Transporte: “El Estado nacional está asfixiando a las provincias”
Así lo dijo el concejal Daniel Medina, quien elaboró un proyecto tras las reuniones realizadas con los empresarios.
El intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, con parte de su equipo, mantuvo reuniones para abordar la situación del transporte público local, una vez conocido el corte en el envío del Fondo Compensador por parte del gobierno nacional.
En primera instancia, lo hizo con con representantes directivos de las empresas rosaleñas, “cuyo servicio cumple un rol fundamental para los vecinos, ya que sin su funcionamiento muchos se verán obligados a buscar alternativas más costosas para poder trasladarse desde sus hogares y lugares de trabajo”.
“El transporte público no es un privilegio, es un derecho que debe sostenerse con aportes del Gobierno Nacional para no dañar el entramado social de Coronel Rosales”, dijo.
Mientras, junto al Jefe de Gabinete y la presidenta del Concejo Deliberante, Aristimuño hizo lo propio con los titulares de los bloques oficialista y opositores para informar sobre la situación actual del sector.
“Es de vital importancia mantener el diálogo, analizar los posibles escenarios y trabajar mancomunadamente para mitigar en lo más posible, el impacto que las medidas del gobierno nacional tienen sobre nuestros vecinos: empresas, trabajadores y usuarios”.
Sobre el particular, el concejal de Bien ComúnFrente Renovador Daniel Medina dijo que “estamos manifestando una profunda preocupación por la decisión nacional de no coparticipar más del Fondo Compensador del Transporte, que al interior del país le permitía igualar la diferencia que existe en cuanto al acceso de subsidios respecto al área metropolitana”.
Recordó que “este fondo se creó entre el año 2018 y 2019, y fue mantenido por el gobierno posterior al de Mauricio Macri. Y entonces tanto en el gobierno de Macri como en el de Alberto Fernández existía este Fondo y el financiamiento tenía que ver con cargas tributarias que se colocaban sobre el combustible para fomentar el uso del transporte público, una política que se usa en todos los países del mundo, que es fomentar que la gente viaje en transporte público”.
“Esto regía -insistió-, desde 2018 y el gobierno nacional decidió no compensarlo más a las jurisdicciones del interior del país, pero sigue cobrando los impuestos en el combustible que todos pagamos en la estación de servicio”.
“Por lo tanto, queremos saber dónde está la plata y qué están haciendo con ese dinero, además de hacer hincapié en el problema que genera para el interior. Esto puede llegar a provocar que el transporte público en muchos distritos tenga que manejar valores superiores a los 1.000 pesos. Es una situación que realmente nos preocupa: que el Estado nacional se esté retirando de muchas de sus responsabilidades y asfixie a las provincias, con el costo que ello generará sobre todo en el bolsillo de los vecinos”.
Medina recalcó que la medida es retroactiva a enero, "con lo cual la gravedad es mayor aún para las firmas y los usuarios".
Sin argumentos
Medina sostuvo que “hay que el gobierno nacional hizo algo aún más grave porque no eliminó ahora el Fondo Compensatorio, sino que lo hizo retroactivo a la partida de enero, con lo cual no girará lo de enero con una decisión de febrero. El golpe a las empresas, a los municipios y a las provincias del interior es grave”.
Mencionó que “cuando llegaba la SUBE a cada municipio lo hacía con los beneficios e igualaba las diferencias de boleto y de subsidios entre el interior y el área metropolitana. Y hoy se está viviendo un tarifazo inmenso en Buenos Aires y Capital y además al interior se lo castiga con la eliminación de estas partidas de compensación”.
“Es sumamente injusto. No hay un argumentos. Esto no implicaba un costo fiscal al Estado nacional, más que un redireccionamiento de partidas que no sabemos a qué la quieren dedicar. Estamos retrocediendo con un ajuste que afecta particularmente al interior. Son partidas coparticipables no un regalo de dinero”.
“Estamos hablando de algo reconocido por ley, que formó parte del presupuesto 2023 y que fue prorrogado por el presidente Milei. Por tanto, tendría que estar dando, por lo menos, el equivalente al 2023 de estas partidas sin actualización, pero no lo está cumpliendo”, indicó, al tiempo que sostuvo que el “federalismo está en gran riesgo y no estamos hablando de política sino de intereses colectivos. Quienes somos del interior tenemos que defender las partidas coparticipables. No es una cuestión ideológica ni de grietas, no obstante no se pueden quitar recursos reconocidos por la ley”.