Migrantes: acuerdo de fraternidad
El Consejo Constitucional de Francia dictaminó este viernes que las personas que ayudan de forma desinteresada a migrantes indocumentados no pueden ser enjuiciados, consagrando de esta manera el “principio de fraternidad”.
“Al igual que la libertad y la igualdad, que son los otros dos lemas de nuestra República, la fraternidad deberá ser respetada como un principio constitucional por los legisladores y podrá ser invocada ante las jurisdicciones”, dijo a la AFP Laurent Fabius, presidente de esta jurisdicción que controla la conformidad de la ley con la Constitución.
Por lo tanto, el Consejo Constitucional ordenó a los legisladores modificar antes del 1 de diciembre de 2018 varios artículos de ley que castigan la ayuda a la circulación y estadía de extranjeros sin papeles, ahora considerados inconstitucionales.
En cambio, el Consejo Constitucional reafirmó que “la ayuda a la entrada irregular” de migrantes sigue siendo castigada por la ley francesa.
Esta decisión, que fue tomada en un momento de tensión en Europa entorno a la inmigración, responde a un requerimiento de Cédric Herrou, un agricultor que se ha convertido en el símbolo de la ayuda a los migrantes en la frontera franco-italiana, y que exigía la abolición del “delito de solidaridad”.
“Es una inmensa victoria (...) que prohíbe castigar actos puramente humanitarios”, celebró el abogado de Herrou, Patrice Spinosi, en declaraciones a la AFP.
Herrou y otro militante habían sido condenados por la justicia por haber ayudado a inmigrantes en situación irregular que habían atravesado a pie la frontera desde Italia.
Es la primera vez que el Consejo Constitucional consagra el “principio de fraternidad”, recordando que “el lema de la República francesa es Libertad, Igualdad, Fraternidad”.
“Del principio de fraternidad deriva la libertad de ayudar a los demás, con fines humanitarios, sin considerar si su estadía en el territorio nacional es legal”, reza la decisión.
La mayoría de principios generales del derecho francés fueron aprobados después de la Segunda Guerra Mundial y es muy raro que se aprueben nuevos.
Los dos activistas que recurrieron al consejo habían sido condenados por la justicia francesa por haber prestado auxilio a migrantes indocumentados en el valle de la Roya, en la frontera entre Francia e Italia, cerca de una ruta por la que transitan cada día migrantes que buscan refugio en Europa.
Desde 2015, varios habitantes de este valle prestan asistencia a migrantes que llegan de Italia. Se trata principalmente de africanos que huyen de la inestabilidad que reina en sus países.
Ante los tribunales, Herrou explicaba que lo hacía como un acto “político” ante el “sufrimiento” de familias enteras frente a un Estado “que puso fronteras” pero que “no asume en absoluto sus consecuencias”.
Los legisladores tendrán por lo tanto que modificar el artículo 622-1, que castiga la ayuda a la entrada, circulación y estadía de indocumentados con cinco años de cárcel y una multa de 30.000 euros.
En su decisión, el Consejo precisa que se puede ayudar a los migrantes sin papeles con “consejos jurídicos, alimentos, alojamiento y atención médica (...) o cualquier otra ayuda que busque preservar su dignidad e integridad física”.
Esta decisión fue tomada en un contexto tenso sobre la migración. La semana pasada, los dirigentes de la Unión Europea (UE) adoptaron un abanico de propuestas para hacer frente a la llegada de migrantes, incluyendo la creación de “centros controlados” para migrantes, de carácter voluntario, en suelo europeo.
No obstante, varios países han rechazado instalarlos en su territorio.
“Se puede ayudar a los migrantes sin papeles con consejos jurídicos, alimentos, alojamiento y atención médica o cualquier otra ayuda que busque preservar su dignidad e integridad física.”