Para creer sólo cuando se haga la mudanza

Desde noviembre de 2014, cuando la Municipalidad de Córdoba realizó la “clausura definitiva” – que ahora no es tal– de la planta de dióxido de uranio de Dioxitek, se podía deducir lo que finalmente sucederá en las próximas semanas: hasta que no haya otra fábrica para ese insumo, las instalaciones de Alta Córdoba son indispensables.

Es que sin el dióxido no se pueden fabricar los tubos de combustible que utilizan las centrales nucleares argentinas. Hoy están activas Atucha I y II, ya que Embalse está siendo repotenciada.

A finales de 2015, desde la empresa habían advertido que se contaba con un stock limitado y que el material no puede ser importado, ya que se produce “a medida” de los reactores nacionales.

En mayo pasado, el Ministerio de Energía de la Nación dijo públicamente que quería reactivar la producción en Alta Córdoba, ya que advertía que todavía restaban al menos dos años para terminar la planta de Formosa.

El final de la historia, entonces, estaba cantado. Sólo restaba que se materializara de manera tal que no parezca una marcha atrás, sino un poco más de espera.

Se podría pensar que el acuerdo en la Justicia es una salida elegante a una situación que era insostenible, debido a que era imposible pensar que se paralizaran las centrales nucleares por una decisión de la Municipalidad de Córdoba.

Ahora, hay que volver a esperar que la Nación cumpla el compromiso. Y la desconfianza está totalmente justificada en los antecedentes de acuerdos parecidos y que no se cumplieron. El primero, hace ya 23 años.

Sólo será creíble cuando se inaugure la planta en la provincia de Formosa y se cuelgue el cartel de “cerrado” en la de Alta Córdoba.