Estafas con viviendas: fracasó una mediación y avanzará la vía judicial
El fiscal Gustavo Zorzano asumió la causa luego de que las víctimas rechazaran, durante una conciliación previa, la propuesta de pago de la deuda millonaria presentada por la denunciada María José Martínez, titular de la firma La Quimera.
En torno de estafas millonarias con la venta de viviendas industrializadas en nuestra ciudad y la zona, por parte de una pringlense, fracasó un acuerdo prejudicial entre las partes y ahora la investigación continuará a cargo de la fiscalía.
Por el caso denunciaron a María José Martínez quien, como responsable de la empresa constructora La Quimera, al parecer estafó a unas 20 familias de Bahía Blanca y la región por aproximadamente 40 millones de pesos.
En la audiencia de conciliación entre la denunciada y personal de la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC) del Ministerio Público Fiscal, Martínez insistió con su intención de devolver el dinero a los estafados y elaboró una propuesta de pago a cada uno de ellos.
Funcionarios del organismo de mediación transmitieron la oferta de Martínez a los agraviados.
Sin embargo el intento de conciliación falló debido a que ninguno -o casi ningunode los damnificados aceptó el ofrecimiento de la mujer, quien participó del procedimiento privado de manera virtual, con el asesoramiento de un abogado.
“Tengo entendido que la gran mayoría de las víctimas rechazó la proposición de Martínez, así que continuamos con el proceso penal. Ahora todo queda en manos de la fiscalía para que continúe las actuaciones hasta su (eventual) detención”, informó la abogada Claudia Piccadaci, madre de uno de los defraudados.
El trámite de la Investigación Penal Preparatoria quedó a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10.
Entre los perjudicados hay grupos familiares de Bahía, Punta Alta, Pehuen Co, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Sierra de la Ventana, Benito Juárez y Adolfo Alsina.
Martínez, por medio de la compañía que dirigía al momento de los supuestos fraudes, firmó un contrato con sus “clientes” para la ejecución de unidades habitacionales mediante la técnica steel framing, pero no se construyeron pese al pago de las sumas acordadas para iniciar las obras.
Uno de los defraudados desembolsó alrededor de 4 millones de pesos y en otros casos perdieron 5.000 dólares, como también entregaron un vehículo en parte de pago.
“Uno se adhería al plan pagando cuotas mensuales de $ 22.000 en 2021 y, por ejemplo, a la cuota 22, Martínez iniciaba la obra que tardaba 3/4 meses. A partir de ese momento se seguían abonando cuotas mensualmente”, precisó Piccadaci.
La mayoría de los denunciantes hizo entrega del importe correspondiente a las 22 cuotas para garantizar el inicio de los trabajos, aunque en casi todos los casos solo se construyó la platea.
“A algunos les colocaron los parantes para comenzar la obra y no se hizo más nada. En nuestro caso, la platea la hizo mal y ni siquiera sirve para que otra empresa haga la misma construcción (en este sistema se utiliza un marco esquelético de columnas metálicas verticales y vigas horizontales). Hay que romperla toda porque no sirve para nada”, dijo.
“Son todos trabajadores que necesitaban la casa para vivir y entregaron lo que pudieron; algunos sufrieron mucho por esta situación. Hay padres que tie
Conciliación. “Como la intención de los damnificados es recuperar algo del dinero, la fiscalía elevó la causa a mediación penal para tratar de lograr una conciliación, porque quizá Martínez intenta cumplir para evitar ir a prisión”, había dicho Piccadaci, meses antes del fallido proceso para la resolución del conflicto.
Positivo. “Esto sería positivo para las dos partes. Ella se comprometió públicamente a cumplir y después, en mediación, aceptó llegar a un acuerdo con los denunciantes, según lo que me informaron en fiscalía”, agregó. nen hijos discapacitados y quedaron en la calle porque estaban alquilando o viviendo de prestado”, completó la abogada.
El daño
La afectación a las víctimas no solo es económica sino también a la salud, porque algunos de ellos comenzaron a padecer “ataques de pánico” y otras consecuencias psicológicas.
Además, los afectados son en gran parte inquilinos que, a raíz de estos delitos, vieron frustrada su “ilusión” de la casa propia y, por otra parte, Martínez se habría aprovechado de esa situación de urgencia.
“La construcción de estas viviendas era muy importante porque los damnificados no invirtieron para levantar su casa con tiempo y tranquilidad, sino que tenían una urgencia y por eso confiaron en Martínez”, remarcó la abogada.
Las denuncias penales contra la mujer comenzaron a presentarse en octubre del año pasado. Una de las sucursales de La Quimera funcionó en Bahía Blanca.
En el contrato de adhesión entre las partes, Martínez -con domicilio en Coronel Pringles- incluyó una cláusula indemnizatoria en caso de incumplimiento, que ella misma violó.
“Por cada día de atraso de cualquiera de las dos partes, ya sea en el pago o en la construcción, se debía abonar una multa de 10 dólares. La mayoría de los estafados creyó en ella justamente por esta cláusula”, explicó.
“La gente cumplió, pero Martínez no, por eso desde el primer día de incumplimiento está corriendo esa multa de 10 dólares diarios. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 2021; no sé cómo la va a pagar”, finalizó Piccadaci.