Buscan una salida para las tarifas de las Pyme
El juez Vaca Narvaja hizo lugar a una cautelar de Apyme y retrotrajo al 31 de marzo el cuadro tarifario de ese hidrocarburo. La Nación apelará, pero la intención es definir un esquema de precios accesible.
Si bien el Ministerio de Energía anticipó que apelará el fallo de la Justicia federal de Córdoba, que frenó el aumento de hasta el 500 por ciento en las tarifas de gas natural para las micro, pequeñas y medianas empresas, en la entidad que presentó el amparo –Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme)– y también en medios judiciales se admitió que el objetivo de fondo es forzar que la Nación consensué un cuadro tarifario específico para estos sectores.
Finalmente, ayer a la mañana se conoció la resolución del juez federal Nº 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien hizo lugar a la medida cautelar presentada por Apyme en representación de un colectivo heterogéneo de consumidores del combustible: lo integran “pequeños y medianos industria- les, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines”, expresa la cautelar.
En su pronunciamiento, el magistrado, designado durante el gobierno kirchnerista, dispone que el valor de las tarifas de gas se retrotraiga al cuadro vigente el 31 de marzo pasado, con anterioridad a las resoluciones del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Esas disposiciones del funcionario, primero, elevaron los costos hasta un 1.200 por ciento y, luego, frente a las protestas de los usuarios, determinaron un tope para el aumento del 500 por ciento, también considerado excesivo por Apyme en el amparo efectuado con el patrocinio del abogado Miguel Rodríguez Villafañe.
En ese contexto, Vaca Narvaja ordenó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que obligue a las distribuidoras de todo el país a proceder a la refacturación de los consumos, medida que incluye hasta la posibilidad de pagar en cuatro cuotas los seis meses de consumo de gas que van de abril a septiembre.
Esa vuelta atrás en los costos, sin embargo, tendría apenas 48 horas de vida útil, dado que el Ministerio anticipó a la prensa que apelará la decisión; con lo cual, si el juez Vaca Narvaja otorga efecto suspensivos a esa apelación, la tarifa continuará como está hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
El propio presidente de Apyme, Eduardo Fernández, reconoció que, pese a esta victoria judicial, los usuarios de gas de las categorías definidas en el fallo deberían ser cautelosos ante el avance de la causa hasta que la Cámara de Apelaciones, donde seguro terminará todo el expediente, se expida.
Pero, en forma coincidente, tanto Fernández como fuentes del Palacio de Tribunales admitieron que el objetivo de fondo no pasa por la judicialización de la política energética del macrismo, sino por conseguir que se determine un cuadro tarifario “diferenciado” para el escalón más bajo de consumidores productivos.
“Le dijimos al Gobierno que además de que el cuadro tarifario no atravesó una audiencia pública, también estaba mal hecho el tope del 500 por ciento porque consistía en multiplicar por seis los valores de igual período del año pasado, cuando este año el nivel de actividad es mucho menor”, expuso Fernández ante una consulta de La Voz.
Ayer, en los Tribunales Federales de Córdoba circulaban criterios similares de análisis. “La cautelar de Vaca Narvaja abre un espacio para rediscutir el tema de las tarifas de gas para las Pyme. Además de apelar, el Gobierno debería salir inmediatamente a presentar una propuesta. Quiero creer que ya la tienen”, deslizó una fuente judicial.
cuestionamos las tarifas no por la falla formal, sino por el perjuicio que ocasiona lo desmedido del aumento. Eduardo Fernández, Apyme
En esa línea, Fernández consideró, inclusive, que el nuevo escenario de tarifas podría conseguir que se realice o no una audiencia pública como la que alcanzó a los usuarios residenciales que determinó una suba de 209 por ciento.
“Demostramos el cuadro de situación y la necesidad de encontrar un esquema tarifario razonable”, sintetizó el dirigente.
Con la Justicia parada en ese mismo criterio, será difícil para el Gobierno hacer cualquier otra cosa que no pase por consensuar los precios.