Rebajas del 30% al 50% en las tarifas
La denominada Ley de Zona Fría establece quitas de entre el 30 y el 50% en el pago del importe del gas consumido -en las boletas domiciliarias- y en las garrafas, en distintas regiones del país, entre ellas Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense.
En general, contempla un descuento del 30% para el consumidor final, en el valor del metro cúbico de consumo, de acuerdo al cuadro tarifario vigente.
También establece un descuento del 50% para aquellas personas que perciban la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo; para quienes perciban ingresos mensuales brutos menores a cuatro salarios mínimos vitales y móviles, ya sean trabajadores en relación de dependencia o beneficiarios de pensiones no contributivas; monotributistas sociales, y jubilados y pensionados.
A estos se suman monotributistas inscriptos en categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el salario mínimo, vital y móvil; a quienes perciban seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, y exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.
La cuestión del gas envasado despertó dudas desde un comienzo, porque no se sabía cómo aplicar los descuentos. Se entendía que al pagar la diferencia directamente a las distribuidoras, se buscaba evitar que los valores minoristas se disparasen, más allá del beneficio.
La ley 27.637, promulgada en julio de 2021, dispone la creación del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que tiene el objetivo de financiar tanto las compensaciones tarifarias a usuarios particulares, así como la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas o GLC. En este último caso, nunca se concretó la confección de un registro de usuarios de gas envasado.
El fondo se financia con un recargo sobre el precio del gas natural en boca de pozo, aplicable al volumen comercializado en el país, que no puede superar el 7,5% del precio del gas, lo que genera un impacto mínimo en las facturas de los usuarios, de aproximadamente el 0,5% por factura, en promedio), sin requerir aportes del Tesoro Nacional.