Lejos de la libertad informática
Córdoba y la matrícula para ejercer como programador A diferencia de otras ciudades del mundo, en Córdoba es ilegal ejercer la informática sin título universitario en computación y sin matrícula profesional. ¿Necesita la profesión de una colegiación?
La computadora hogareña era una extravagancia en 1987, cuando un grupo de informáticos accidentales convenció a los legisladores de la provincia de Córdoba de crear el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba (CPCIPC), entregándoles el control respecto a quiénes pueden trabajar en computación.
Según la ley 7.342/87, es ilegal ejercer la informática en Córdoba sin título universitario en computación y matrícula profesional (salvo para el núcleo original del Consejo, quienes carecían de título mientras se erigían en jueces de personas en las mismas condiciones). Una casilla de peaje en una actividad económica en crecimiento rinde frutos. Y el monopolio sobre el asesoramiento para todas las contrataciones informáticas de la provincia, más aún.
Ya entonces, la idea era absurda: equivale, si buscamos una comparación, a restringir el ejercicio de la matemática, de la música, del periodismo o de la cocina, cosas que no todo el mundo sabe hacer pero que cualquiera puede ejercer.
Hoy, tareas muchísimo más complejas que las que eran consideradas “computación” hace 29 años son cotidianas para todo el mundo.
La ubicuidad de las computadoras, sumada a la libre circulación del conocimiento en internet, permitieron que una enorme variedad de personas aprendiera a programar y contribuyera desde su experiencia. El software se ha establecido firmemente como el artefacto cultural característico de nuestra época, y en todo el mundo escribir programas es una habilidad buscada y recompensada.
En todo el mundo, menos en Córdoba. En Córdoba es delito.
Delinquir como salida
Cuando en 1994 regresé de Alemania, donde había trabajado por ocho años desarrollando sistemas de comunicaciones para la industria automotriz, me encontré con que mis opciones laborales eran violar la ley o dedicarme a otra cosa. Como muchos otros cordobeses, preferí delinquir. Al fin y al cabo, quienes lo hacen están en excelente compañía: Richard Stallman, Donald Knuth, Alan Kay, Guido van Rossum, Tim BernersLee… en Córdoba, todos los superstars de la informática serían delincuentes.
Me dediqué al crimen con entusiasmo: trabajé para gente que quiso emplearme, di cursos para gente que quiso aprender, inicié Fundación Vía Libre para difun dir la importancia de preservar la libertad en un mundo informatizado, diseñé en Córdoba la primera impresora 3D producible en pequeñas series de Argentina.
Por 18 años fui una ola delictiva unipersonal, hasta que un gigante de internet me rescató de mi pecaminosa vida y me trajo a Londres donde, como en el resto del mundo, a nadie se le cruza la idea de exigir matrícula para trabajar en informática.
Voto electrónico
CPCIPC interpreta que la ley le permite instalarse como dueño absoluto del discurso informático. Durante 2016, un grupo de programadores independientes investigaron el sistema de voto electrónico propuesto por el Gobierno nacional, dejando a la vista serias amenazas a la integridad del recuento y el secreto del sufragio.
Entre ellos se destacó Javier Smaldone, un excelente programador de Río Cuarto. ¿La reacción del CPCIPC? Amenazarlo con una demanda por ejercicio ilegal de la profesión. No es un caso aislado: la misma amenaza fue blandida en mi contra allá por el año 2000, en un infructuoso intento de impedirme hablar sobre
software libre frente a la Cámara de Diputados de la Nación.
Ese mismo cargo podría aplicarse a Nicolás Wolowick, Daniel Penazzi y Javier Blanco, doctores de FaMAF que advirtieron sobre las mismas amenazas. O a Delia Ferreira, una abogada que demuestra conocer los riesgos de la tecnología mucho mejor que el CPCIPC. O a cualquiera cuya vocación democrática lo impulsara a escribir sobre el tema.
Para evitar problemas con investigadores independientes que por ahí van y descubren algo, la legislatura de la provincia decidió poner a los zorros a cargo del gallinero otorgando al CPCIPC el monopolio de la fiscalización informática de las próximas elecciones, por ley.
La matriculación profesional de informáticos es un bochornoso invento cordobés, inédito en el mundo. Un agravio a la cultura, a la libertad de expresión y de trabajo.
LA IDEA EQUIVALE A RESTRINGIR EL EJERCICIO DELA MATEMÁTICA, DELA MÚSICA, DEL PERIODISMO O DELA COCINA.