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Son 28 agentes sanitarios de la cárcel local investigados por presunto incumplimiento de la carga horaria semanal e inasistencias injustificadas.
“Como es un expediente que contempla la desvinculación de la fuerza, puede estar abierto hasta por cinco años. Seguimos trabajando normalmente”, dijo un agente del SPB.
El ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, definiría en poco tiempo más la situación de 28 empleados del área de Sanidad de la cárcel local, quienes fueron sumariados y podrían recibir sanciones por el supuesto incumplimiento de la carga horaria laboral e inasistencias injustificadas.
Las medidas perjudicaría a personal profesional y no profesional de la Unidad Penal Nº 4, de Villa Floresta, sospechado de incumplir las 25 horas de trabajo semanales estipuladas.
Según confirmó una fuente del SPB, la instrucción de los sumarios a cargo de la dirección provincial de Salud Penitenciaria se encuentra transitando la etapa final.
“Desde la intervención (del Servicio Penitenciario en octubre de 2016) se detectó a nivel provincial un problema serio con (la dirección de) Salud Penitenciaria, porque al comenzar a controlar asistencia y horarios se constataron graves irregularidades”, afirmó el vocero.
“Durante el último trimestre del año pasado, esos agentes de la cárcel bahiense cumplieron menos del 60 por ciento de la carga horaria que debían cumplir, por eso se iniciaron sumarios y se respetaron todos los procesos legales”, agregó.
Siguió diciendo que “todavía no se sabe si los van a suspender, apercibir o separar de la fuerza por tratarse de faltas graves, pero actualmente continúan trabajando. No hay una persecución individual, sino que se trata de ordenar la situación, porque está en juego la salud de las personas privadas de la libertad”.
Entre los 28 trabajadores con sumarios hay médicos, enfermeros y personal de escalafón general que cumple tareas administrativas.
“Los profesionales deben cumplir 25 horas semanales y es probable que ahora, asustados, respeten esa carga horaria. Pero cuando se controló no la estaban cumpliendo. En otras cárceles de la provincia hubo casos de médicos que iban una hora al mes para buscar el recibo de sueldo”, describió el informante.
“Si se detectan estas faltas después no se aplica ninguna sanción, se estaría transmitiendo un mensaje erróneo. Se estaría dando a entender que si un empleado de una fuerza de seguridad no asiste a su lugar de trabajo no va a tener consecuencias, y así se descontrolaría todo”, finalizó.
El abogado Gabriel Nardi, quien asesora a 16 sumariados, señaló que en la mayoría de los casos registrados en otros presidios bonaerenses las posibles “sanciones expulsivas” se transformaron finalmente en penas de “menor envergadura”.
El letrado aclaró que la situación de los trabajadores sanitarios de la cárcel local aún no se resolvió y por ahora “no hubo mayores movimientos en los expedientes”.
“Desde hace 14 o 15 años el sistema de funcionamiento con horas de trabajo activas y pasivas es el mismo”, aseguró Nardi.
“No es un delito, sino una falta al ordenamiento jurídiy co que rige a todos los integrantes del SPB”, concluyó.
Uno de los médicos bahienses sumariados, quien prefirió mantener en reserva su identidad, remarcó que desde agosto el expediente se halla aparentemente sin movimiento en un área de la dirección de Salud Penitenciaria.
Los primeros sumarios se iniciaron en marzo, cuando los investigados prestaron declaración en La Plata.
“Como es un expediente que contempla la desvinculación de la fuerza, puede estar abierto hasta por cinco años. Seguimos trabajando normalmente, pero por esta reestructuración renunciaron cinco o seis médicos”, refirió.
“El objetivo de achicar el Estado y pagar menos se cumplió. Las autoridades bajaron línea de que debemos hacer guardia activa de 24 horas, pero por la poca cantidad de médicos que quedamos se cumple durante cinco días; el resto de la semana se cubre de manera pasiva por el mismo sueldo”, finalizó el facultativo.
Los empleados del SPB investigados calificaron como “incomprensible” la posibilidad de imponer “las más sanciones más gravosas previstas en una ley que fue generada durante el gobierno militar y nunca se aplicó con anterioridad”.