La edad de imputabilidad se cuela en la campaña: qué dicen las estadísticas
Una jueza y una fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil analizan la situación y los números de los últimos 10 años.
Los menores y el delito es un tema que plantea discusiones, posturas y hasta declaraciones explosivas, sobre todo ante un hecho grave o en épocas electorales como la actual, donde la propuesta de bajar la edad de imputabilidad surge de manera casi instantánea.
Esto se reflotó en los últimos días cuando se divulgó un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que señala, según los registros de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), un incremento del 21% de la participación de jóvenes en hechos delictivos durante el primer trimestre de 2023 con respecto al mismo período del año anterior.
Desde el ámbito judicial local aclararon que estos números tienen relación solo con la Capital Federal y juzgados de competencia nacional, por lo que resulta un “análisis parcial”.
Mencionaron también que a nivel país el denominado delito adolescente no manifestó un aumento en los últimos años.
Esto se refleja en nuestra ciudad y la región, donde en la última década, según las estadísticas de la Procuración provincial, de cada 100 causas que se inician a personas mayores se registran solo entre 3 y 5 a menores.
De hecho esa relación disminuyóprogresivamente en ese lapso, ya que bajó de 4,8% en 2016, a 3,4% en 2021 y 2022.
En el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se dio en la última década un promedio de 1.177 causas anuales relacionadas con jóvenes menores de 18, cuando entre los mayores fue de más de 26.000.
Respecto de los delitos graves relacionados con adolescentes, hay que marcar que no existe variación en cuanto a la cantidad de homicidios -entre 1 y 3 hechos por año-, mientras que los robos con armas fueron disminuyendo en cantidad y en forma sucesiva, desde las 54 causas en 2013 hasta las 19 de 2022.
Sí se marcó en ese fuero -como pasó con adultosun fuerte crecimiento en la cantidad de delitos sexuales, que prácticamente triplicaron las cifras.
Entre 2013 y 2017 se contabilizaban entre 50 y 70 hechos anuales, mientras que desde 2018 a la fecha el promedio por año superó los 110 casos, con un pico de 153 delitos sexuales registrados el año pasado.
Delito sin aumento
“El panorama a nivel local es el mismo que en el país. El delito adolescente no ha aumentado, sino que se mantiene”, aseguró la jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Natalia Giombi.
La magistrada indicó que días atrás, durante el desarrollo de unas jornadas provinciales, Gloria Bonatto, en representación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), informó que en 2015 había en la Argentina 7.169 niños, niñas y adolescentes vinculados al sistema y hoy el número es de 4.112.
Mencionó además que en el territorio bonaerense “hay entre 700 y 800 jóvenes privados de la libertad y 50 chicos o chicas no punibles en esa condición”.
La jueza admitió -como marcan las estadísticasque “se advierte que el delito contra la integridad sexual se incrementó”.
Sobre las razones de ese aumento dijo que “tiene que ver con la incidencia de la nueva forma de vincularse y la digitalización. El aumento de la violencia digital tiene que ver con una etapa de la adolescencia donde la sexualidad es uno de los aspectos de la personalidad en el que hay más modificaciones o transformaciones”.
También remarcó Giombi la incidencia de un complejo “contexto social” y el incremento de las denuncias, destacando la importancia de la educación sexual integral.
Acerca de los pedidos o propuestas para bajar la edad de imputabilidad, explicó que “uno de los principios de la Convención de los Derechos del Niño, firmada por Argentina, es la no regresión. No podemos volver y afectar a niños, niñas y adolescentes disminuyendo la edad de punibilidad".
"Sistema rebalsado"
Esto no quiere decir que el Estado no deba establecer una ley donde se determine qué hacer con los chicos menores de 16 años que cometen delitos, más aún cuando son graves. El Estado no ha regulado cómo se aborda o trabaja desde el sistema de promoción y protección con esos jóvenes”, agregó.
Giombi refirió que “el sistema penal juvenil está rebalsado y todo lo que podamos hacer parecería que no alcanza. Las situaciones son cada vez más complejas y es necesario instrumentar políticas públicas, no se trata solamente de hacer una ley y bajar la edad.
"No puedo solo encerrar a un chico, tenemos que establecer qué hacemos con esa persona que llegó al sistema, incluso poniéndome en lugar de la víctima afectada por el delito.
Cuando ocurre un hecho grave el análisis no debe reducirse a bajar la edad de punibilidad, es más amplio y el tema merece un debate de manera integral, incluso con los diferentes sectores de la ciudad”.
Intervención y trabajo
La fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, BetinaÚngaro,sostuvo,por su parte, que “la cantidad de ingresos anuales se mantiene, con muy poca diferencia de año a año”.
Mencionó que en lo que transcurrió de 2023 se pusieron en marcha 725 causas, por lo que la proyección determina que en diciembre las cifras serían similares o levemente inferiores a las de 2022.
“El fuero tiene todas las competencias, es decir, por ejemplo, en casos de abusos sexuales, homicidios, robos. También abarca nuestra ciudad y toda la zona. Hay que destacar que se trabaja con los jóvenes punibles para la ley y con aquellos que no resultan punibles. Respecto de esto
En la última década se iniciaron en el Fuero de Reponsabilidad Penal Juvenil un promedio de 1.177 causas por año .
último, tenemos un trabajo enorme con causas en las que no vamos a poder llegar a una acusación fiscal, sin embargo se trabaja mucho para evitar que cuando sean punibles continúen en una linea distinta”.
Úngaro resaltó que en este fuero “no se trata solo de imputar un delito y elevar la causa a juicio, sino que el trabajo es mucho más am- plio”.
“Se interviene de acuer- do a la gravedad del delito y en caso de corresponder se piden medidas de seguri- dad en institutos especializados que se mantienen durante varios meses y des- pués se articula para ver cómo se sigue trabajando con ese niño, niña o adolescente, acompañándolo y evitando que se reitere en el delito, además, obviamente, de proteger y contener a las víctimas”.
Recordó que en la Ley de Proceso Penal Juvenil “el fin no es punitivo exclusivamente, sino promover que el joven llegue a formar una actitud constructiva frente
La fiscal Betina Úngaro resaltó que trabajan tanto con los jóvenes punibles como los que resultan inimputables.
a la sociedad, los derechos humanos y las libertades de las personas”.
Sobre el crecimiento de los delitos contra la integridad sexual, la representante del Ministerio Público consideró que “existe una mayor conciencia de denuncia”.
“Todos los avances que hubo en estos temas y con la perspectiva de género han hecho que la gente se anime más. No creo que antes hubiera menos hechos, sino que ahora hay más denuncias, investigaciones y condenas”, siguió diciendo.
Abuso de sustancias
En un análisis global de la situación, la letrada también mencionó la afectación que provoca el abuso de sustancias en la franja entre los 13 y 16 años.
“En esa etapa la influencia que tiene es notable. En todos los hechos graves o en la reiteración de delitos se observa la afectación por el consumo desde temprana edad, sumado a la falta de límites y contención, entre otras cuestiones que inciden. También hay que destacar que cuando se trabaja con ese niño, niña o adolescente y hay un tratamiento, la situación cambia mucho”.
Finalmente, sobre la permanente polémica por la edad de imputabilidad, dijo que está “a favor” de la reforma de la ley 22.278, porque es de 1980 y está en contraposición hasta con la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada en 1989. Esa ley necesita una reforma e incluso actualmente varios artículos se encuentran tácitamente derogados”.
“Se debería dar esa discusión y hay distintos proyectos, algunos de los cuales hablan sobre bajar la edad de imputabilidad. Ese no es el único tema, porque hay vacíos y la ley debería dar respuesta a lo que se debe hacer cuando un menor de 16 años comete un hecho de extrema gravedad. Se debería dar una discusión y establecer reglas claras”.