Bibliotecas: tras las quejas, se reanudó el envío de subsidios
La Provincia llegó a adeudar hasta cuatro meses, pero ahora quiere llegar a fin de año con los aportes al día. Alertan que hay unas 20 entidades en serio riesgo de desaparecer.
Referentes de bibliotecas populares de la región confirmaron que, tras las quejas por los fuertes atrasos en el pago de subsidios, la Provincia reanudó el envío de aportes. De todas formas, advirtieron que “todavía falta bastante” para normalizar la situación.
“Este año venían con un atraso importante, pero en los últimos días recibimos todo el dinero correspondiente al 1 de junio”, indicó Lorena Martín, tesorera de la Biblioteca José Ingenieros de Tres Arroyos.
Norma Aletto, presidenta de la Biblioteca Popular Coronel Pringles, destacó que la entidad recibió el doble del aporte mensual que le corresponde. De continuar este desembolso -calculó-, la Provincia recién se pondría al día antes de fin de año.
“Los subsidios provinciales llegaron a tener un atraso de cuatro meses, pero ya el mes pasado nos pagaron uno y, en este, dos; si siguen así, en unos meses más estarían al día”, estimó.
70 menos y 20 en riesgo
No todas las entidades, sin embargo, pudieron aguantar. Según datos de la Federación de Bibliotecas Populares (FBP), en los últimos años cerraron 70 de las casi 500 que había en la provincia.
Luis Zurueta, titular de la FBP, alertó que otras están en riesgo por “el atraso permanente en los pagos” y el desinterés de la clase política.
“El gobierno nunca se pone al día y eso genera que las bibliotecas reciban intimaciones de la AFIP y se atrasen en el pago de las cargas sociales. También hay puestos de trabajo en riesgo porque esos fondos se utilizan para pagar los salarios de los bibliotecarios”, dijo a la agencia DIB.
Gladys Meyer, tesorera de la Biblioteca Popular Infantil de Coronel Suárez, puntualizo que “hay unas 20 bibliotecas populares que están por cerrar producto de la deuda que mantienen con ellas y por los costos comunes, que se han multiplicado”.
“El problema es que no llega en tiempo y forma la subvención para el pago del sueldo de la bibliotecaria, y además muchas entidades no tienen casa propia, como nosotros. Desde La Plata nos pidieron conformar un grupo entre quienes nos sentimos más afectados, para ver si entre todos logramos que la Provincia gestione o colabore con un lugar efectivo para las bibliotecas populares”, describió.
Para Meyer el aumento de las tarifas -por las cuales no reciben ningún descuento o exención- ha sido un factor determinante para poner a las bibliotecas en el difícil lugar en el que se encuentran.
“El atraso era de seis meses cuando asumió este gobierno; luego bajó a un mes, pero de pronto empezamos a ir para atrás. Ahora nos deben abril, mayo y junio”, sostuvo.
Lo mismo confirmó la suarense Graciela Jacobo, bibliotecaria de la Biblioteca Popular Sarmiento, quien sostuvo que “la comisión directiva trabaja incansablemente para poder suplir la falta del subsidio”.
En este contexto, las bibliotecas están impulsando todo tipo de actividades para llegar a fin de mes.
"Hemos logrado mucho con las ferias de libros usados, los socios están en su mayoría con las cuotas al día y también tenemos ingresos mediante un bono contribución”, describió Aletto.
Otra opción son los talleres culturales. En la entidad, en septiembre, comenzará uno de bonsai.
Zurueta dijo que algunas bibliotecas también dictan apoyo escolar. Por algunas de estas actividades -lamentóhan tenido que empezar a cobrar un arancel.
“Cumplen un rol cultural y también social. No obstante, esas actividades ahora están en riesgo”, disparó.
La Biblioteca Popular Coronel Dorrego -cuya situación es atípica, ya que hace unos años renunció a los subsidios- se sostiene con un emprendimiento editorial y de servicios y un fuerte aporte de los socios, indicó su presidente Guillermo Meana.
“Sin embargo –admitió-, somos conscientes de la grave crisis que se ha producido en el ámbito de las bibliotecas populares, generada por el retraso en el depósito de los subsidios que en la mayoría de los casos son destinados por las instituciones al pago de los salarios y cargas sociales del personal”.