Dejó de viajar a la ciudad
Miembros de la filial local del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina, imputados de haber integrado una banda que coaccionaba a transportistas para que contrataran sus servicios, serán juzgados desde el lunes por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de nuetra ciudad.
Los acusados son Mariano Martín Llafar y Mario Raúl Aguiar, líderes de la presunta organización delictiva; Carlos Rodrigo Ciucci, Pablo Andrés Halberg y Salvador Florentino Quel, a quienes la fiscalía les atribuye asociación ilícita agravada por el ánimo de lucro, coacción y daño, entre otros delitos.
El debate se prolongará hasta el viernes y en las distintas jornadas se escucharán las declaraciones de aproximadamente 30 testigos, entre ellos choferes de camiones, empresarios transportistas y directivos de compañías del puerto local víctimas de este accionar ilegal.
También atestiguarán agentes policiales que participaron de la investigación y, eventualmente, prestarán declaración los imputados.
El fiscal Mauricio del Cero, a cargo interinamente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 18, sostendrá la acusación durante el debate oral, mientras que los codefensores Miguel Ángel Pierri, quien viajaría desde Buenos Aires para participar de las audiencias, y María Laura Bentivegna, patrocinarán a los procesados.
Quel es el único de los justiciables que llegará excarcelado a la etapa de enjuiciamiento, porque sus consortes de causa cumplen prisión preventiva.
El tribunal está conformado por los jueces Daniela Castaño,Eduardod'Empaire y Julián Saldías quienes, de encontrar culpables a los cabecillas, los condenarían a cumplir penas de entre 5 y 20 años de cárcel.
Respecto de las sanciones que les corresponderían a los demás acusados, las penas mínimas comienzan en 3 años de prisión pero los montos máximos son “incalculables” por la gran cantidad de “hechos en concurso que se suman aritméticamente”, explicó una fuente de la causa.
Los pseudosindicalistas operaron al menos desde noviembre de 2018 y la gavilla fue desarticulada por la Policía a fines de agosto del año pasado.
En allanamientos hechos en 6 inmuebles de Bahía Blanca y General Cerri, efectivos policiales detuvieron a los nombrados y secuestraron más de 3 millones de pesos, 1.600 dólares, vehículos, teléfonos celulares y una casilla rodante con la inscripción del gremio, entre otros elementos.
Bien organizados
Durante la instrucción del expediente, se investi- gó “la conducta de un grupo organizado y coordinado de personas que, a través de amenazas, coacciones y daños, procuraron doblegar la voluntad de empresarios relacionados al transporte y/o producción de productos agrícolas e insumos necesarios para su producción, concretamente fertilizantes”.
Así lo afirmó el doctor Del Cero, quien agregó que “el propósito era obligarlos a contratar los servicios prestados por los imputados (propietarios de camiones o de empresas de transporte) o, bien, de otros transportistas vinculados a ellos y agrupadas bajo la bandera del Sindicato Único de Fleteros seccional
Decisión. Juan Carlos González, dueño de Transporte Don Simón, en Bolívar, dejó de viajar a Bahía por la coacción que ejercieron contra sus empleados y los destrozos a camiones.
Denunciante. El empresario fue el primero en denunciar aprietes contra choferes de su firma.
Consecuencias. Por las presiones a conductores y los daños, González dejó de viajar a esta zona para cargar productos agropecuarios en el puerto y un empleado abandonó la actividad por amenazas. Bahía Blanca”.
Para lograr su cometido, coaccionaban a los propios tomadores de carga y/o sus choferes, y dañaban los vehículos con los que iban a retirar la mercadería en las terminales locales.
Los destrozos tenían un doble propósito: por un lado, en represalia por no acatar los requerimientos de la miembros de la organización y, por el otro, como estrategia para generar inquietud y temor hacia los restantes camioneros, las empresas renuentes o rebeldes a sus exigencias ilegales e, incluso, otras firmas.
“Existía una suerte de acción ejemplificadora para quienes no obedecían o tenían pensado no acatar las exigencias ilegales o rebelarse”, analizó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Planificación y ataque
La planificación de los ataques la efectuaban mediante audios telefónicos a
Nueva. los que La tuvo acceso. Estos archivos surgieron de escuchas a teléfonos celulares de los detenidos, incautados en requisas realizadas en diciembre de 2019.
Por medio de tareas de inteligencia, los acusados controlaban el ingreso y egreso de camiones en las plantas de las firmas Sea White, en Loma Paraguaya, y Bunge Argentina, en el kilómetro 673 de la ruta 3.
Si los transportistas se negaban a sus exigencias, los integrantes del SIUNFLETRA en cuestión arrojaban clavos 'Miguelito' sobre el pavimento para dañar los neumáticos de los rodados de carga.
En muchas ocasiones los choferes se retiraban de Bahía Blanca sin poder cargar cereal o fertilizante.
Los imputados, que habían instalado una casilla en Loma Paraguaya para imponer sus servicios, obtuvieron un importante rédito económico a raíz de esta actividad ilegal.
Por ejemplo, en un diálogo entre Llafar y Ciucci, dueño de la empresa de volquetes “Cabeza” (tal como su apodo), se planeaba dónde cometer los ataques contra camiones de carga y amenazar a los choferes.