De qué se trata la maniobra que le imputan a Báez
Un juez federal local indagará al supuesto testaferro de la familia Kirchner mediante videoconferencia.
Lázaro Báez se apoyó en por lo menos tres conjuntos de compañías de Bahía Blanca para generar una asociación ilícita tendiente a evadir millones de pesos en impuestos, a través de facturas truchas, y generar un fuerte perjuicio al Estado nacional.
Ese delito es el que le imputa el juez federal Nº 1 de nuestra ciudad, Walter López Da Silva, quien lo citó a indagatoria para el 24 de agosto, aunque Báez -detenido en la cárcel de Ezeiza- no será trasladado a la ciudad, sino que la audiencia se realizará mediante videoconferencia.
Se trata del delito precedente que habría generado la famosa “Ruta del dinero K” que, según las sospechas, se lavó posteriormente en la financiera La Rosadita, de Puerto Madero, cuyas imágenes recorrieron todos los medios de comunicación.
De uno de los conjuntos de empresas (grupos Penta, Calvento y Terrafari) estaban a cargo los bahienses Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti, quienes también serán indagados entre el 28 y el 31 de agosto próximos.
Silvio, Antonio, Denis Ariel y Jorge Ferreyra, en tanto, deberán presentarse entre el 3 y el 6 de septiembre, por las facturas truchas emitidas por Constructora Patagónica Argentina SA.
Luego será el turno de los dueños de la empresa Iberoamericana de Servicios S.A., Mario e Iván Pedraza.
En el medio, además, serán citados Martín Báez, hijo de Lázaro y Rogelio Chanquía, contador de Ficcadenti.
Se cree que Báez evadió cientos de millones de pesos por el uso de facturas falsas, a través de la red de empresas bahienses, por servicios jamás prestados o por los cuales “inflaron” costos a favor de su empresa insignia Austral Construcciones, cuya quiebra se decretó hace días.
En el caso de los Ficcadenti, el monto irregular supera-
En esta batería de indagatorias también se incluye a Néstor Manuel Piñeiro, dueño de la financiera Crediba, que posiblemente estaba ligada a la operatoria.
ría los 50 millones de pesos.
Constructora Patagónica Argentina (empresa real de los Ferreyra) habría facturado por servicios que no otorgó o sobredimensionó sus prestaciones.
El último grupo (Iberoamericana de ServiciosPedraza) se inició en nuestro medio aunque luego se trasladó a Santa Cruz, siempre vinculado con Austral y, en algunos casos, a través de la intermediación de otro conocido del medio: Juan Ignacio Suris, quien espera sendos juicios por asociación ilícita fiscal y comercio de drogas.
Como complemento de esta causa, el juez federal capitalino Sebastián Casanello tramita otro proceso por el cual procesó al exjefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, por el supuesto encubrimiento de las maniobras de Báez.