El futuro de Keiko Fujimori
La Justicia peruana reanudó el viernes una audiencia sobre el pedido de prisión para la líder opositora Keiko Fujimori, quien está bajo la lupa de un fiscal anticorrupción tras regir los destinos de Perú desde las sombras los dos últimos años.
La audiencia está a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, quien debe decidir si envía a prisión preventiva por 36 meses a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a otros 10 dirigentes y cuadros de su partido, el más votado en los comicios generales de 2016.
La fiscalía los acusa de conformar una “organización criminal” dentro del partido fujimorista, que recibió y encubrió 1,2 millones de dólares aportados ilegalmente por la empresa brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko en 2011.
En paralelo, una crisis interna estalló esta semana en el monolítico partido fujimorista Fuerza Popular (derecha populista), que controla el Congreso, que puede derivar en un quiebre.
El juez anunciará su decisión posiblemente el fin de semana, tras escuchar los alegatos del fiscal José Domingo Pérez y de los defensores de cada uno de los 11 investigados.
“El imputado Vicente Silva Checa está vinculado con la cúpula” que operaba como “una organización criminal” dentro del partido, dijo el fiscal al sustentar este viernes la prisión preventiva para este abogado, al que acusa de ser asesor en las sombras de Keiko.
Ella rechazó la imputación y calificó de “elucubraciones” la trama sobre la que se basa el alegato del fiscal Pérez.
“Yo lo que descarto es que el señor Silva tenga un vínculo con el partido. No es asesor de Fuerza Popular, no es mi asesor, no es militante del partido”, dijo a periodistas Keiko durante una pausa de la prolongada audiencia.
Desde el inicio de la audiencia el pasado domingo, los alegatos se centran en si existe peligro de fuga del país o de obstrucción a la justicia si los imputados siguen en libertad. El juez no debe pronunciarse sobre el fondo de la acusación.
“Me preocupa que (...) usted ya tenga una decisión tomada”, dijo Keiko al juez el jueves, calificando de “mentiras” las imputaciones del fiscal, quien momentos antes había afirmado que “solo la prisión preventiva de Keiko Fujimori garantiza la averiguación de la verdad”.
La defensora de Keiko, Giuliana Loza, lo rebatió indicando que “no hay argumento alguno para privar de libertad a Keiko Fujimori, ni siquiera por una hora”.
El miércoles, Keiko, de 43 años, suspendió los órganos directivos del partido y designó en su lugar un “comité de emergencia” ante esta crisis, que detonó en el peor momento para ella.
Keiko ha manejado en forma autocrática el partido desde que lo fundó en 2011, sin tolerar disidencias. En medio de esta crisis partidaria, Keiko adoptó un inusual tono conciliador, llamando a la “paz y el reencuentro” tras haber sido beligerante desde la campaña de 2016, que perdió ante Pedro Pablo Kuczynski.
Bajo control fujimorista, el Congreso no dio tregua a Kuczynski hasta forzarlo a renunciar a la presidencia en marzo.
Keiko no integra el Congreso, pero sus resoluciones eran dictadas por ella desde las sombras, amparada en la mayoría que tiene desde 2016.
Unos chats de Whatsapp y Telegram de Keiko y sus legisladores, presentados por el fiscal como evidencias en la audiencia, confirman la “sumisión” de estos.
Incluso Keiko les ordenaba cuando debían aplaudir un discurso o cuando debían quedarse indiferentes, según los chats.
Pero el desgaste por los problemas judiciales de Keiko, sus disputas familiares y su oposición obstruccionista ya le pasaron factura en las elecciones locales del 7 de octubre, en las que Fuerza Popular no ganó ninguna de las 25 gobernaciones ni alcaldía importante.
La popularidad de Keiko se ha desplomado, con 86% de desaprobación, nivel comparable solo al de su padre cuando colapsó su gobierno por un escándalo de corrupción generalizada y se marchó a Japón.
“Sigue adelante Keiko, tu hoja de vida es el mejor escudo frente a la arbitrariedad y la injusticia. Estos momentos tan difíciles nos seguirán uniendo cada día más”, tuiteó el expresidente el viernes.
Alberto Fujimori, de ancestros japoneses, de 80 años, está internado en una clínica en calidad de detenido desde que el 3 de octubre la justicia anuló el indulto que obtuvo mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.
El miércoles, Keiko (foto), de 43 años, suspendió los órganos directivos del partido y designó en su lugar un “comité de emergencia” ante esta crisis, que detonó en el peor momento para ella.