Reinicio de clases con adrenalina política
Para intentar disimular el enojo docente, la Provincia dictó la conciliación obligatoria y adelantó el pago de sueldos. De ese modo, la gobernación de María Eugenia Vidal empujó a los docentes a las aulas tras la finalización de las vacaciones de invierno, cuando el sindicalismo del sector había definido no arrancar las clases por 72 horas en reclamo por un aumento salarial que, a está altura del año, aún no se concretó.
No quedan dudas que Vidal busca retomar la iniciativa política después de pasar varias semanas soportando críticas por el caso de los “aportantes truchos”y por un contexto económico que sigue sin dar “noticias positivas”. Puntualmente y para imponer “criterios” en la pulseada salarial con el gremialismo docente los “operadores” de la Gobernación de calle 6 orientarán la antena a la esfera mediática, lugar desde donde el Ejecutivo se maneja con mayor comodidad.
“Los padres están hartos de protestas de este tipo, las cuales sólo están motivadas por cuestiones políticas-partidarias. Pareciera otra vez, que (Roberto) Baradel sufre de abstinencia de paros”, cuestionan legisladores de Cambiemos al líder gremial del Suteba.
En términos políticos, Baradel es para Vidal lo mismo que el camionero Hugo Moyano es para el presidente Mauricio Macri, según el razonamiento del PRO.
La estrategia promovida por la Provincia de declarar la conciliación obligatoria en el conflicto docente permitirá que la gran mayoría de los alumnos bonaerenses vuelvan hoy a clases. Técnicamente, la decisión ministerial no fue acatada por el gremio del Suteba, teniendo en cuenta que Ctera, la confederación que lo nuclea a nivel nacional, resolvió llamar a un paro de 48 horas para lunes y martes en distintas provincias, entre ellas, la de Buenos Aires.
Para el sindicalismo contique nuar adelante con 3 días de huelga desobedeciendo una conciliación obligatoria que pone en riesgo la personería gremial (según la letra chica de la resolución del área laboral estatal), con los sueldos de julio ya en los cajeros, un aumento a cuenta y la firme advertencia de que se descontarán los días no trabajados, era una jugada de alto riesgo.
Ahora la pelota la tiene la Provincia. Hasta que se cumplan los 15 días hábiles de la conciliación, los negociadores ministeriales de Vidal tendrán margen para hacerles nuevas propuestas salariales a los docentes.
“La Gobernación lo que pretenden es disciplinar las negociaciones paritarias”, afirman no pocos dirigentes del arco sindical.
En un peligroso contexto de confrontación, donde funcionarios, legisladores y dirigentes gremiales se disparan a quemarropa. Es decir, será una vuelta a clases con un clima de “tensa calma”.
Otra vez, a la campaña de desprestigio sobre el accionar gremial, se sumó una jugada de “último recurso” de la gestión Vidal: adelantar el pago salarial docente correspondiente al mes de julio para frenar el ausentismo en las aulas. Habitualmente, eso se conoce rústicamente como una decisión política “rompehuelga”.
Si para muestra basta un botón, no hay mejor reflejo un duro intercambio verbal. “El Gobierno bonaerense elige agudizar el conflicto con los docentes para disimular sus evidentes problemas políticos”, deslizó la jefa sindical de la FEB, Mirta Petrocini. Antes, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, le había imputado al gremialismo llevar adelante medidas de fuerza con “oscuros trasfondos políticos”.
En paralelo, distintos actores de Cambiemos reconocen que, en muchos casos, el reclamo salarial de los docentes es justo, pero que muchas veces, la conflictividad sindical “exacerban la discusión”.
A esta altura de los acontecimientos, parece necesario que el Ejecutivo –cumpla con una de las herramientas de la Constitución bonaerenseponga en marcha el tribunal de arbitraje independiente en resolución de conflictos. No se puede concebir que el Estado (a través del ministerio de Trabajo) “sea juez y parte en los conflictos”.
No es posible que hoy se llegue a niveles de alta conflictividad entre empleados estatales, docentes, profesionales de la salud pública, judiciales, policías etc., todos contra el Gobierno.
“Sin caer en chicanas políticas, ni responsabilizar a nadie en particular, no es posible que a tantos años después de sancionada la Constitución, no se haya cumplido con lo que marca la ley (creación del Tribunal que será competente para entender en los conflictos colectivos que se susciten entre trabajadores estatales y el Gobierno provincial) la democracia no puede estar sujeta a las inquietudes o urgencias de cada gobernador”, señalan desde el massismo legislativo.
El adelanto del pago salarial docente correspondiente al mes de julio tiene como objetivo frenar el ausentismo en las aulas.