La crisis alcanza a todos, también a los abogados penalistas
Varios letrados indicaron que los vaivenes económicos limitan el acceso al patrocinio de un defensor particular.
La crisis económica golpea a casi todos los rubros y los penalistas locales no están ajenos a las consecuencias, que no solo condicionan a personas de bajos recursos sino a las de clase media, a la hora de acceder al patrocinio de un defensor particular.
Para el abogado Mariano Jara existe una relación directamente proporcional entre los actuales vaivenes económicos y el delito.
“La crisis provoca delincuencia y va a ocurrir eso. Por un lado pensamos que esto va a hacer aumentar nuestro trabajo, pero por otro dudamos de que sea así porque la crisis no genera delincuencia de guante blanco”, opinó Jara.
“Por el contrario, produce delincuencia ultrabaja, cometida por un tipo que entra en la casa del vecino y le roba una carretilla, que después la vende. La crisis también se percibe mucho en las defensas penales de gente de clase media y no solo en la clase baja, porque el ladrón pobre siempre fue ladrón y vivió en la pobreza”, sostuvo.
Según Jara, es palpable que “la gente no tiene dinero”.
“Hace un tiempo defendí a un albañil que no tenía la plata para pagarme, pero al final la consiguió. En cambio ahora no cuentan con el dinero y tampoco tienen posibilidades de obtenerlo”, comparó.
En los casos de clientes de bajos recursos, que no pueden solventar sus honorarios, el penalista opta por derivarlos directamente a la Defensoría Oficial para que el asesoramiento legal gratuito corra por parte del Estado.
“Si roba para vivir y le cobro honorarios, tiene que seguir robando para pagarme, o sea que lo empujo a continuar delinquiendo. Cuando el cliente manifiesta no tener recursos para abonar nuestro asesoramiento, nos quedamos tranquilos porque en Bahía hay defensores oficiales sumamente profesionales”, remarcó.
Más opiniones
Esa misma línea remarcó su colega, Leonardo Gómez Talamoni, otra de las caras tradicionales en el fuero Penal.
“Los abogados particulares cobramos honorarios que fijamos según el caso y el Estado brinda un defensor oficial a la gente sin recursos, que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos”, explicó.
“Esas personas tienen el mismo derecho a ser defendidas que alguien con recursos para poder costear el asesoramiento de un defensor particular”, agregó.
Sobre la forma de pago por sus honorarios, Gómez Talamoni expresó que se “pacta” con el cliente la posibilidad de abonar en cuotas, aunque en su caso siempre de efectivo.
“Quizás cuando comencé mi actividad hace 25 años tomé alguna causa con bajos honorarios, porque me interesaba el caso o estaba entusiasmado porque recién me iniciaba. Lo hacía para ganar rodaje”, opinó.
Pablo Soteri, otro penalista independiente, se mostró de acuerdo con Jara en la incidencia que tiene la crisis económica sobre los acusados de clase media, quienes se ven condicionados al momento de contratar los servicios de un defensor particular.
“Esas personas hoy tienen que ser asesoradas por un defensor oficial”, aseguró.
“Depende del criterio de cada abogado particular no cobrar honorarios en determinadas causas, porque después se pueden percibir los honorarios mediante una causa civil”, agregó.
Soteri señaló que en alguna ocasión cobró en cuotas, aunque ese método de pago “no es recomendable” en Derecho Penal.
El abogado Maximiliano de Mira, con otra postura, opinó que los clientes de escaso poder adquisitivo “tienen la posibilidad de pagar un defensor particular” si se trata de una “urgencia”.
“No creo que por la crisis ahora haya menos clientes en esa condición recurriendo a defensores particulares. De alguna manera reúnen el dinero y en nuestra materia siempre es más sencillo el cobro en la clase media baja que en la media alta, que te 'pelea' cómo pagarte”, sentenció.
De Mira nunca aceptó el pago en especie, pero sí ha recibido dinero en cuotas mensuales.
A cambio de trabajos
Según Jara, algunos abogados cobran en especie pidéndole al cliente que, por ejemplo, realice un trabajo por él o firme el formulario 08 de un automotor.
“No acepto esa forma de pago porque si tengo un cliente de bajos recursos que quiere que lo defienda y lo complico económicamente con mis honorarios, le creo otro problema además del que ya tiene”.
“Cobro antes (del asesoramiento) y todo el dinero junto; si no tenés la plata generalmente te derivo con un defensor oficial. No tengo problemas con los pagos porque apunto a un mercado con un nivel económico más alto”, completó.
El profesional afirmó que aceptó el pago de sus servicios en cuotas cuando no estuvo en duda la cobrabilidad.
Sus honorarios rondan los 150 mil pesos en una causa por ejemplo de homicidio culposo.
“Es mucha plata para que un abogado te defienda hasta el juicio, instancia en la que cobra alrededor de 60 mil pesos más. La mayoría de las personas de clase media no puede afrontar esos gastos”, consideró.
Mariano Jara dijo que puede llegar a cobrar unos 150 mil pesos por defender un caso de homicidio culposo (accidente de tránsito), solo durante la instrucción de la causa. De llegar a juicio, otros 60 mil.