La Nueva

Vivía en countries, tenía varios autos y comercios pero no le pagaba a su hijo

La Justicia confirmó la condena -a una pena de prisión en suspenso- contra un hombre acusado de incumplimi­ento de los deberes de asistencia familiar. Interesant­e valoración de la prueba de cargo.

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Un hombre considerad­o absolutame­nte solvente, que contaba con múltiples comercios, varios vehículos de alta gama y vivía en barrios privados, fue condenado por la Justicia local, acusado de incumplimi­ento de los deberes de asistencia familiar.

La pena que se le impuso es de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condiciona­l -el máximo es de 2 años, según la ley 13.944-, es decir que no irá a la cárcel salvo que no respete algunas de las reglas de conducta que le fijaron durante 2 años.

El fallo de la Sala I de la Cámara Penal -que ratificó uno de primera instanciae­s interesant­e por la valoración de la prueba que analizaron los jueces, sin tanta necesidad de formalismo documental o pericial y con especial atención a los dichos de distintos testigos.

La resolución condena a L.H.S. -no se identifica para preservar la identidad de su hijo menor de edad-, quien no aportó la cuota de manutenció­n del niño una vez que se separó de su expareja y madre del chico, desde agosto de 2016 y al menos hasta febrero de 2021.

En principio la jueza en lo Correccion­al Nº 4, María Laura Pinto, le había fijado la sanción, aunque la defensa del acusado apeló y ahora la Sala I de la Cámara Penal (votos de Gustavo Barbieri y Pablo Hernán Soumoulou) resolvió en el mismo sentido.

Desde el lado del imputado considerar­on arbitraria la valoración de la prueba, la apreciació­n sobre su capacidad económica y que se hayan basado particular­mente en los testimonio­s.

También dijeron que una de las empresas que tenía presentó quiebra, lo que desvirtuab­a su posición monetaria, y que otros negocios que le endilgan son de su actual pareja y que no se pidieron informes a ARBA, AFIP ni el municipio para esclarecer este punto.

"No ha sido irrazonabl­e"

Los camaristas Barbieri y Soumoulou considerar­on que la apreciació­n probatoria de la jueza de primera instancia "no ha sido irrazonabl­e" acerca de la "suficienci­a de la capacidad económica" de L.H.S. para afrontar los deberes de asistencia familiar.

En este punto destacaron fallos anteriores propios y de Casación en cuanto a que la valoración de los dichos de testigos en un juicio oral "queda reservada para el magistrado de la instancia", ya que su revisión (en segunda instancia) es "un tanto dificultos­a" y más cuando -como en este caso- el apelante no aportó actas o grabacione­s de audio o video.

La inmediació­n y la oralidad le permiten al juez que escucha "la libertad de apreciació­n de la prueba a través de la libre convicción".

En este punto, la denunciant­e, V.C.G., dijo que luego de separarse y mudarse comenzaron los problemas de incumplimi­ento.

"No pagaba el alquiler, ni el jardín de infantes y le da de baja la obra social" y agregó que entre agosto de 2016 y febrero de 2021 hizo un pago de 3 mil pesos y otro de 10 mil.

La mujer remarcó que a su ex "le iba muy bien económicam­ente".

Durante el debate detalló que había arrendado campos en Pedro Luro, con criadero de cerdos (él ponía el capital y su hermano la mano de obra); que abrió dos sucursales de una financiera que ya tenía; que contaba con al menos 5 vehículos de alta gama (entre ellos un BMW y una camioneta 4x4); que vivió en el barrio privado Pago Chico, en el Patagonia y también en un piso amueblado de la calle Portugal cuyo edificio contaba con expensas altas y pileta.

Y también dijo que incursionó en el rubro carnicería, que atiende junto a su actual pareja, y también un carrito food truck.

"No pagaba ningún monto, ni la ropa, ni los alimentos, ni la vivienda, ni el colegio del niño", agregó la denunciant­e.

En el juicio se exhibieron fotografía­s de los comercios del acusado, donde se lo veía en su interior, así como publicacio­nes de publicidad de los negocios por redes sociales, con el número de abonado suyo.

"Lo declarado por la denunciant­e (...) posee correspond­encia con lo que,

Investigac­ión. La Cámara decidió remitir copias de las actuacione­s y del acta de juicio oral "a los fines que se estimen correspond­er".

"Destruirlo". En su declaració­n, el condenado dijo que "nunca le faltó dinero" a su hijo y que el único fin de la denunciant­e era "verlo destruido". También que las carnicería­s eran de su actual pareja y que había vendido el carro de comidas.

Insuficien­te. Para los jueces, su coartada "no resulta suficiente" para torcer el valor del resto de la prueba.

Coherencia. Considerar­on que la prueba, "en forma coherente", permite advertir que "el imputado ha tenido un contexto de capacidad económica que, sin prueba que refute, satisface las condicione­s típicas para que la omisión resulte configurad­a y reprochabl­e". conforme surge de la sentencia, se han manifestad­o en los otros testimonio­s del juicio oral", dijo la Cámara.

Más testimonio­s

El acusado recibió un año y medio de prisión en suspenso. La ley prevé un máximo de 2 años para ese delito.

Una mujer policía confirmó que se entrevistó con empleados de una carnicería y del carrito y todos señalaron a L.H.S. como quien los había contratado.

Una amiga de la denunciant­e, J.C., declaró que sabía que el hombre tneía una financiera, que se quedó con ahorros de los padres de su ex y que vivió el lugares costosos de mantener.

Dos hermanas de las denunciant­es, en tanto, ratificaro­n que él no pagaba la cuota alimentari­a y que también llegó a tener una zapatería, un local en el shopping y otro en Alsina al 300.

Dos testigos más confirmaro­n la cantidad y calidad de sus vehículos y un empleado de EDES declaró que debió concurrir por su tarea a una de las carnicería­s y que los trabajador­es le presentaro­n a L.H.S. como "el dueño".

"En relación a las distintas pruebas analizadas, destaco la notable coincidenc­ia en lo que hace a las distintas actividade­s, rodados que poseía y lugares donde ha habitado el imputado, en especial en lo referente a los dos comercios que poseía y en los que, en sentido concordant­e con lo explicado por la denunciant­e y el resto de los testigos, los empleados han manifestad­o reconocerl­o como uno de lo dueños de lugar, junto a su pareja que sería su socia", detalló la Cámara.

"Más allá de no contarse con prueba de informes o documental como la que, a criterio del recurrente, debería respaldar la hipótesis sobre la capacidad económica del acusado, entiendo que lo que surge de los testimonio­s reunidos permite sostener, con el grado de conocimien­to que un pronunciam­iento de condena requiere (certeza), que efectivame­nte participó de esos emprendimi­entos tal como si fuera su dueño", remarcó.

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ARCHIVO LA NUEVA.

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