Por los despidos, la UOCRA se declaró en estado de alerta y asamblea permanente
La medida también se sintió en nuestra ciudad, donde se organizaron reuniones informativas con los afiliados en las obras.
Como consecuencia de las políticas de ajuste que viene implementando el Gobierno nacional, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se declaró “en estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras, públicas y privadas”, a nivel nacional.
La medida también se sintió en nuestra ciudad, donde la gran mayoría de las obras se suspendieron en distintos momentos, aunque se reanudaron pocos minutos después.
“En Bahía, lo que se hizo fue realizar asambleas informativas en cada una de las obras. Cada delegado explicó la situación que se está viviendo en el sector”, señaló Carlos Boer, secretario general de la delegación bahiense de la UOCRA.
En las obras que no hay delegados (por la cantidad de empleados), se acercaron miembros de comisión directiva para organizar las asambleas.
“Pero las tareas no se pararon. Sólo se paralizaron unos minutos para poner en conocimiento de los trabajadores cuál es la problemática”.
Aunque Boer repitió que Bahía Blanca no sintió tanto el cimbronazo del parate de la obra pública debido a los emprendimientos privados que hay en marcha, también manifestó que se adherirán a toda medida de fuerza que anuncie la conducción nacional el gremio.
“Estamos a la espera de lo que se resuelva a nivel nacional. Obviamente que nos vamos a adherir a lo que se decida”, dijo Boer.
A través de un comunicado, el gremio expuso que “la medida obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la parali- zación de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional”, y la “desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad”.
En ese sentido, también apuntan a “la ausencia de gestión e interlocutores por parte del Ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria”.
Y añadió: “La situación se agrava por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo, ante una inflación sostenida que castiga particularmente a nuestros trabajadores y trabajadoras”.
Sin ir más lejos, el sector revela cifras que dan cuenta del panorama desalentador que atraviesa.
“En los dos últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos, como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución” por parte de la órbita nacional, alertaron.
El gremio de la construcción aclaró que “la obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública”.
Motivo por el cual, consideran “inaceptable” que la administración de Javier Milei “no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de Gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”.
Los números son coincidentes con los que manejan los empresarios nucleados en CAMARCO. A principios de enero declararon al sector en “estado de emergencia” y advirtieron que 1.400 empresas y 200.000 empleos están en riesgo.