La “Justicia Legítima” de Unión por Córdoba
La feria de enero lejos de llenar de silencio a los Tribunales provinciales los pobló de sonoros ruidos de alto impacto político.
Una sucesión de episodios, algunos que vienen desde hace tiempo y otros que estallaron en los últimos días del año pasado y los primeros del actual, han alterado la parsimonia estival en la Justicia cordobesa, en uno de sus momentos de mayor subordinación al poder político.
Esta semana fue oportuna para recordar que, mientras en toda la región se activan causas judiciales por las confesas coimas que la empresa Odebrecht pagó a lo largo y ancho del continente, en Córdoba no se libró ni siquiera un exhorto para saber de qué estaban hablando los financistas brasileños que, en 2015, incluyeron a los gasoductos de esta provincia entre las obras gestionadas a través de pagos ilegales.
Con fiscales y jueces locales a su servicio y disposición, Juan Schiaretti logró abrazar a Mauricio Macri en la habilitación de una pequeña obra de uno de los gasoductos que construirá Odebrecht; y en el día más propicio, ya que fue cuando se conoció que un funcionario de la más estrecha confianza del Presidente aparece mencionado en el supuesto cobro de coimas de la empresa brasileña.
El enésimo abrazo acota, también por enésima vez, el margen de maniobra de Cambiemos Córdoba para enfrentar a Schiaretti. Es más, un legislador mestrista se quejaba por redes sociales, a la misma hora del acto en La Calera, de que la Justicia de Córdoba no investigaba al gobernador, y hace pocas semanas él mismo levantó la mano para premiar a uno de los fiscales que no indaga en la corrupción, Gustavo Hidalgo, con el ascenso a juez.
Los Tribunales provinciales vienen tan sacudidos que el acta de designación de la titular del cuerpo, Aída Tarditti, por primera vez en muchos años no salió por unanimidad.
En los últimos tiempos se han producido designaciones en altas esferas judiciales de personas que no ocultan su papel de operadores del gobernante peronismo.
Es más, en los pasillos tribunalicios más de uno comenta que actúan –sin constituirse como agrupación– al estilo de la Justicia Legítima del kirchnerismo.
El banquete
Sobre el cierre del año pasado se produjo un suceso de alto impacto que involucra a uno de los miembros del Tribunal Superior. Sebastián López Peña se encontraba entre los asistentes de la fiesta de Cofico en la que estuvieron empresarios, funcionarios, políticos, abogados y camaristas federales, que culminó abruptamente por el asalto de un grupo comando en el que habría participado el subcomisario de Villa Allende, Víctor Barrionuevo.
El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa, no sólo ha puesto la mira en la banda asaltante sino también en conocer minuciosamente la lista de asistentes y el monto real de lo sustraído. Parece que el fiscal duda de ambas cosas. De que los concurrentes informados fuesen realmente esos y de que el botín haya sido mayor al declarado.
Uno de los invitados más sugestivos, que no figura en el parte oficial de los asaltados, es el empresario Hermann Karsten, vinculado a la empresa Kolektor, a cargo de la recaudación provincial.
Un abogado que, horas después del asalto, mandó un mensaje de WhatsApp a sus contactos narrando los hechos y mencionando a Karsten entre los que terminaron debajo de la mesa apuntados por pistolas de ladrones policías, hizo declaraciones radiales esta semana diciendo que no se acuer- da muy bien de quiénes estaban.
Semejante misterio y contradicciones no hacen más que ahondar sospechas, alentadas por una serie de llamadas de asistentes y sus operadores preguntando hasta cuándo se mantendrá el resonante asalto en agenda.
La preocupación también agiganta las suspicacias.
La subordinación de La justicia provinciaL aL poder se acentúa, junto con ruidos internos en tribunaLes.