Doña Rosa en los Tribunales
“el que se queja de los aumentos del gas se tiene que dedicar a otra cosa”, dice el dueño de un restaurante de la ciudad de córdoba.
El fallo del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja quedará probablemente anotado entre las inconsistencias que de vez en cuando salen de los Tribunales. El magistrado resolvió que se excluyera de los aumentos de gas a las Pyme (pequeñas y medianas empresas), reconociéndole a una asociación empresarial que incluye ese acrónimo la capacidad de representar judicialmente a un universo que es, como mínimo, ambiguo.
En primer lugar, el juez le reconoció un derecho a algo que no es un sujeto de derecho: “Pyme” no tiene definición legal.
Mucho menos existe la “Pyme” en tanto consumidor de gas. Hay sólo dos definiciones administrativas de “Pyme”. A una la da la Secretaría Pyme de la Nación, que sólo plantea topes de facturación anual en cinco sectores: agropecuario, industrial y minero, comercial, de servicios y de construcción. Todas las que se encuentran por debajo de varias escalas de montos pueden recibir créditos blandos. Con eso se maneja un número reducido de operaciones.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) utiliza ese mismo criterio para definir a las firmas chicas que pueden operar con ciertas ventajas en el mercado de capitales, que son pocas.
En ningún lado se dice nada del gas. ¿Se va a tomar esa categoría? ¿Quién va a controlar la facturación de decenas de miles de negocios? ¿Se va a inventar una nueva categoría? Hay que hacerlo. Si no, no hay a quién darle el beneficio que dictaminó Vaca Narvaja. Es como si los jueces que voltearon la suba del gas residencial hubieran otorgado el beneficio a “los hogares de clase media”.
Además de confundir “productividad” con volumen de producción, el juez hace suyo los argumentos de la entidad amparista. Hay cosas que rayan el absurdo, como pretender que con la medida se protegerá a “productores agropecuarios”. No hay gas en los campos, como se sabe.
Hay otras menos obvias, pero mucho más importantes. El amplísimo universo de representados que se arroga Apyme, y que el juez le reconoce, estalla por todas partes con el consumo de gas.
¿Qué tienen que ver una pequeña fábrica de cerámicos con un comercio chico desde el punto de vista del consumo del gas? Para la primera, es un insumo clave. Para la segunda, es inexistente. Es absurdo meter a los dos casos en una misma acción colectiva.
Otro punto: el juez dice no desconocer que su fallo podría generar dificultades e ir en contra del interés público. En efecto, está el riesgo de desfinanciar al sistema energético o agrandar el déficit de un Estado que, entre otras cosas, este año les aumentará más de 20 por ciento los sueldos al juez y a sus empleados sin que los contribuyentes hayan sido convocados a audiencia alguna. Pero el juez da por hecho que ese daño sería menor que el que podría ocasionar la suba a “las Pyme”.
Demos la palabra al dueño de un restaurante (para el cual el gas es un insumo importante) de tres mil cubiertos al mes en el norte de la ciudad de Córdoba.
“Las facturas de gas del año pasado fluctuaban entre 1.200 y 1.500 pesos bimestrales; en mayo, con el aumento, me llegaron 7.000 pesos y en julio, 6.900. Eso se factura en un día malo. Personalmente, pienso que el que se queja de los aumentos se tiene que dedicar a otra cosa”, dice el empresario.
Lo que paga un restaurante por dos meses de gas, después del “tarifazo”, apenas supera la mitad del sueldo de un mes de un solo mozo. Sin extras ni antigüedad, en la categoría más baja de todas, sin feriados trabajados, el acuerdo de los gastronómicos marca 11.098,52 pesos al día de hoy.
O sea: el costo del gas en Argentina es ridículamente bajo, excepto para los más de 13 millones de argentinos que no gozan de él porque el congelamiento de tarifas frenó la expansión de la red. Raro que eso no moleste a tanta gente preocupada por la equidad. El hecho es que, para el que lo tiene, el gas es casi gratis. Y no importa lo que diga doña Rosa.