces de realizar las más simples operaciones matemáticas.
Por eso, una vez más “el relato” se ha extendido ahora al ámbito educativo.
Afortunadamente, somos muchos los que conocemos la realidad.