Otra pelea de fondo

Fiel al estilo de gestión que ha mostrado hasta ahora, la gobernadora María Eugenia Vidal ha decidido encarar otra de las grandes peleas que la provincia de Buenos Aires y el país requieren para salir de la espiral de frustración en que están atrapados desde hace tanto.

Así como recientemente ha dado batalla contra dirigentes mafiosos que, escudados en sus representaciones gremiales y a espaldas de las autoridades centrales, habían convertido sus delegaciones en oficinas de extorsión, como la UOCRA de La Plata y Bahía Blanca, entre otros casos, ahora Vidal acaba de presentar oficialmente un proyecto con un fuerte ajuste en el gasto de la política provincial.

¿Puede compararse una cosa con la otra?

Como mínimo, sí en los efectos. Tanto los inflados en las obras públicas asociados a la presión que ejercían esas mafias sindicales, como el desmadre en el nombramiento de cargos políticos y el reparto de privilegios son soportados con los impuestos que pagan los bonaerenses, y cuyo fin verdadero es financiar mejor educación, mejor seguridad y mejor salud.

Durante décadas, muchos gobernantes se han llenado la boca con promesas para reducir el excesivo costo de la política y durante décadas también el gasto públicos originado en las necesidades de los políticos y no de la gente fue creciendo hasta volverse insostenible.

Ahora Vidal parece decidida a revertir este proceso. Si su proyecto se aprueba, se habrán eliminado 150 cargos políticos, se habrá ahorrado 3.000 millones de pesos solo en 2018 (2.500 en la Legislatura y 500 en el Ejecutivo) y, además, se terminará con el siempre criticado y nunca modificado régimen de jubilaciones especiales que rige en la Provincia. Estos datos en sí mismos bastan para acompañar a la gobernadora en esta nueva pelea, que, de más está decir, encontrará detractores en aquellos que seguramente se benefician de los excesos que se quieren corregir.