La paz social que todos van a pagar
ALGUNOS INTEGRANTES DE LA MESA CHICA DEL GOBIERNO NO CONFíAN EN QUE EL NIVEL DE CONFLICTIVIDAD VAYA EN DESCENSO.
Con el previsible acuerdo alcanzado el miércoles en la mesa tripartita que reunió al Gobierno, a la CGT y a entidades empresariales, el presidente Mauricio Macri se ilusionó con un final de año de baja conflictividad social y un nuevo estiramiento de los plazos de tolerancia de los que aún dispone su gestión.
La realidad, sin embargo, le tiene reservados algunos obstáculos. En principio, el bono compensatorio por la pérdida de valor adquisitivo de los salarios a causa de la inflación no sólo no alcanza para solucionar los problemas, sino que va a crear otros que podrían derivar en situaciones irritativas.
Con mayores o menores dificultades, y en algunos casos hasta con financiamiento crediticio, las empresas del sector privado van a terminar cumpliendo con lo acordado. La perspectiva no es la misma para los tres niveles del Estado, con municipalidades o provincias deficitarias. Lo singular es que será la Nación la que recibirá la mayor demanda por parte de sus empleados y subsidiados.
Por lo pronto, las dos CTA, conducidas por Hugo Yasky y Pablo Micheli, antes de conocer detalles de la implementación del bono, ya habían declarado una jornada nacional de protesta para la primera quincena de noviembre. Entre ambos, concentran como afiliados a gran parte del kirchnerismo más intransigente y a la izquierda sindical.
El otro sector que se propone cargar de preocupación al Gobierno es el de los movimientos sociales, engrosados por esa inmensa legión de beneficiarios de planes de ayuda que reclaman igual trato que los trabajadores formales.
En la agenda gubernamental sigue pendiente la negociación con esas agrupaciones que son determinantes para el mantenimiento de la paz callejera durante fin de año. La imagen de los saqueos a supermercados y desbordes policiales para esa época todavía sigue siendo fuerte en la memoria colectiva.
La resistencia
Lo que la Casa Rosada exhibe como un éxito de la negociación para impedir un paro general alentado por la CGT no pudo en cambio evitar un principio de ruptura dentro de la recién unificada central obrera.
Los gremios más enfrentados con el Gobierno –por caso, camioneros o bancarios– hicieron saber que seguirán muy atentos a la implementación del bono con piso de dos mil pesos, al que consideran insuficiente, y se preparan para aplicar medidas de fuerza sectoriales. Al menos esas dos organizaciones no descartan sumarse a la jornada de protesta dispuesta por las CTA.
Funcionarios del Ministerio de Trabajo están convencidos de que la actitud de Pablo Moyano de cuestionar todos los acuerdos alcanzados en la mesa tripartita obedece a una estrategia de su padre Hugo para condicionar su relación con Macri. Estarían en juego otros intereses que nada tienen que ver con los trabajadores, y uno de ellos sería la situación que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino, donde el camionero tiene aspiraciones de conducción.
Con este panorama de tranquilidad inestable por delante, algunos integrantes de la mesa chica del Gobierno no confían en que el nivel de conflictividad vaya en descenso, al ritmo de la menor inflación o de índices económicos positivos. No lo hacen porque advierten de que detrás de cada reclamo o protesta está la mano del resentimiento kirchnerista.
Observan que, de manera especial en las redes sociales, la expresidenta Cristina Fernández, personajes como Aníbal Fernández y militantes de La Cámpora mantienen una actitud de resistencia a cualquier medida que anuncie o implemente el oficialismo.
No es otra cosa que la vigencia de la grieta entre los nostálgicos simpatizantes del gobierno kirchnerista y quienes apuntan a la superación de esa etapa para transitar hacia las nuevas expectativas que votó el pueblo hace menos de un año.
La intriga
Además del demorado despegue económico, la Justicia sigue en el centro de la escena. A la batalla que libra el oficialismo para apartar de sus funciones a la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, se ha agregado en las últimas semanas cierta parálisis en las causas resonantes que apuntan a los hechos de corrupción protagonizados por exfuncionarios.
Desde la asunción del gobierno macrista llamó la atención la hiperactividad desarrollada por varios jueces y fiscales, que parecieron despertar de una larga siesta. La quietud que ahora vuelve a observarse es motivo de curiosidad tanto en el Gobierno como en otros sectores que se preguntan qué pasa.
La explicación que se escucha en Tribunales es casi técnica y no política. Dicen que, luego de un agitado período de fuerte exposición mediática en el que debieron reunirse las pruebas, jueces y fiscales deben ahora hacer el trabajo interno de evaluación y resolver los expedientes.
Resulta entendible esa explicación en casos cuyas denuncias surgieron tras el cambio de gobierno, pero no sería válida para causas como las que involucran al exvicepresidente Amado Boudou y que vienen tramitándose desde hace bastante tiempo.
Lo cierto es que la actitud de algunos jueces está bajo sospecha de quienes imaginan conspiraciones relacionadas con la negociación política. Son los que, sin evidencias claras para mostrar, imaginan que detrás de bambalinas se está tejiendo una red de protección a la expresidenta para que no vaya presa, y que dentro de esa trama estaría también la mano del Vaticano.
Todo esto ocurre cuando las fuerzas políticas ya han comenzado a pensar en el armado para las elecciones del año próximo y cuando la llegada del voto electrónico para todo el país avanza en el Congreso.