El sector pesquero enfrenta un tsunami llamado ley ómnibus
Honda preocupación viene generando el paquete de modificaciones impulsado por el gobierno nacional, aunque podría haber cambios que eviten males mayores.
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Como un verdadero tsunami, con efectos potencialmente devastadores, recibió el sector de la pesca las modificaciones que propone el gobierno nacional para el sector, y que están incluidas el proyecto de ley ómnibus.
En tal sentido, la oposición a las medidas impulsadas abarcó en lo últimos días un enorme arco que incluye a gobernadores, intendentes, empresarios, especialistas en geopolítica, ambientalistas y trabajadores.
A tal punto llegó el malestar imperante que el gobierno nacional iniciaría reuniones con los distintos sectores para analizar la medida y encontrar puntos en común.
En tal sentido se manifestó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el jueves pasado, quien si bien señaló que la modificación de la Ley Federal de Pesca "hace que la actividad pueda crecer", aseguró que están abiertos al diálogo con el sector frente a los reclamos que generó esta medida.
"En el caso de la pesca creemos que la actividad está por debajo de su punto óptimo y entendemos que esta apertura hace que efectivamente la actividad pueda crecer", dijo Adorni.
Consultado sobre los reclamos de gobernadores de la Patagonia y del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el portavoz sostuvo: "no creemos que haya pérdida de empleo cuando mismo la propia Ley garantiza que los que ya están operando lo sigan haciendo en las condiciones actuales".
"Gran parte del debate legislativo es precisamente ponernos de acuerdo e intercambiar ideas, y quienes se vean afectados o que sus provincias están afectadas serán parte del diálogo y la discusión", concluyó.
Anteriormente, la canciller Diana Mondino había generado fuerte malestar al señalar que la actividad de la pesca en Argentina no era realizada por argentinos, en un intento de justificar la desregulación económica en el sector.
“No seamos hipócritas, ustedes saben perfectamente que los que pescan no son argentinos”, y cuestionó: “¿Si vienen y te pagan los impuestos y contratan a trabajadores argentinos qué te molesta?”, y que “si hay algo que es de tarado es la pesca”, disparó.
Como era de esperar, las declaraciones generaron una dura polémica y el titular del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, dijo que la funcionaria “debería pedir disculpas por las estupideces que dice y por no saber de lo que habla”.
Luego, en tal sentido, explicó las diferencias con los pesqueros internacionales y el rol de los trabajadores argentinos.
“Esas ciudades de barcos, de las que habla y se argumenta Mondino, son pesqueros internacionales con trabajo esclavo y pretenden sobrepasar la milla 200”, que es la Zona Económica Exclusiva argentina.
Incluso esta semana, los gobernadores de provincias patagónicas rechazaron las modificaciones y en el mismo sentido se pronunció el primer mandatario bonaerense, Axel Kicillof.
Los tres ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas son: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.
En primer lugar, según informó la agencia de noticias Télam, los gobernadores plantearon su preocupación por la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca -Ley 24.922- que obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo nacional.
El segundo aspecto que preocupa a los gobernadores patagónicos tiene que ver con el Artículo 27° del Régimen de Pesca, según el cual para acceder a los distintos cupos de especies se tenía en consideración el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que había generado, entre otros aspectos.
“La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto única
mente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”, advirtieron los mandatarios patagónicos.
Por último, el artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país.
“A partir de ahora, eso no sería obligatorio, teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, y esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”, agregaron los gobernadores.
Kicillof, por su parte, dijo que el Gobierno de la Provincia rechaza tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica “el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones”.
En tanto, Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesquey Congeladores de la Argentina (Capeca), señaló que “es una bomba que va a generar una reacción impresionante”, mientras que el especialista en geopolítica y legislación pesquera, César Llerena aclaró:
“Ningún país desarrollado en el mundo abre su mar a la explotación de sus recursos pesqueros por parte de buques extranjeros. Independientemente del acceso a recursos excedentes que refiere la Convención. Solo Cuba, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y los países africanos, que no tienen desarrollada su flota pesquera como la Argentina, admiten la captura extraña en sus zonas económicas exclusivas”.
Otro aspecto a tener en cuenta fue planteado por el capitán Fernado Morales, presidente de la Liga Nava, en un artículo publicado por Infobae, donde recordó que la Argentina, en sus constantes reclamaciones relacionadas con la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, considera ilegales a todos los buques pesqueros que operan con licencia otorgada por las autoridades coloniales británicas. De hecho, ninguna empresa que opere bajo dicho régimen y al mismo tiempo esté radicada en Argentina puede obtener un permiso de pesca local.
“¿Qué pasaría si al abrirse la pesca a la puja internacional se presentan al amparo de la nueva ley empresas británicas o de otras banderas que se encuenros tran pescando en simultáneo en aguas adyacentes a Malvinas?”, se preguntan desde la Liga Naval.
Según Morales, una de las respuestas a este interrogante la dio un ex funcionario de la Subsecretaría de Pesca de la Nación:
“Sin lugar a duda alguna se podría dar el caso de que un buque acreedor de una cuota para pescar en la ZEEA por haber ganado una licitación internacional pueda hacerlo luego de haber pescado en Malvinas o pueda ir hacia las islas a completar su carga luego de haber pescado dentro de las 200 millas. No podemos imaginar las consecuencias ni la forma en la que se debería actuar porque es algo nunca imaginado hasta ahora. Si eso no es dar por tierra con nuestra soberanía tendremos que replantear el concepto que siempre tuvimos en mente”.
Como se ve, demasiados frentes abiertos deja un proyecto que, a simple vista, en este rubro parece haber sido presentado con demasiada premura y sin los consensos mínimos necesarios, tornando imprescindible una amplia revisión.
Numerosos actores señalan que actividad pesquera nacional desaparecería ante la apertura del mar Argentino.