“Hay vocación del Estado para que la reinserción sea una realidad”
Desde hace casi un año al frente del Servicio Penitenciario Bonaerense, el doctor Xavier Areses no es de hablar públicamente. Nueva.” Aunque con “La hizo una excepción y se refirió a la delicada problemática carcelaria.
Sobre el uso de tobilleras con monitoreo, aclaró que si bien el control corresponde al SPB, la disposición es de cada órgano judicial.
“Tenemos más de 2.000 personas en esas condiciones y el quebrantamiento es del 3%. Estamos en porcentajes similares a países desarrollados que lo usan exitosamente”, explicó.
Reconoció que desde hace casi 20 años que no se construye una cárcel para 1.500 internos o más (la última fue la de General Alvear) y por ese motivo el uso del sistema alternativo se da en un “un contexto interesante”, con la posibilidad de reducir el gasto de recursos humanos, insumos y equipamiento.
Los presos con pulseras son monitoreados por una central que funciona en La Plata, las 24 horas de todos los días, con 130 operarios capacitados. Al activarse el sistema, el controlador se comunica con la vivienda y, de no obtener respuestas, da aviso inmediato al 911 y un móvil policial debe presentarse.
Obligación de medios
“Nosotros tenemos una obligación de medios: como poder del Estado nos ponemos a disposición de otro de los poderes, el Judicial, con medios para que el juez, evaluando las condiciones de las personas, el delito que cometió y las constancias del proceso, pueda establecer las medidas que estime pertinentes. Es el juez quien decide una morigeración o la rechaza, pero es importante que podamos ofrecer una herramienta más. Aportar una solución, aunque no es la única”, dijo.
Cuando se lo consultó sobre la frase del comisario general Gustavo Maldonado, acerca del “fracaso” del sistema resocializador, Areses sostuvo: “Estamos convencidos de que debe ser una política de Estado”.
“Durante la reciente inauguración de la cárcel de Campana, la gobernadora (María Eugenia Vidal) y el ministro (de Justicia, Gustavo Ferrari) dieron un mensaje muy claro: cuando se invierte en una cárcel modelo para jóvenes/ adultos, con la posibilidad de estudiar, de desarrollar actividades tratamentales y aprender oficios, hay una vocación del Estado para que la reinserción sea realidad y no solo la vocación, sino también la inversión”, afirmó.
Claro que este tipo de medidas -advirtió Areses- tienen que ser acompañadas por “la voluntad de los jóvenes detenidos y su compromiso para cumplir determinadas normas de conducta, porque al final del camino prima la decisión individual de las personas”.
La cárcel de Campana reunirá a detenidos de entre 18 y 21 años, con condenas menores a 5 años de prisión.
Más allá de la falta de construcción de nuevas cárceles, el jefe del SPB -que maneja a unos 24 mil hombres- estimó que el gobierno actual terminará su mandato con casi 3.000 plazas nuevas, lo cual equivale “a dos General Alvear”.
Y también destacó el esfuerzo en obras menos visibles, como el mantenimiento y la refacción de edificios viejos, la instalación de cloacas, la incorporación de aulas y talleres, la regularización en el suministro de alimentos y medicamentos y la realización de más de 150 simulacros de incendio, con cursos de capacitación en los propios pabellones en ese sentido.
De todas maneras sí dijo estar preocupado por la sobrepoblación carcelaria. “Es un desafío, pero también es un déficit de más de 15 años. Hay que continuar con la política de construir plazas y, posiblemente, de ampliar el sistema de monitoreo, siempre sujeto a las decisiones jurisdiccionales”, respondió.
Finalmente aludió a las dificultades para calcular con números la reincidencia, que durante el gobierno anterior se calculaba en 45%.
“Alguien puede reincidir y no volver al sistema y, por otro lado, hay que ver cuál es el corte de tiempo que se hace. Yo puedo decir que salieron 20 presos de la unidad 4 y que en los primeros dos meses no volvieron a delinquir, pero lo pueden hacer después”, comentó.