El OPDS y la Autoridad del Agua juntan esfuerzos para controlar
El subsecretario de Fiscalización y Evaluación Ambiental del OPDS, Manuel Frávega, explicó que aumentarán las multas a las firmas que cometan infracciones y que agilizarán los procesos para evitar que prescriban.
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA) firmaron un convenio de cooperación conjunta y un protocolo de asistencia con el objetivo controlar a las industrias e intercambiar información científica y técnica sobre las recursos hídricos bonaerenses.
La novedad fue dada a conocer por el subsecretario de Fiscalización y Evaluación Ambiental del OPDS, Manuel Frávega, quien en diálogo con “La Nueva” se refirió a la situación local y explicó algunas acciones que se llevan adelante para ser más eficaces en los controles a las empresas.
“La idea es realizar fiscalizaciones, controles contínuos e intercambiar información científica y técnica de efluentes líquidos y conformar mesas técnicas de trabajo integradas por profesionales de ambos organismos”, explicó.
El funcionario visitó la ciudad semanas atrás para hacer una recorrida por el Parque Eólico Corti y conformar una de las tantas mesas ambientales que se pretenden concretar en nuestra región.
“Empezamos por Bahía porque es una ciudad que tiene un polo de mucha importancia, que pretende ampliar sus procesos industriales, que cuenta con un parque eólico y además con una buena gestión del intendente Héctor Gay”, dijo.
“El acuerdo, histórico para la Provincia, establece la programación de actividades conjuntas de asistencia técnica y complementación institucional en materia hidroambiental, como así también el desarrollo de acciones de interés común e intercambio de información relativa a procedimientos y metodologías analíticas de trabajo para maximizar las capacidades técnicas y recursos de los laboratorios.
“Es muy importante para la Provincia que podamos trabajar de manera coordinada y a unificar criterios a la hora de fiscalizar, evaluar y tomar acciones para que el desarrollo de las ciudades sea sostenible”, afirmó.
Al mismo tiempo dijo que el gobierno de María Eugenia Vidal hizo fuertes inversiones para mejorar los laboratorios y entregar equipos de última tecnología y para que los inspectores de ambas dependencias puedan llegar a todos los rincones de la provincia para fiscalizar de manera eficiente.
Aumentan las multas
En otro tramo de la charla, Frávega contó que trabajan en mejorar la forma de notificar a las empresas sobre las infracciones que les realizan y que pretenden aumentar las multas por contaminación o incumplimientos.
“Creemos que las multas eran muy baratas y eso es una forma de decirle a los industriales que pueden seguir contaminando. Encima las gestiones anteriores era reticentes a poner sanciones caras, pero nosotros queremos ir en esa dirección”, aseguró.
A su vez reconoció que se concentran en acelerar los procesos de notificación a las empresas para evitar que las multas que se realizan prescriban.
En 2016 el juez en lo Correccional Nº 1, José Luis Ares, elevó actuaciones al fiscal general del Departamento Judicial La Plata, ante la posible comisión de delitos de acción pública por parte de ahora exfuncionarios por la demora en la tramitación de causas para lograr su prescripción.
El fallo del magistrado bahiense se dio en el marco de la absolución de la empresa PBB Polisur, por la supuesta emisión de humos negros, el 20 de abril de 2011, en la planta LHC I, dedicada a la fabricación de polietileno.
Ares sostuvo que, si bien él no comparte el criterio, la Suprema Corte de Justicia bonaerense prevé la prescripción de la acción contravencional en un año.
La sanción (multa de 150 mil pesos) se había fijado el 9 de mayo de 2012 (más de un año después del incidente) y la empresa fue notificada recién el 22 de noviembre de 2013, es decir un año y medio después.
El recurso de apelación se interpuso el 2 de diciembre siguiente y recién se concedió el 9 de diciembre de 2014. Y el ingreso de la causa en el juzgado de Ares, previo registro y sorteo por parte de la Cámara Penal, se concretó el 9 de diciembre de 2015. Es decir que todo el trámite insumió más de cuatro años.
“La prioridad es fiscalizar más para acortar los plazos entre que se hace las infracción y se le comunica a las empresas”, explicó.
“Es muy importante para la provincia que podamos trabajar de manera coordinada y a unificar criterios a la hora de fiscalizar, evaluar y tomar acciones”.