Vacantes judiciales: sigue la sangría y preocupa la falta de nombramientos
En breve se jubilarán dos camaristas penales y pasarán a ser 33 los puestos vacíos en los últimos 4 años, con apenas 4 cargos designados para esas coberturas.
El primer paso para optimizar el servicio de justicia es, seguramente, que los juzgados tengan jueces.
De lo contrario resulta difícil exigirle celeridad y eficiencia, cuando el resto de los poderes no la tienen para designar reemplazos.
Bahía, como sucede en todo el territorio provincial (donde hay más de 700 vacantes), vive una situación acuciante en esta materia, que se ve reflejada en el Ministerio Público Fiscal, encargado de llevar adelante las investigaciones de los delitos y con múltiples sillones vacíos.
En los últimos 4 o 5 años se jubilaron o retiraron del
Poder Judicial en Bahía un total de 31 magistrados de Bahía Blanca y apenas cuatro de esos cargos fueron cubiertos por concurso.
En el ámbito judicial, se trata de la designación del doctor Jorge Federico Mercado, quien en agosto de 2021 dejó de ser auxiliar letrado y se convirtió en juez de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial, en medio de un paquete de 31 pliegos que aprobó la Cámara de Senadores bonaerense.
Y del doctor Julián Saldías, quien el mismo año también dejó de ser auxiliar y juró como juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3, para ocupar el sillón que había desocupado su colega Raúl Guillermo López Camelo, tras su jubilación.
Con respecto a los fiscales, también en 2021 asumieron Diego Torres (Delitos Sexuales) y Carlos Human (Penal Juvenil), pero el déficit es muy grande.
El panorama se advierte más crítico en el ámbito penal, donde es mayor la exposición y los reclamos sociales, por intervenir en causas por delitos, muchos de ellos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas.
Ese fuero, en los próximos meses, va a perder otros dos funcionarios.
Serán dos camaristas que se jubilan: Alfredo Hernán Mones Ruiz (Sala II), quien se irá en noviembre y Pablo Hernán Soumoulou (Sala I), en diciembre o marzo próximos.
A partir de esas novedades, la Sala I de la Cámara Penal quedará integrada solo con el doctor Gustavo Barbieri, ya que los otros dos lugares permanecerán vacantes, mientras que la Sala II tendrá 2 de 3: sus colegas Guillermo Rodríguez y Guillermo Petersen.
Cada sala de la Cámara Penal, como órgano revisor de segunda instancia, interviene en unas 100 causas por mes.
Tiene competencia en apelaciones del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, como tribunal intermedio en faltas municipales (también juzgados de paz de la región), en apelación de las contravenciones, en las causas de mayores (salvo las de delitos criminales, que van directamente a Casación), en todas las de ejecución penal (aquellos condenados) y en los amparos de todos los tribunales (salud, trabajo, etc.) porque los amparos tramitan ante cualquier juez.
Sobrecarga en mayo
Los que virtualmente están "detonados" son los 4 juzgados de Garantías, encargados de fiscalizar las causas penales en trámite (autorización de allanamientos, detenciones y prisiones preventivas, secuestros de efectos, elevación de causas a juicio, medidas cautelares, etc.), con intervenciones que en la mayoría de los casos requieren celeridad porque los plazos son cortos o existen necesidades investigativas.
Solo dos (números 2 y 4) tienen jueces titulares (Guillermo Mércuri y Marisa Promé), mientras que en los restantes (El 1 lleva más de 3 años sin titularidad) se debe subrogar con integrantes de otros fueros, como Menores o los propios del área. Quiere decir que hay magistrados que tienen a cargo dos organismos a la vez.
Los juzgados de Garantías que están sin jueces, según reconocen los propios empleados, deben optimizar su organización diaria para mitigar la ausencia.
Esto se da especialmente desde el 8 de mayo pasado, cuando la Corte provincial, a través de la acordada 4099, dispuso que todas las medidas cautelares relacionadas con violencia en contexto familiar o de género deben ser resueltas por los Juzgados de Garantías.
"Hasta ese momento las atendían los 10 juzgados de Paz y los 3 de Familia de Bahía y la región, pero con esta carga debemos definir unas 200 medidas cautelares por cada turno de 15 días, no menos de 15 por día, incluyendo sábados y domingos. Algo que antes hacían 13 juzgados, ahora lo hace el juzgado de Garantías en turno", explicó un funcionario.
Se le planteó a la Corte la posibilidad de crear una oficina especializada para este tipo de cautelares, pero por el momento no hubo avances.
"El trabajo en los juzgados de Garantías se incrementó un 30% o 35% y ya era colapsante con lo anterior", agregó otro vocero.
Esta situación repercutió en la salud de varios. Hay personal con carpeta médica y letrados que directamente decidieron renunciar.
"Se traba en la política"
La presidenta del Colegio de Magistrados a nivel local
En la provincia se inician más de 900 mil causas penales por año, de las cuales unas 30 mil son de Bahía.
y regional, Miriam Carpintino, aseguró que en nuestro departamento existen vacantes de 5 años o más y que la situación es crítica y preocupante.
"No sabemos por qué no se designa. Al principio era porque no se llamaban a los exámenes, pero el Consejo de la Magistratura se puso el tema al hombro y tomó exámenes y corrigió en tiempo récord, pero cuando pasa a la legislatura, al acuerdo del Senado y a la propuesta del gobernador, se frena. Se traba en la política", explicó la también jueza de paz de Villarino.
En la misma línea, dijo que desconoce si tiene que ver con cuestiones internas de la política, pero opinó que "es lo más probable".
"Nosotros nos sentimos afectados como trabajadores pero, en realidad, la que más afectada está es la ciudadanía en general, porque no recibe el servicio que corresponde, más allá de que hay varios jueces y fiscales que están a full, incluso con dos organismos a cargo, pero obviamente que los tiempos no son los mismos", dijo Carpintino.
Sobre la problemática en los juzgados de Garantías, reconoció que son de los que más cúmulo de trabajo sumaron y que hubo una propuesta elevada a la Corte, cuando visitó la ciudad el juez Daniel Soria, pero que están a la espera de una respuesta.
Advirtió Carpintino que se están dando cada vez más casos con carpetas médicas porque "la salud pasa factura" y que "se están dando" cada vez más migración de personal y funcionarios hacia otros fueros o al sector privado.