Absoluciones y polémicas atravesaron el escenario de los juicios durante 2023
El balance principal de los tribunales se centró en el fuero federal, con los casos de los hermanos Vidal Ríos, el exfiscal Cantaro y Juan Ignacio Suris. En el ámbito provincial, muchos debates resonantes los resolvieron jurados populares.
El año que acaba de terminar dejó mucha tela para cortar en el ámbito tribunalicio. La resolución de distintas causas resonantes, en particular en el ámbito federal, abrió polémicas que hoy siguen latentes porque la Cámara de Casación revisa distintos fallos.
Las absoluciones -por razones técnicas- de los hermanos Vidal Ríos y la organización que encabezarían para vender drogas, así como la del exfiscal Alejandro Salvador Cantaro, acusado de encubrir a narcos, provocaron fuerte rechazo social.
Tampoco conformó la condena, después de más de 10 años de un cambiante y agotante proceso judicial, a Juan Ignacio Suris, quien hoy está detenido, tanto por la comercialización de drogas como por comandar una asociación ilícita dedicada a la venta de facturas truchas.
Todos esos debates tuvieron por escenario el Tribunal en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, en Chiclana 402, y resaltaron en la nutrida agenda de 2023 en materia penal.
En el ámbito provincial -Estomba 34-, la mayoría de los juicios de notoriedad pública se resolvieron a través de jurados populares. Y casi todos con fuertes condenas.
Según el orden cronológico, en junio se produjo la absolución del exfiscal Cantaro, a partir de la nulidad que declararon los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco.
El tribunal entendió que la acusación -representada por el fiscal Gabriel González Da Silva- había agravado la calificación legal en el juicio, hecho que motivó una violación del principio de congruencia procesal y del derecho de defensa en juicio.
La fiscalía pedía 7 años por considerarlo no encubridor sino partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por su condición de funcionario público. Ese cambio es el que advirtió el tribunal para disponer la nulidad y la absolución de Cantaro.
Los defensores, Juan Pablo Alonso y Andrés Bouzat, habían alegado que, efectivamente, se violó el principio de congruencia, a raíz de un cambio "radical" en la imputación durante las distintas etapas del proceso.
Según la investigación, Cantaro colaboró con su sobrino Sebastián Gauna San Millán y Facundo Texido, uno de los 8 condenados en 2020 por formar parte de una organización para la venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas y boliches de esta ciudad y Punta Alta.
En la causa consta que, entre marzo de 2017 y abril de 2018, Cantaro "ayudó" a los jóvenes a "eludir la investigación por infracción a la ley 23.737 (drogas)", informándoles sobre su existencia, y no denunció los ilícitos al tomar conocimiento de ellos.
Mientras se espera el dictamen de instancia superior de Casación, Cantaro se jubiló y ahora se dedica a la función particular como abogado penalista.
Sin efecto
En agosto se incrementó el malestar porque pasó algo similar con otro juicio: el de los hermanos Vidal Ríos y otros 12 procesados.
El TOCF -en ese caso integrado por los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José María Triputtiabsolvió a la organización que aparentemente comercializaba drogas, tras considerarse nula la investigación por irregularidades "graves", según el fallo.
Todo comenzó por la declaración de un testigo de identidad reservada, que para las defensas se reveló recién antes del juicio, siendo Adrián Vidal, hijo de Adrián Ángel Ariel Vidal Ríos, uno de los principales sospechosos.
Consideró que se vulneró la prohibición de declarar contra su padre (artículo 242 del Código Procesal Penal de la Nación), pero que a su vez se dieron otras serias falencias en la instrucción.
En principio marcó la primera declaración "secreta" de Vidal hijo, que supuestamente fue el 9 de junio de 2020 en la comisaría Séptima, pero que quedó asentada en una fotocopia, sin firma alguna ni certificación.
El tribunal consideró que eso es nulo y que no pueden excusarse con la cuestión de la pandemia porque el joven se dirigió personalmente a la seccional.
En ese momento, Adrián Vidal dijo que su padre y su tío eran líderes de una organización dedicada a la venta de drogas y que a él lo utilizaban como "dealer".
El acta del 10 de noviembre de 2020 tampoco tenía firma y solo tenía inserto un cargo rubricado por un funcionario de la Fiscalía Federal N° 2, sin sello aclaratorio.
A veces declaró bajo juramento de ley y otras veces no.
Por otra parte, el tribunal destacó que en 2016 se derogó (ley 27.319) la figura del testigo de identidad reservada para casos de narcotráfico y que solo se mantuvo para los de terrorismo.
Sí puede darse una excepción en caso de denunciantes anónimos pero no en situaciones como las que se analizan ahora, de un hijo a un padre.
En el fuero provincial, el Departamento Judicial Bahía Blanca es el que más juicios por jurados hace en toda la provincia.
Largo periplo
La polémica en el ámbito federal volvió a instalarse en noviembre, cuando el