Quebró Oil Combustibles, la empresa petrolera de Cristóbal López
Continuará la explotación por 30 días “para evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo”.
La Justicia comercial dispuso la quiebra de la petrolera Oil Combustibles, la mayor empresa del Grupo Indalo, propiedad de los empresarios detenidos Cristóbal López y Fabián de Sousa, en una causa por administración fraudulenta.
La resolución fue adoptada por el juez Javier Cosentino un día después de que visitara la planta de la petrolera en la localidad santafesina de San Lorenzo, donde le anticipó a los trabajadores que dictaría la quiebra "con continuidad productiva".
En los fundamentos de la resolución, el magistrado dio por fracasado el "proceso de salvataje" de la compañía y destacó el "esfuerzo fáctico y jurídico destinado a evitar semejante desenlace".
Cosentino dispuso iniciar el proceso de salvataje a principios de abril para "permitir la reorganización de la empresa sin liquidación, manteniéndola en actividad en el mercado", según sostuvo entonces.
En rigor, la posibilidad de quiebra se comenzó a vislumbrar a fines de marzo, cuando los representantes legales de la AFIP rechazaron la posibilidad de otorgar una moratoria a la deuda de $ 8 mil millones derivada de no haber tributado el Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC).
En lo práctico, el fallo de Cosentino garantiza la "continuación de la explotación de la empresa por 30 días para evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo".
Según señaló el secretario legal del sindicato de Petroleros Unidos de San Lorenzo, Héctor Brizuela, el magistrado les aseguró que hay "tres firmas interesadas" en hacerse cargo de la compañía, y que estaba "garantizado el pago de los haberes de mayo y eventuales indemnizaciones".
En tanto, el fallo que dispone la quiebra, extiende el "plazo de intervención por 60 días" y apunta que "los interventores han dado cuenta de las diferentes tratativas" llevadas a cabo con "los interesados en la continuación de la gestión de la empresa".
Cosentino fijó un período de 72 horas "a partir de la notificación" de la quiebra a fin de que "potenciales inversores privados interesados en la eventual adquisición de la empresa en marcha, presenten sus propuestas en autos, en sobre cerrado y debidamente individualizado para su correcta identificación, o lo hagan de considerarlo per- tinente, a los interventores".
Las propuestas deben estar a cargo de "sociedades anónimas" que puedan demostrar su "capacidad técnica", su "solvencia financiera", y presentar una "nómina de accionistas", así como "los últimos tres balances certificados" y un "plan de negocios",
El juez Cosentino dio por fracasado el “proceso de salvataje” de la firma y destacó el “esfuerzo fáctico y jurídico destinado a evitar semejante desenlace”.
entre otros requisitos.
También se fija audiencia a la que se deberán presentar Cristóbal López y Fabián de Sousa el 17 de septiembre, a fin de que den "explicaciones en pos de determinar la composición del activo de la quebrada". Se mantiene además la "inhibición general de bienes" sobre la firma y se dispone la "interdicción de la salida del país" de los administradores Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.
El juez decretó también la "inhabilitación de los miembros del directorio" por un año, prohibió los "pagos y la entrega de bienes" de la empresa, y ordenó el "cierre de cuentas que tenga abiertas" así como la "interceptación de la correspondencia".