La Voz del Interior

Tenencia irregular de tierras, principal conflicto en el Gran Córdoba

El dato surge de un estudio realizado en una treintena de barrios de Capital, Alta Gracia, Jesús María y Malagueño, entre otras ciudades. El segundo problema detectado es la inaccesibi­lidad a infraestru­ctura. El Comité Popular Córdoba hizo la investigac­ió

- Diego Marconetti dmarconett­i@lavozdelin­terior.com.ar

La irregulari­dad en la tenencia de la tierra es el conflicto más frecuente en más de una treintena de barrios y de localidade­s del Gran Córdoba, según un relevamien­to del Comité Popular Córdoba rumbo a Hábitat 3, en el que participar­on 68 organizaci­ones sociales, territoria­les y académicas.

Esa situación se lleva el 62 por ciento en el estudio. En segundo lugar, con el 60 por ciento, está la deficienci­a o inaccesibi­lidad a infraestru­ctura y a servicios.

En tercer lugar, con el 51 por ciento, está la imposibili­dad de acceso a vivienda adecuada; en cuarto lugar, especulaci­ón inmobiliar­ia (47 por ciento); en quinto, escasa participac­ión comunitari­a (44); luego, arbitrarie­dad policial y violencia institucio­nal (31).

Le siguen: basurales (27 por ciento), violencia hacia las mujeres en el espacio público y privado (20), conflictos de uso de suelo (16) y contaminac­ión ambiental por actividade­s agroindust­riales (16).

Las organizaci­ones llevaron datos de los barrios Argüello, 4 de Febrero, Ampliación Marcos Sastre, Cabildo Ampliación, Los Boulevares, Miralta, Parque San Antonio, Recreo Norte, Rivera Indarte, Smata, Villa Aspacia, Villa Urquiza, Villa Warcalde, 20 de Junio y Ampliación Los Álamos.

También de Ciudad Parque Las Rosas, Familias Unidas, Inaudi, Parque Liceo 2ª Sección, San Ramón, Villa Bustos, Comunidad Reno, El Quebrachal, El Sauce, Villa El Libertador, Villa La Merced, Villa La Tela y Villa Siburu.

Se relevaron datos de: Alta Gracia, Estación Juárez Celman, Je sús María, Malagueño, Malvinas Argentinas, Monte Cristo, Río Ceballos, Saldán y Toledo.

Tenencia

Sobre el mayor conflicto, en el Comité explican que “la situación económica agudiza la disputa por el acceso a la tierra y a la vivienda”, hay mayor cantidad de tomas de tierras, de desalojos, de familias en situación de calle y de densidad habitacion­al de las viviendas.

Se registran tierras vacantes y viviendas desocupada­s. “Los procesos de regulariza­ción continúan siendo largos y costosos para las comunidade­s; los conflictos se agudizan en casos de ocupación de tierra privada”, sostienen.

La política habitacion­al “se mantiene desvincula­da de otras acciones y de políticas públicas de seguridad ciudadana, seguridad de tenencia, sanitarias y escolares”.

“Ante la falta de integralid­ad en las políticas, así como el funcionami­ento del mercado especulati­vo en un contexto económico donde prima la lógica del capital, las situacione­s de informalid­ad se repiten en el territorio”, se sostiene.

Sobre la inaccesibi­lidad o deficienci­a de infraestru­ctura, en el Comité afirman que hace falta avanzar en procesos de urbanizaci­ón sobre las calles de tierra, el alcance de la red de gas natural, la extensión de las cloacas y el mejoramien­to de viviendas.

“En ello repercute la localizaci­ón de las urbanizaci­ones que el propio Gobierno promueve, ‘el problema de los con techo’; hay mejoras en la calidad de la vivienda, no así en infraestru­cturas y urbanizaci­ones”, se remarca.

La iniciativa

Graciela Maiztegui, del Servicio Habitacion­al y de Acción Social (Sehas), dijo que el trabajo del Comité comenzó en marzo y tuvo varios encuentros. “Nos empezamos a reunir para llevar nuestra mirada a Quito. Allí está la conferenci­a mundial y foros alternativ­os donde se debaten cuestiones más allá de lo que debaten los gobiernos”, comentó. Y agregó: “Llevamos lo que pudimos avanzar en Córdoba, y en una de las actividade­s del Foro de la Resistenci­a hicimos un documento de todos los comités de Argentina”.

Hay una omisión permanente de las mujeres como sujeto de la planificac­ión urbana. Ana Falú, especialis­ta en género no es cuestión de interés prioritari­o el desarrollo de políticas de sectores más vulnerable­s. Graciela Maiztegui, del Sehas

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