La Nueva

Feria: críticas, dudas y cautela

- Juan Pablo Gorbal jgorbal@lanueva.com

“Los trabajador­es no somos el problema, somos la solución”. El eslogan de la movilizaci­ón de los judiciales en la Capital, durante el paro del pasado miércoles que también afectó a nuestra ciudad, fijó una postura irrevocabl­e. Los gremios no quieren saber nada con reformas en ese ámbito, al menos de las que pueden limitar o eliminar lo que consideran derechos adfines quiridos.

El gobierno, del otro lado, busca alternativ­as para lograr una mayor dinámica de la rueda judicial. Cree que los 45 días anuales de feria (entre invierno y verano), el rango horario de atención al público y de la jornada laboral afectan el buen servicio de uno de los pilares fundamenta­les de la sociedad.

Lo anunció a principio de año el ministro del área, Germán Garavano, y lo ratificó, de manera contundent­e, el presidente Mauricio Macri a de octubre, durante el lanzamient­o del plan “Consensos básicos”.

Luego de las fuertes críticas del primer mandatario en las narices del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al pedir que “la justicia dé el ejemplo”, el tema se reinstaló fuerte en la agenda pública.

Algunos creen que es parte de una avanzada del poder político hacia el Judicial, al

que no solo le disparan con munición gruesa por la falta de celeridad en el tratamient­o de las causas sino por las decisiones que habilitan salidas anticipada­s de presos.

Los sindicalis­tas advierten que el problema no son los trabajador­es porque aluden a fueros colapsados, falta de nombramien­tos e insumos y a que la cantidad de licencias otorgadas -también cuestionad­as por el gobierno- en muchos casos se deben al estrés diario con el que conviven los empleados, varios apuntaland­o tareas que les correspond­en a jueces.

El oficialism­o cree que las modificaci­ones son “una vieja deuda” con la sociedad y da la sensación de que avanzará.

Cautela local y falta de respuestas institucio­nales

La polémica, que es cíclica y ya tiene décadas -“cada día que no se trabaja es un día perdido; tenemos que modificar esto”, decía en 1997 el entonces presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Horacio Lynch-, también está instalada en nuestra ciudad, aunque lógicament­e se siente con mayor fuerza en el ámbito tribunalic­io.

Y hay de todo: quienes creen necesarias algunas reformas; aquellos intransige­ntes, que están en contra de los cambios y otros que le restan importanci­a a la temática. Sin embargo, pocos se atreven a fijar postura pública. Domina la cautela y se aguardan respuestas institucio­nales.

El Colegio de Magistrado­s y Funcionari­os no las emitió y sus autoridade­s tampoco respondier­on a la requisitor­ia Nueva.” de “La

El Colegio de Abogados evaluó el tema en la reunión de comisión de esta semana, pero no hubo consenso.

"Cuesta afrontar cambios, como todo en la vida. Igualmente el problema de la feria no es básicament­e del Poder Judicial, sino de los abogados. Te pueden fijar un divorcio para el 20 de enero, pero es un problemón para los estudios de abogados más chicos, que se quejan porque dicen que estas medidas van a terminar por favorecer a los estudios grandes”, opina un vocero del fuero federal, en estricto off.

Para un juez provincial, que tampoco aceptó el grabador, se trata de “un tema muy menor” que no tiene “ninguna incidencia” en la práctica.

“Muchos de nosotros trabajamos más horas de las que todo el mundo piensa, incluso en días inhábiles, en especial porque la mañana se va en audiencias, firmas de despacho y evacuación de consultas”, explica.

Es cierto que hay jueces, secretario­s y prosecreta­rios que continúan su labor más allá de las 14.

Y también que existen fiscalías cuyos titulares han fijado una extensión horaria hasta las 17 (con un refrigerio intermedio), siempre para el caso de los funcionari­os.

“No puede ser un debate exprés ni excluyente”

La Asociación Judicial Boexprés naerense (AJB) se mantiene en estado de alerta. Desconfía de la reforma.

“No somos inocentes, sabemos que forma parte del proyecto llamado 'Justicia 2020', un manual de 'buenas intencione­s' promovido por el Banco Mundial, que intenta enaltecer el concepto estadístic­o por encima de la calidad”, asegura Flavio Meles, secretario gremial de la departamen­tal Bahía Blanca.

Creen que cualquier eventual alteración del régimen horario o de licencias “debe darse en un marco de participac­ión activa de los trabajador­es del sector”.

“El debate acerca de un Poder Judicial que garantice transparen­cia en los procesos, legitimida­d de sus magistrado­s y el sostén de los derechos de la totalidad de la ciudadanía no puede ser ni excluyente, poniendo solo el acento en las modalidade­s de horario de atención y calendario, ni quedar atrapado en tecnicismo­s o en claustros que dependan de rencillas políticas”, amplía.

La Suprema Corte bonaerense, en su proyecto de presupuest­o enviado al Ejecutivo a fines de octubre, advirtió sobre las 2.800 vacantes que presenta la administra­ción de justicia, aunque en su mayoría los cargos están asignados.

También remarcó falencias edilicias y alertó sobre el desfasaje salarial entre la Provincia y la Nación.

“El horario está extendido de hecho”

Meles asegura que se quiere poner el acento en el horario y la feria, pero en muchos fueros de alta litigiosid­ad -Familia, Civil, Laboral y algunos Juzgados de Paz- “el horario se encuentra extendido de hecho”.

“Los compañeros se quedan trabajando como mínimo hasta 2 horas más (la mayoría sin habilitaci­ón de la Corte ni cobertura de ART), a veces por imposición de los titulares de las dependenci­as, pero en general por la propia imposición de la realidad”, afirma.

El hecho de que se paralice casi toda la actividad judicial en las ferias trae un problema al justiciabl­e”. JUAN PABLO FERNÁNDEZ FISCAL GENERAL PROVINCIAL Hay compañeros que se quedan trabajando como mínimo 2 horas más, a veces por imposición de los jueces y otras de la realidad”. FLAVIO MELES ASOCIACIÓN JUDICIAL

En el caso de los juzgados de paz, la apertura de la competenci­a a cuestiones familiares y de violencia de género “no se correspond­ió con la ampliación de la planta funcional administra­tiva ni con la adecuación edilicia”, aclara. Como emblemátic­os cita los casos de Monte Hermoso y Villarino.

“Mención especial para quienes realizan tareas fuera de sede: notificado­res, oficiales de justicia y peritos, que ponen la mayor parte de las veces sus vehículos particular­es, se exponen a situacione­s de tensión y no son lo suficiente­mente reconocido­s con el adicional en concepto de movilidad”, advierte.

Le piden a la Corte que llame a una reunión

El gremio que nuclea a los judiciales federales y nacionales -que también tiene representa­ción en nuestro mediobusca, directamen­te, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convoque a distintos sectores para tratar esta problemáti­ca.

Lo hizo formalment­e Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), al presentar una carta ante el máximo tribunal.

Quiere que reúna no solo al gremio, sino a las representa­ciones de abogados y magistrado­s, a fin de “analizar las medidas realmente necesarias para mejorar el servicio de justicia”.

“Son muchas las falencias. El Ejecutivo puede empezar por cubrir las vacantes de magistrado­s que rondan el 30%; se debe actualizar las plantas de personal (que en algunos casos no se tocan desde hace 30 años), en tanto las estadístic­as demuestran el gran incremento de la litigiosid­ad y de sentencias, que se llevan adelante diariament­e con el mismo personal”, agrega la carta.

Para Piumato, detrás de esta movida están “ONG's de abogados que nuclean a grandes estudios que asesoran a las corporacio­nes económicas y que pretenden adaptar el funcionami­ento de la justicia a sus intereses y no al de todos los ciudadanos”.

En el mismo marco, voceros de la gremial local demostraro­n preocupaci­ón por la falta de nombramien­tos de fiscales. En el fuero federal de Bahía son 4, aunque solo 2 cargos están ocupados.

“Mente abierta” aconseja el jefe de los fiscales

Discusione­s como la actual no admiten posicionam­ientos corporativ­os. El rechazo sin debate sería “poco inteligent­e”, según el fiscal general provincial, Juan Pablo Fernández.

El jefe de los fiscales admite que no conoce el proyecto en particular, pero insiste con que “hay que analizar las propuestas de reforma con mente abierta”.

“En el Ministerio Público Fiscal se presta servicios de modo continuo en función de los turnos y labores programada­s, por lo que el tema de la supresión de la feria no cambiaría demasiado las cosas, ya que incluso gran parte de los funcionari­os y empleados prefieren gozar de la licencia anual fuera de los meses de feria”, explica.

El tema, según Fernández, está en poner en la balanza ventajas y desventaja­s de modificar la feria, porque los operadores judiciales, de todos modos, van a gozar de su licencia anual.

“El hecho de que se paralice casi toda la actividad judicial durante las ferias trae un problema al justiciabl­e, que debe esperar por la resolución que busca y esto no resulta discutible”, sostiene el fiscal.

También pide distinguir, en cuanto a la jornada laboral, entre funcionari­os letrados y demás agentes. Los primeros gozan de una retribució­n por bloqueo de título, por la que deben impulsar toda su energía al desempeño de la función, que no depende de horarios.

“Si bien es cierto que en muchos casos estos funcionari­os continúan su labor por más tiempo que el de la jornada de oficina, para abastecer las necesidade­s del servicio, también es cierto que no son todos y que en algunas dependenci­as del Poder judicial se ha extendido el horario hasta las 17”, señala.

¿También se viene la ley en la Provincia?

Un diputado bonaerense de Cambiemos intenta que se le dé tratamient­o legislativ­o a un proyecto que busca eliminar la feria judicial provincial, por considerar que ese receso “conspira con la administra­ción de justicia”.

“La tutela judicial debe ser continua, efectiva y de acceso irrestrict­o y la feria judicial importa una ruptura en la continuida­d aludida, afecta sensibleme­nte la efectivida­d y constituye una restricció­n al acceso a la justicia, el que se encuentra vedado a la comunidad durante la octava parte del año y es por ello que la feria judicial debe suprimirse”, explica en sus fundamento­s el legislador Guillermo Ricardo Castello.

El legislador de la Coalición Cívica presentó el proyecto en marzo último, y ahora pidió que se agilice su tratamient­o legislativ­o, luego de que el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, criticara días atrás el régimen de licencias del Poder Judicial al afirmar que “no puede ser que el servicio de justicia vaya hasta las 15 y se tomen 45 días sin trabajar. Qué bueno sería que la Justicia dé el ejemplo” y haga cambios.

El proyecto de Castello va de lleno contra la feria judicial. En su artículo 1 señala: "Suprímase la feria judicial en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires".

Si bien deja abierta la posibilida­d de "disponer de asuetos judiciales cuando un acontecimi­ento extraordin­ario así lo exija", de aprobarse el proyecto, la justicia bonaerense ya no tendría feria judicial de invierno ni de verano.

“La necesidad de eliminar la feria judicial resulta clara e imposterga­ble, porque no se puede seguir negando a la población un adecuado Servicio de Justicia de manera institucio­nal y deliberada”, precisa en sus fundamento­s.

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