El gobierno avanza en la agenda post electoral
Luego de tres trimestres consecutivos de expansión, la actividad económica ya recuperó lo que había perdido en 2016. Si bien hay sectores que se han recuperado más rápido y otros se mantienen más rezagados, en líneas generales lo que se viene por delante empieza a ser crecimiento genuino.
Este nuevo arranque de la economía, que de alguna manera deja atrás la “herencia” recibida por el gobierno kirchnerista, coincide al mismo tiempo con otro acontecimiento relevante desde lo político: las elecciones legislativas, que están a sólo dos semanas de distancia. El Gobierno se concentró durante 2017 en consolidar los “brotes verdes” que ya nadie discute y pasó a un segundo plano un largo listado de temas de la agenda de política económica.
Ya no es un misterio para nadie cuáles son las cuestiones cruciales que abordará la Casa Rosada a partir del 23 de octubre. La aprobación del Presupuesto 2018 es una de las prioridades, ya fue presentado y comenzará su tratamiento próximamente. De todas formas, la aprobación llegaría una vez que cambie la conformación del Congreso, que tendrá mayor cantidad de legisladores que responden a Cambiemos aunque todavía sin mayoría propia.
Ese Presupuesto representa una buena pista para entender qué plantea el Gobierno para la evolución de la economía. Básicamente más gradualismo para ir achicando el déficit fiscal, requiriendo grandes sumas de financiamiento del mercado internacional. Además, si bien cae un punto el déficit primario, el aumento en los pagos de intereses de la deuda mantienen el rojo de las cuentas públicas en niveles parecidos a los de este año.
Otro tema que está desde el año pasado en el Congreso es el proyecto de ley de mercado de capitales. Contiene una serie de modificaciones de la legislación vigentes y lo que busca es atraer más inversiones a la plaza local, especialmente para alentar la compra de acciones y emprendimientos del sector real. Este tema había quedado en suspenso en los últimos meses pese a que en el Gobierno lo consideran prioritario. Pero la intención es que se apruebe antes de fin de año, ya sin la presión del calendario electoral.
Pero lo más relevante pasa por las denominadas reformas estructurales, que avanzan sobre temas relacionados con la competitividad. La reforma tributaria será elevada al Congreso ni bien finalicen las elecciones y probablemente la discusión lleve buena parte del 2018, con lo que recién comenzaría a aplicarse en 2019.
En las últimas semanas fue el propio ministro, Nicolás Dujovne, quien se ocupó de bajarle la expectativa: no habrá en el corto plazo una reducción de la carga tributaria, pero se comenzará a avanzar en la reducción de los impuestos más distorsivos, como Ingresos Brutos. En forma paralela, se discutirá un Pacto Fiscal con las provincias con el objetivo de comprometerlas en el mantenimiento de las cuentas fiscales sanas. Lo más importante será el tope al aumento del gasto tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Ningún distrito podrá aumentar los gastos por encima de la inflación ni contratar personal por encima del crecimiento vegetativo de la población (alrededor del 1% anual).
La reforma laboral aparece como el otro tema ineludible. Sin embargo, el abordaje en este caso no pasará completamente por el Congreso. Sólo se elevaría al recinto el proyecto de blanqueo, con el objetivo de reducir el casi 35% de trabajadores que se mantienen en la informalidad. “Encarar primero este tema y luego las modificaciones de fondo que precisa el mercado laboral argentino es un error”, sentenció Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, y uno de los que más conoce la situación del mercado argentino.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, adelantó durante la convención organizada por la Cámara Argentina de la Construcción, que se avanzará en un nuevo régimen de pasantías, que incluirá la obligación para las empresas de invertir en la formación de los empleados. Se trata, claro, de una línea delgada que roza el concepto “maldito” de flexibilización –o precarización- laboral.
También se promoverán cambios en los convenios colectivos, pero que las negociaciones se lleven adelante directamente entre las cámaras empresarias y los gremios. Algunos ejemplos son el acuerdo de Vaca Muerta, que establece modificaciones en las relaciones contractuales para conseguir más productividad a la hora de la explotación. Otros sectores también ya han firmado acuerdos similares en los últimos meses como en los sectores de la construcción, autos y motos.
Pero los empresarios también reclaman un ataque mucho más frontal a la industria del juicio. La nueva ley de ART disminuyó las demandas laborales en la ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia se multiplicaron ya que la legislatura bonaerense aún no aprobó la adhesión a la nueva legislación.
Mientras tanto, la agenda laboral también reacomoda posiciones en el tablero político. La cúpula de la CGT se reunió con el jefe de la banca justicialista, Miguel Ángel Pichetto, quien les aseguró que no avalará ninguna reforma laboral que no cuente con consenso gremial. Se trata de un tiro por elevación a la futura vecina de bancada desde el 10 de diciembre: la ex presidenta Cristina Kirchner, que tiene relación nula con los jefes sindicales.