Nuestro gran problema cultural
Ocho de cada 10 ciudadanos entienden que Argentina es un país donde se vive por fuera de la ley la mayor parte del tiempo. En principio, es un juicio descriptivo, no valorativo: somos así, desobedientes, transgresores.
Con todo, llegado el caso, no hay una fuerte valoración negativa de esa característica tan nuestra. Por el contrario, vale pensar en un aval subjetivo importante, ya que casi la mitad de la población se cree por encima de las normas y se manifiesta dispuesta a violar la ley cuando considere que tiene la razón.
Los datos surgen de la segunda encuesta sobre cultura institucional que realizaron la consultora Poliarquía y el organismo intergubernamental Ideas. En términos generales, se confirman los relevados en la primera investigación, fechada en 2004. El grave cuadro de situación que componen, entonces, no es nuevo.
El estudio permite asomarnos al histórico problema cultural que enfrenta nuestra sociedad: más de un 70 por ciento afirma que no hay un consenso sobre lo que está bien y lo que está mal, y casi el 50% sostiene que su razón es más importante que la norma.
Así las cosas, la famosa “viveza criolla” hasta puede ser calificada como un arma defensiva: ante el conflicto, uno viola la norma antes de que lo haga el otro. No lo hace necesariamente para beneficiarse, sino para reducir los daños.
Por supuesto, en la situación de conflicto, la ley debiera obrar de hecho como árbitro. Un semáforo detiene a unos vehículos para darles el paso a otros, sin necesidad de considerar cuestiones personales de los conductores. Y les concede el mismo tiempo para circular a cada grupo de automovilistas. Sin embargo, el argentino promedio aplaude a la luz verde mientras reniega y desobedece a la luz roja.
La ley es dictada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo y administrada por el Poder Judicial. Son los tres máximos poderes del Estado. Pues bien, el sondeo señala que el grado de confianza en las instituciones es muy bajo: de 0 a 10, los dos poderes políticos reciben una nota de 4,67; y la Corte Suprema de Justicia, apenas un 4,75.
A los jueces les va mucho peor: el 60 por ciento cree que son poco y nada independientes, y el 85 por ciento sostiene que la Justicia actúa de acuerdo con el dinero y con el grado de influencia que tienen las personas juzgadas.
¿A qué tipo de desarrollo económico y de vida social armónica puede aspirar una sociedad semejante? A ninguno.
Donde se degrada la ley, impera la desconfianza. Y esta fomenta el individualismo, no la cooperación. Mientras no modifiquemos este cuadro de situación, no tendremos futuro.