Economía.

del PBI, fue similar al del 3,8% de 2015, que se obtuvo al finalizar el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Incluso, el déficit financiero —incluye el pago de intereses— creció en la comparación de ambos mandatos presidenciales, del 5,2% del PBI en 2015 al 6,1% del macrismo.

Pero que los déficits primarios resulten similares en los años 2015 y 2017, no quiere decir que la política fiscal resulte, también, similar.

“Debe recordarse que la administración Kirchner terminó en el año 2015 con un alto déficit fiscal (no sustentable en el tiempo), financiado en gran medida con emisión monetaria (presiones inflacionarias), con un alto gasto en subsidios económicos a empresas (generó graves distorsiones en el sector de energía), con pagos incorrectos de una porción de las jubilaciones (generaban demandas judiciales), todo lo anterior, a pesar de contar con una presión tributaria récord para la Argentina, con impuestos muy distorsivos, que deterioraban la competitividad”, recordaron desde el centro de estudios con sede central en Córdoba capital.

En definitiva, la nueva administración requiere: bajar el déficit fiscal, reducir la asistencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al Tesoro, disminuir la necesidad de endeudamiento público, bajar la presión tributaria, reducir el gasto en subsidios a empresas y regularizar el pago de jubilaciones.

La presión tributaria nacional resultó del 25,1% del PIB en 2017 (24,7% si se excluyen los recursos provenientes del blanqueo), contra 26,3% en 2015, mostrando entonces una importante caída de 1,2% del PIB en dos años, que resulta de 1,6% si se excluyen los recursos del blanqueo en 2017.

Este resultado se dio, básicamente, por la menor presión fiscal en Ganancias (-1,1% del PIB) y en Derechos de Exportación (-0,7%).

Desde 2018, y hasta 2022, se profundizará la caída en la carga fiscal en ambos impuestos.

De hecho, este año se reducirá la alícuota de Ganancias para utilidades reinvertidas a 30%, mientras que ya se actualizaron las deducciones y escalas para personas físicas en base al RIPTE (mecanismo automático previsto en la reforma normativa de fines de 2016).

Por el lado de las retenciones, entrará en vigencia una disminución en la alícuota afrontada por las exportaciones del complejo sojero de medio punto porcentual por mes, que la llevaría del 30% actual a 24% a fines del año 2018. Instituto cordobés.

También disminuyeron, aunque levemente, el gasto en Consumo y Operación del sector público nacional (-0,3% del PIB) y las Transferencias de Capital (-0,5%), principalmente a provincias.

Pero, por otra parte, aumentó el gasto en seguridad social, en 0,8% del PIB, y las Transferencias Corrientes (principalmente a provincias), en 0,3% del PIB.

“En el primer caso se trata de una situación intertemporalmente justificada: con la reparación histórica previsional se deja de generar pasivos contingentes, por incorrecta liquidación de haberes previsionales para una porción de los jubilados, que normalmente se terminaban reconociendo a partir de juicios iniciados por los perjudicados por dicha situación”, advirtieron.

Finalmente, no se aprecia una fuerte reducción en el gasto público porque, concomitantemente a algunos ajustes en las erogaciones, aumentó el pago de intereses por deudas, por el equivalente a 0,8% del PIB.

“Al pasar a financiar el déficit mayormente con emisión de deuda, en lugar de emisión de dinero, como hacía la anterior administración, ahora pesa más la cuenta de intereses, lo que se podrá revertir sólo si el gobierno nacional cumple con su compromiso de reducir todos los años el déficit fiscal, y de este modo, requerir cada vez menos financiamiento”, concluyeron los economistas del Ieral.