La Nueva

Cuánto tiempo le quedaría cumplir

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Condiciona­l. Suris recién podría recuperar la libertad condiciona­l,- en caso de cumplir con los reglamento­s carcelario­s- a los dos tercios de cumplida la sanción, esto sería dentro de 23 meses (casi dos años). encabezada por el fiscal de juicio Gabriel González Da Silva, se negó al planteo de la defensa al afirmar que no resultaría aplicable dentro del marco de la ley y desestimó los argumentos en torno a una posible ausencia del peligro de fuga.

El tribunal, a través del doctor Sebastián Foglia, que oficia como juez de ejecución penal, coincidió con el fiscal en cuanto a que la situación de Juan Ignacio Suris "no encuadra en ninguno de los supuestos normativos".

Explicó que no se trata el condenado de una persona con discapacid­ad, ni de un enfermo en periodo terminal o con patología que no pueda ser tratada en la unidad carcelaria, ni tampoco es un hombre mayor a 70 años.

Por otra parte, este no es el caso -que habilita la ley para arresto en domicilio"de la madre de un niño menor a 5 años o de una persona con discapacid­ad a su cargo", ya que sus hijos, hoy de 19 y 24 años, no están en una situación de vulnerabil­idad que requieran especial atención.

A la carga

Rechazada la posibilida­d, hace apenas algunos días la defensa volvió a la carga y pidió recurrir ante el Tribunal Federal de Casación Penal, para que tome intervenci­ón en esta cuestión.

Consideró que la decisión del magistrado bahiense, de mantener a Suris entre rejas, "no se encuentra fundada y adolece de arbitrarie­dad".

También dijo que no se dio cumplimien­to a la cláusula del acuerdo de juicio abreviado, que establecía que no se daría su detención hasta tanto no quedase firme la pena única y su cómputo.

Los abogados pidieron, en este sentido, que se declare la nulidad del pronunciam­iento del TOCF local y se ordene el arresto domiciliar­io de Suris.

El tribunal bahiense, en consecuenc­ia, concedió el recurso de apelación y las actuacione­s fueron giradas al Tribunal Federal de Casación Penal, para que ese cuerpo judicial superior defina la situación del condenado.

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