Amparos: ¿cuánto crece la judicialización de la salud en nuestra ciudad?
Abogados especializados en la materia y operadores del sistema judicial responden sobre el aumento a partir de posibles recortes de prestaciones o servicios.
No de ahora -con la política de ajuste implementada por el gobierno de Mileisino de antes, la Argentina vive en un permanente aumento de la llamada "judicialización de la salud".
Sin embargo, las medidas adoptadas por el presidente de la Nación, que incluyen una drástica reducción del gasto público y recortes en distintos ámbitos, pusieron un signo de interrogación sobre las prestaciones de salud, en muchos casos impostergables.
En la Cámara Federal de Bahía Blanca, donde recaen este tipo de acciones judiciales, advierten, sin estadísticas a mano, un incremento de presentaciones, aunque en general por recursos "mal deducidos", es decir aquellos que "se apuran" antes de agotar la instancia administrativa.
"De todas maneras, si se compara con el año pasado, no hay un crecimiento en lo que se refiere a planteos por recortes de prestaciones. Notamos sí un mayor aumento de quienes, ante la primera negativa de la obra social, por ejemplo, apelan al amparo judicial", explicó una fuente de ese organismo.
El universo a evaluar en este marco es muy amplio: enfermedades físicas y mentales, obesidad mórbida, asistencia terapéutica, prótesis, problemas de discapacidad y suministro de drogas, especialmente las oncológicas, que son las de más urgente necesidad.
Para la abogada Sofía Laffitte, secretaria del Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados local, en la actualidad se visualiza "una gran problemática" con el Programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que había sido creado para cubrir, a través de subsidios, distintas cuestiones como la compra de medicamentos o insumos médicos de alto costo, para situaciones de salud agudas y/o crónicas de personas en situación de vulnerabilidad social o que no tengan cobertura.
"El programa pertenecía al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y, según anunciaron voceros del Poder Ejecutivo Nacional y se dio a conocer en diferentes medios, entró en proceso de auditoría y se demoraron las entregas. Actualmente fue trasladado al Ministerio de Salud Nacional", explicó la especialista.
Dijo que, en el marco del proceso de auditoría, "pa- cientes del todo el país esperan sus insumos o medicamentos y en algunos casos, corren riesgo de vida".
También destacó otra cuestión que motiva la interposición de "numerosas demandas", que es el aumento de las cuotas de la medicina prepaga, como resultado del decreto 70/23.
"En esas causas se han logrado medidas cautelares que ordenan la suspensión de los aumentos, pero aún no se cuentan con fallos sobre el fondo", dijo la abogada Laffitte.
"Sistema en jaque"
Su colega Fernando Mas reconoció que en lo que va del año están teniendo una gran cantidad de consultas en el estudio y cree que crecerá la "judicialización de la salud".
"Se vienen muchos amparos por salud, especialmente contra prepagas y obras sociales. Y creo que el sistema va a estar en jaque en breve", advirtió.
Mas explicó que "es un tema que rebasa lo judicial y llega a lo social, por la actualización del Programa Médico Obligatorio (PMO) y la falta de cobertura de las entidades".
"Para darte una idea, en nuestro estudio, cada 10 temas que entran en la semana (tres son por amparos de salud, dos de juicios contra aseguradoras por daños, dos por alimentos y el resto variado en otras especializaciones).
Julieta Svartzman, quien forma parte del estudio de Mas y es especialista en la materia, informó que ya están trabajando con diferentes áreas de manera específica por esta judicialización.
Más allá del contexto actual, Laffitte consideró que la "judicialización de la salud" en nuestro país, "con un crecimiento exponencial de los amparos", tiene algunas explicaciones.
"Por un lado podría ser el avance científico y el desarrollo cada vez mayor de medicamentos y productos médicos de alto costo, ese aumento de desarrollo y de precios genera que los agentes del sistema de salud y el Estado tenga la difícil tarea de responder.
"Por el otro, los usuarios del sistema cuentan con derechos que pueden ejercer y
El Programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales presenta problemas con la provisión de medicamentos.