Una jueza de Córdoba embarga al Consulado peruano
Es sobre una cuenta del Consulado local, a raíz de un juicio por cobro de honorarios. Especialistas dudan de la competencia de la Justicia provincial para tomar esa medida.
¿Puede un juez provincial de Córdoba embargar las cuentas de un Estado?
Esa es la pregunta de fondo que abre una controversia entre el Poder Judicial local y el Consulado de Perú, entidad a la que la jueza civil María Cordeiro le impuso el embargo de una cuenta bancaria.
Lo hizo a partir del pedido de dos abogados que habían entablado juicio por honorarios contra la representación diplomática.
La decisión fue apelada por el Consulado, que esgrime la falta de competencia de la Justicia provincial para entablar juicio contra una representación extranjera, así como el principio de inembargabilidad sobre esos bienes.
El abogado del Consulado –Raúl Stazzi– señala en su presentación que el artículo 116 de la Constitución Nacional dispone que “corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de (…) las causas que se susciten (…) contra un Estado o ciudadano extranjero”, por lo que rechazan la competencia provincial.
También recuerda que la ley 24.448, de Inmunidad Jurisdiccional de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos, determina que esa condición sólo puede ceder por renuncia expresa o tácita de ellos. Algo que aquí no habría ocurrido. A su vez, dice que esta ley señala algunas excepciones para invocar esa inmunidad, pero ninguna comprendería el “cobro de honorarios”.
De la misma manera, se citan las convenciones de Viena de 1961 y 1963, aprobadas por Argentina y elevadas a la categoría de norma supralegal por la reforma constitucional de 1994, donde se establece la inembargabilidad de bienes de las misiones diplomáticas, entre otros aspectos. te iniciaron una nueva causa por cobro de honorarios a la representación peruana. Esta es la que motivó el embargo.
La jueza Cordeiro –del juzgado de 1ª Civil y Comercial, 6ª Nominación– argumenta que la resolución que ratifica la competencia provincial está firme (es decir, no fue apelada), al igual que la que hace lugar a la ejecución de honorarios, promovida por los abogados Diana Stella Maris y Facundo Astrada.
De todas maneras, la magistrada debe recibir ahora la argumentación de estos letrados para decidir si acepta el pedido del Consulado y levanta la orden de embargo de las cuentas o si todo continúa como está.
Eso se sabría la semana próxima.
Opiniones de peso
Para el especialista Juan Carlos Vega, si bien la cuestión de la inembargabilidad de bienes de otro Estado es vidriosa, no le caben dudas de que “la Corte Suprema es la competencia originaria” en este tipo de casos. Y acude también a la Convención de Viena sobre los tratados internacionales para recordar que, en caso de dudas, la magistrada local debería ceder en beneficio del Consulado. Y más cuando se desprende que de esas cuentas se paga, por ejemplo, el salario de los empleados.
Adriana Silvia Dreyzin de Klor, especialista en Derecho Internacional, concuerda en que un consulado “tiene inmunidad de jurisdicción” y que ese embargo no tendría validez. Acude a las normas ya mencionadas para observar que se trataría de una medida prohibida contra una autoridad extranjera.
Carlos Echegaray, docente de la Facultad de Derecho (UNC), hace una analogía con el embargo de la fragata Libertad: “Los bienes del Estado son inembargables, según la Convención de Viena”, afirma, y señala que “no se puede intervenir si el Estado no lo acepta. Hay inmunidad de ejecución”.