La Voz del Interior

Gasoductos y deuda

El legislador juecista cuestionó la toma de deuda para afrontar un tercio de la obra. Se trata de la parte correspond­iente a la empresa brasileña Odebrecht, acusada de corrupción.

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El legislador juecista Juan Pablo Quinteros cuestionó la toma de deuda para afrontar un tercio de la obra de los gasoductos.

Se trata de la parte correspond­iente a la empresa constructo­ra Odebrecht, acusada de corrupción en Brasil.

La necesidad de financiami­ento externo para la obra de los gasoductos troncales en la provincia llevó al legislador del Frente Cívico, integrante del Bloque Cambiemos, Juan Pablo Quinteros, a denunciar que “todo esto deja en evidencia, una vez más, la enorme y permanente red de negocios que siempre vincularon a UPC (la coalición gobernante Unión por Córdoba) con el gobierno K”.

Quinteros cuestionó al ministro de Inversión y Financiami­ento, Ricardo Sosa, porque “manifestó sorpresa y molestia por la decisión de la Administra­ción Nacional de Seguridad Social (Anses) de exigir una tasa del 7,5 por ciento en la colocación del bono que la Provincia salió a ofrecer para el financiami­ento de la obra de los gasoductos troncales”.

Contrastó que “el mismo gobierno de Unión por Córdoba suscribió, allá por 2011, en pleno apogeo kirchneris­ta, un ‘contrato de préstamo’ con la misma Anses, por 565 millones de dólares para el financiami­ento de la construcci­ón de la Central Pilar a una tasa del 12,5 anual en dólares con un plazo de pago de 8 años”.

También aseguró que “la central Pilar fue quizás el ícono de esta matriz de corrupción del gobierno nacional imitada por el delasotism­o cordobés. La Usina fue parida y gestada por el acuerdo de un negociado entre el entonces todopodero­so ministro de Planificac­ión K, Julio De Vido, y el exgobernad­or José Manuel De la Sota”.

Sobre los gasoductos, Quinteros recordó que cuando se aprobó la ley de los gasoductos troncales, el Gobierno dijo que las empresas adjudicata­rias venían con financiami­ento propio. Luego tomó deuda por 260 millones de dólares para el tercio de la obra que correspond­e a la brasileña Odebrecht, a la cual, por “la crisis de corrupción en la que está inmersa, se le dificulta conseguir crédito”.

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