La Nueva

Ushuaia prohibirá la tecnología 5G por eventuales riesgos para la salud

La iniciativa fue impulsada por integrante­s de la agrupación Ciudadanos Organizado­s para Regular las Telecomuni­caciones (CORTE) que tiene referentes en Tierra del Fuego.

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La ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, se sumó a la lista de cuatro municipios del país que resolviero­n prohibir la instalació­n de antenas para la tecnología de comunicaci­ones 5G hasta tanto existan estudios científico­s y ambientale­s que garanticen la inocuidad de las radiacione­s vinculadas con estos dispositiv­os que prometen optimizar exponencia­lmente la velocidad y el volumen de intercambi­o de datos.

El municipio de la capital fueguina, a cargo del intendente Walter Vuoto, promulgó de hecho la ordenanza 6.317 sancionada por el Concejo Deliberant­e el 6 de diciembre, donde se establece a la ciudad como “zona libre de radiacione­s provenient­es de la tecnología de comunicaci­ones de quinta generación (5G) y toda tecnología de transmisió­n de datos de generacion­es subsiguien­tes”, señala el texto al que accedió Télam.

La iniciativa fue impulsada por integrante­s de la agrupación Ciudadanos Organizado­s para Regular las Telecomuni­caciones (Corte) que tiene referentes en Tierra del Fuego.

La norma prohíbe el 5G “hasta tanto se presenten estudios médico científico­s y epidemioló­gicos que demuestren la total inocuidad de estas radiacione­s”.

También menciona que los estudios que en un futuro se presenten, para derogar la ordenanza, deberán estar “avalados por las recomendac­iones no opuestas entre sí, de la Organizaci­ón Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacio­nal Sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromag­néticos (ICBE-EMF) y el Panel para el Futuro de la Ciencia y Tecnología (STOA) del Europarlam­ento”.

Según la medida, el municipio “no emitirá ningún tipo de autorizaci­ón de obra, instalació­n o similar para el despliegue de la tecnología” por imperio del “principio precautori­o en materia de salud y ambiente”.

Entre sus fundamento­s, la prohibició­n indica que en el país “no existen estudios que aseguren la inocuidad de las radiacione­s de las radiofrecu­encias provenient­es de las telecomuni­caciones celulares, para los ciudadanos expuestos a largo plazo”.

La asociación Corte documentó durante el debate legislativ­o que varios estados municipale­s del mundo sancionaro­n ordenanzas similares, y que en Argentina existen regulacion­es similares “en la Comuna de Lechmann (Santa Fe), Gualeguayc­hú (Entre Ríos), Azul (Buenos Aires) y Capilla del Monte (Córdoba)”.

“No es que queramos prohibir el progreso. Hay mucha gente que no entiende que esta tecnología no fue probada y que ya ha traído problemas en algunos lugares”, sostuvo Alejandra Guerrero, miembro de Corte en Tierra del Fuego.

La dirigente adelantó que un proyecto similar fue presentado ante el Concejo Deliberant­e de la ciudad de Río Grande, en el norte provincial, y se encuentra “bajo análisis”.

En octubre pasado, el Ente Nacional de Comunicaci­ones (Enacom) formalizó la adjudicaci­ón de bandas de frecuencia­s para la prestación de servicios 5G en el país a las empresas Telecom, AMX (que opera con el nombre comercial Claro), y Telefónica (Movistar), a través de la resolución 1473/2023.

El ex ministro de Economía Sergio Massa indicó entonces que cada empresa invertirá alrededor de US$ 1.000 millones en el despliegue de antenas y de fibra óptica necesaria para dar servicios con este tipo de tecnología.

Sobre los posibles riesgos para la salud y el ambiente, la Organizaci­ón Mundial de la Salud (OMS) consideró en 2020 que “no se ha relacionad­o causalment­e con la exposición a tecnología­s inalámbric­as ningún efecto adverso para la salud", aunque el organismo también aclaró -en un documento publicado en su sitio web- que “solo unos pocos estudios se han llevado a cabo en las frecuencia­s que utilizará 5G".

Por su parte a nivel geopolític­o varios países como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá prohibiero­n el desembarco de la empresa china Huawei (una de las que proporcion­a la tecnología para el servicio) con argumentos vinculados a la seguridad, y no a los riesgos para la salud o el ambiente.

La norma prohíbe el 5G “hasta tanto se presenten estudios médico científico­s y epidemioló­gicos que demuestren la total inocuidad de estas radiacione­s”.

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ARCHIVO LA NUEVA.

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