¿Cada vez hay más conflictos que se resuelven a los tiros o es una sensación?
Vivimos entre promesas electorales para “liberar” el uso de armas, un mercado ilegal ya instalado y un aumento de la intolerancia social y de los ajustes de cuenta, muchos relacionados con la comercialización de drogas.
Mientras en la campaña presidencial se escuchó fuerte la propuesta de liberar la portación de armas de fuego, para una más "eficaz" lucha contra el delito (falacia), la circulación y uso de armas ilegales es, hoy, una preocupante tendencia que no se atiende en la medida de aquella promesa electoral.
El crecimiento de la conflictividad y la intolerancia social y el incremento de los ajustes de cuenta, muchos relacionados con el negocio de la droga (no es casualidad que en varios de los allanamientos, además de estupefacientes, se secuestran pistolas o revólveres), dejan latente la sensación de que cada vez más disputas se resuelven a los tiros, con el riesgo que presume para propios y ajenos.
No hay que ir muy lejos en el tiempo para recordar los disparos a una fiesta en la calle Darregueira 2500, que terminaron con la joven vida de Agustina Galarza; los tiros contra la casa de Agustina Suárez Castro (26), en Segunda España al 2200, quien murió cuando cursaba un embarazo de 25 semanas, o el caso del chico de 15 años que disparó a la cabeza a otro de 16, durante el último verano, en una vivienda de la calle 1810.
Las estadísticas hablan. De hecho, a partir de 2019, debido a la incidencia numérica que tenían, la Procuración bonaerense decidió discriminar los delitos de abuso de armas, que antes se incluían en la categoría "Otros delitos contra las personas", y de portación y tenencia ilegal de arma de fuego, que hasta entonces figuraban dentro de "Otros delitos contra la seguridad pública".
Cifra blanca y negra
En el Departamento Judicial Bahía Blanca (va desde Tres Arroyos hasta Patagones) se inician unas 230 causas anuales por los delitos de tenencia ilegal de armas y abuso de armas, de las cuales aproximadamente 130 corresponden solo a nuestra ciudad.
Quiere decir que cada semana, en promedio, la Policía bahiense debe intervenir en al menos dos hechos de estas características, muchos de los cuales suceden en la zona periférica de la ciudad, sin contar las miles de amenazas que se denuncian anualmente, muchas de las cuales incluyen el uso de armas.
Si bien la estadística registrada tiende a amesetarse, e incluso muestra una disminución en la proyec- ción de 2023, al margen de los datos oficiales existe una gran "cifra negra" (hechos no denunciados), que engrosa notablemente la lista.
Se cree que muchas de las víctimas deciden no formalizar la denuncia de
El 95% de las armas que existen en el circuito ilegal provienen del legal, según reconoció el abogado Martín Angerosa.
un ataque en su contra porque saben que lo van a resolver de manera personal, agravante que profundiza la espiral de violencia.
Cuestión de mercados
El abogado Martín Angerosa, miembro fundador de la Red Argentina para el Desarme y cofundador de Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada, estimó que en la Argentina hay unos 4 millones de armas, de las cuales poco menos de la mitad están registradas.
“Hay que saber de dónde vienen las armas que están en la calle, la ruta de las mismas. En el 95% de los casos las armas provienen del mercado legal. Todas ellas tienen marca, modelo y fueron fabricadas en el país o importadas. Es decir que al menos una vez hubo una comercialización legal en cada caso y después se desviaron al mercado ilegal”, sostuvo a “La Nueva.”.
El experto en seguridad pública y prevención de la violencia armada opinó que “cuantas menos restricciones haya para tener un arma de fuego”, una mayor cantidad de ellas van a terminar en el circuito de la ilegalidad.
“Cuando un padre tiene miedo a la inseguridad y se compra un arma, paradójicamente lo que está haciendo es introducirla en su casa y poner en riesgo a su propia familia, además de la posibilidad de alimentar ese mercado si le roban. Hay que trabajar sobre los dos mercados, perseguir al ilegal y controlar al legal”.
Según las estadísticas, el 70% de los legítimos usuarios o usuarias informados por la ANMaC cuentan con la credencial vencida.
“Hay un enorme porcentaje que ha dejado de renovar sus licencias. Esto se produce por desidia o porque algunos alegan que son muy altas las tasas, pero un arma de fuego cuesta 100 mil pesos y la tasa 2 mil”, comparó Angerosa.
“Esto es como el auto, si no pagás el seguro no estás cubierto y si no abonás la patente la debés. Ese un bien registrable y hay que cumplir con los requisitos, de lo contrario se debe entregar. Quienes no lo hagan se exponen a que los inhabiliten y que la tenencia de esa arma se convierta en ilegal y se expongan a sanciones penales”, continuó.
Delitos conexos
El especialista también se refirió a la conexión que existe entre el tráfico de drogas y la utilización de armas de fuego.
“Los tres delitos de la criminalidad compleja están muy relacionados entre sí.