La dura tarea de ajustar en una recesión
Llegó la hora de la ver- dad. Finalmente el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tuvo que presentarle a los ministros de Economía provinciales la realidad del ajuste que habrá que hacer para cumplir con el FMI. Empezó por los propios, es decir por aquellos distritos gobernados por Cambiemos. Pero aún así el impacto fue duro. Por una serie de razones, el recorte necesario para 2019 asciende a $ 300.000 millones, una cifra mayor a la que el Gobierno había dejado trascender inicialmente.
Hay dos razones por las que será necesario un recorte mayor del gasto: La primera es que la devaluación encareció los subsidios, porque la generación de energía está dolarizada. Por lo tanto, será necesario un mayor aumento de tarifas al previsto. El problema es que no es sencillo hacerlo en medio de un año electoral.
En segundo lugar el esquema de ajuste jubilatorio y de planes sociales es la otra “pata”. La movilidad fue reemplazada por una indexación por inflación (70%) y de los salarios (30%), pero en ambos casos con referencia a los últimos seis meses. En consecuencia, tantos los haberes de los jubilados como la AAUH aumentarán incluso más que la inflación durante 2019, generando un problema aún mayor de las cuentas públicas. Las partidas sociales representan 58% del gasto total y es imposible “licuarlas” por este motivo.
Debido a estos motivos, pasar de un déficit de 2,7% a 1,3% de las cuentas públicas requerirá un esfuerzo mayúsculo. Y desde Casa Rosada ya les transmitieron a los gobernadores que al menos una parte de ese esfuerzo por recortar $ 300.000 millones tendrá que recaer en las provincias. Pero, ¿realmente es factible llevar adelante una negociación política para repartir entre todos el peso del ajuste? Estando el FMI de por medio y encima con un año electoral aproximándose, lu- ce muy difícil. Si el Congreso no aprueba el recorte en el Presupuesto 2019, la decisión es seguir gobernando extendiendo el aprobado este año.
Pero más allá de la política, que comienza a jugar un rol clave, llevar adelante un ajuste tan sustancial presenta el desafío doble de hacerlo en medio de un clima recesivo. Fracasó en ese sentido el gradualismo de Cambiemos, que consistía en no recortar gastos por ningún lado, pero que el propio crecimiento fuese reduciendo el rojo fiscal en relación al PBI. Claro que a mitad de camino los mercados decidieron no seguir financiando ese ajuste en cámara lenta, provocando una fuerte corrida cambiaria.
Salir de una recesión con más recortes generará problemas. Una suba adicional de tarifas para cumplir con el FMI implica quitarle más poder adquisitivo al público. Y la otra partida que habrá
Análisis económico
¿Es factible una negociación para repartir entre todos el peso del ajuste? Con el FMI de por medio y elecciones aproximándose, luce muy di cil.
Lo que más castigan los inversores que salen a vender títulos argentinos es la incertidumbre sobre quién ganará las presidenciales 2019.
que recortar en forma drástica es la obra pública. Según cálculos del sector privado, de un gasto de $ 210.000 millones habrá que pasar el año próximo a 150.000 millones. Los efectos de corto plazo sobre la actividad económica y el empleo pueden resultar muy fuertes, para peor en un momento en el que el sector privado se encuentra virtualamente paralizado ante la sorpresa de una aguda crisis que nadie vio venir.
Pero el ajuste fiscal hay que hacerlo contra viento y marea, aún cuando la oposición mire para otro lado. Cumplir con la reducción del déficit fiscal es la única forma de seguir recibiendo los desembolsos previstos del FMI. Hasta ahora fueron u$s 7.500 millones para fortalecer las reservas del Central y otro tanto para que el Tesoro salga a vender en forma gradual al mercado. A partir de septiembre serán u$s 3.000 millones en forma trimestral, por lo que el Gobierno estaría recibiendo unos u$s 23.000 millones del Fondo hasta fines de 2019, sólo para hacer frente a vencimientos de deuda.
Sin esos recursos del FMI, resultaría casi imposible hacer frente simultáneamente a los vencimientos de deuda y el rojo de las cuentas públicas. Por eso, el margen para no cumplir con las exigencias impuestas por el organismo es prácticamente nulo, salvo que se esté dispuesto a caer en un nuevo default.
Por lo pronto, uno de los temas que más le preocupa al Gobierno y también al FMI, es que los mercados continúen con elevados niveles de desconfianza. Aún luego de que el Fondo realizara su primer desembolso y con un tipo de cambio mucho más estable, los títulos públicos siguen sin reaccionar. No es un dato meramente del mercado financiero. El Gobierno necesita recuperar el acceso a los mercados, pero también lo precisan (y con más urgencia) provincias y empresas. No hay plan que pueda cerrar si el Gobierno no consigue fondos frescos.
El deterioro de la deuda argentina fue superior a la del resto de Latinoamérica. Algo parecido sucede con el tipo de cambio y el precio de las acciones. La percepción es que al dólar se lo bajó con medidas muy drásticas del BCRA, como la suba de encajes y aumentando fuerte la tasa de interés. Pero al no haber todavía certeza sobre el esfuerzo de ajuste fiscal del Gobierno, los bonos resultan castigados.
Y lo que más castigan los inversores que salen a vender títulos argentinos es la incertidumbre sobre quién ganará las presidenciales. Comprar títulos de mediano o largo plazo cuando no está claro quién puede gobernar y qué recetas aplicaría parece demasiado pedir en estas condiciones.